Las oficinas atiokupas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla y León han recibido una media de 20 llamadas por provincia desde que se inauguraron el pasado mes de mayo. Cifras que concuerdan con la baja tasa de viviendas ocupadas en esta comunidad —que apenas supera una por cada 10.000 domicilios, según datos oficiales—, pese a la insistencia de la derecha y la extrema derecha en generar un clima de alarmismo social.

De hecho, en Soria este nuevo servicio no ha atendido ni una sola petición telefónica. Así lo han afirmado la directora general de Vivienda de la Junta, María Pardo, y la delegada provincial, Yolanda de Gregorio, durante la presentación de estas instancias este miércoles, tal y como ha recogido SoriaNoticias.com.

En el encuentro, las responsables también han informado de las 800 consultas que se han realizado a través de la página web, "siendo en muchos casos preguntas preventivas". Un baño de realidad que, si se mantiene a largo plazo, podría poner en cuestión la utilidad de este servicio. 

Un juzgado multa a Desokupa

La alerta sobre la ocupación de viviendas no llega solo desde las instituciones, sino también por parte de organizaciones como Desokupa, la empresa de Daniel Esteve que se dedica a hacer desalojos extrajudiciales bajo coacciones e intimidación.

Unos métodos que han sido cuestionados y denunciados por una parte de la opinión pública, que duda sobre su legalidad. De hecho, la semana pasada el juzgado de primera instancia número 42 de Barcelona condenó a la empresa por grabación a inquilinos con impagos y difundir el contenido en las redes sociales.

En este caso, ante la demanda de un activista por el derecho a la vivienda, la Justicia ha determinado que "se ha vulnerado el derecho a la propia imagen" y ha condenado a Desokupa "a pagar 5.899 euros al afectado", como ha detallado el diario catalán Nació.

Aunque esta sentencia no es firme y puede recurrirse, supone un primer paso en la penalización del funcionamiento de la compañía ultra. Justamente, también este miércoles la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación por delitos de odio al líder de Desokupa.