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Muerte digna Madrid aprueba la ley para garantizar una muerte digna

Este texto reconoce, entre otros, el derecho de los pacientes de rechazar tratamientos que alarguen la vida artificialmente. A nivel estatal aún no existe una ley común. 

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Madrid aprueba la ley para garantizar una muerte digna / EFE

La Asamblea de Madrid aprobará este jueves por la tarde por uninamidad el proyecto de ley para garantizar la muerte digna. Con este texto, propuesto por el PSOE en julio pasado, Madrid se suma a comunidades autónomas como Galicia, País Vasco o Andalucía, pionera en aprobar una ley de estas características. 

Esta ley supone un paso más hacia el reconocimiento por ley de los derechos de los pacientes en este ámbito, así como los deberes de los profesionales sanitarios. A continuación, respondemos algunas preguntas sobre lo que supone la aprobación de esta ley. 

¿Qué derechos regula esta ley en la Comunidad de Madrid?

La ley madrileña sobre muerte digna reconoce ciertos derechos y deberes a pacientes y profesionales. Para los primeros esta ley garantiza seguridad jurídica en la toma de las decisiones en torno a este tema. Para los segundos, el texto les obliga a cumplir con los deseos y voluntades del paciente: no hay espacio para la objeción de conciencia. 

Los pacientes también tienen derecho a una muerte en su casa con paliativos y a estar en una habitación individual de hospital. Además, se contempla el derecho a estar informado en todo momento y también el derecho a no estarlo. Los pacientes pueden negarse a recibir un tratamiento que alargue la vida artificialmente.  

Además, tanto pacientes como familiares podrán contar con psicólogos y trabajadores sociales que los acompañarán. También, el texto recoge la posibilidad de hacer el testamento vital en hospitales y centros de salud. 

¿Cuál es la situación normativa en otras comunidades?

Con la ley que se aprueba este jueves, Madrid se suma a varias comunidades que cuentan también con un texto propio a este respecto. Andalucía fue pionera al aprobar en 2010 una ley que permite a los pacientes rechazar cualquier tratamiento que alargue su vida. Galicia, País Vasco, Aragón, Baleares, Canarias y Asturias, la última en incorporarse el año pasado, cuentan también con leyes concretas sobre la muerte digna.

Por su parte, Catalunya aprobó el 26 de enero una moción que despenaliza la eutanasia e insta al congreso a modificar el Código Penal para despenalizar la ayuda al suicidio. También se insta al Gobierno de Catalunya a avanzar con medidas en esta dirección. 

El resto de comunidades, aún no tienen una ley propia, aunque cuentan con registros de voluntades anticipadas. Esta situación genera desigualdad territorial en unos casos y otros, dependiendo de la comunidad en la que se encuentren los pacientes, según señalan las comunidades que defienden la muerte digna, como la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente

¿Y a nivel estatal?

Es precisamente por esta situación de desigualdad por lo que distintas organizaciones reclaman una ley estatal que reconozca el derecho de las personas a morir dignamente. Actualmente, no hay una ley que lo regule en todo el país, aunque se están dando pasos en el proceso de despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido, así como en la redacción de una ley estatal. En este sentido, el grupo de Unidos Podemos en el Congreso y las confluencias, así como PSOE y Cuidadanos han presentado en el Congreso de los Diputados sendos proyectos de ley orgánica sobre la eutanasia.