Publicado: 20.05.2014 12:35 |Actualizado: 20.05.2014 12:35

Pedraz no archiva la causa sobre el genocido maya en Guatemala y el asalto a la Embajada de España

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se ha negado a archivar la causa en la que investiga el genocido de la población maya provocado por el Ejército de Guatemala entre los años 1978 y 1984, que dejó más de 250.000 víctimas, y el asalto a la Embajada de España en el país, que causó 36 muertos, a pesar de la limitación de la jurisdicción universal aprobada por el Congreso en febrero pasado.

En un auto dictado este martes, Pedraz señala que la Audiencia Nacional tiene "jurisdicción" para investigar estos hechos porque se trata de "delitos de terrorismo" que además serían "conexos" a otros de genocidio, lesa humanidad, torturas, asesinato, crímenes de género y detenciones ilegales.

El magistrado argumenta que, de acuerdo con la reforma del artículo 23.4 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que limita la aplicación de la justicia universal, únicamente cabría mantener la investigación por el delito de terrorismo al haber víctimas españolas aunque señala que el título de jurisdicción universal debe ampliarse al resto de delitos porque "de otra forma se rompería la denominada continencia de la causa" al ser "imposible" juzgarlos por separado.

Pedraz, que también se ha negado a archivar la causa en la que se investiga la muerte del cámara José Couso en Irak en 2003, convierte las actuaciones en sumario y acuerda continuar con la investigación, que se abrió en 1999 a partir de una denuncia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu y fue ratificada por el Tribunal Constitucional en octubre de 2005.

Como nueva diligencia, además, acuerda librar una comisión rogatoria al país centroamericano para saber si han existido procedimientos judiciales "con las debidas garantías" y de acuerdo con el Derecho Internacional sobre estos hechos. Cuando reciba la contestación de Guatemala, el juez decidirá si eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo para que lo compruebe, tal y como establece la reforma judicial.

"Aun cuando consta en la causa que en Guatemala se han seguido procedimientos por hechos relacionados con los que aquí se instruyen, lo cierto es que los mismos presuntamente no han llegado a buen fin, sin que además se sepa el alcance de cada uno", señala el magistrado.

De la misma forma, entiende que ahora mismo no procede plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la reforma, como pidieron algunas de las partes personadas, al ser "factible" la continuación de la causa por todos los delitos investigados y no proceder el archivo.

El genocidio contra el pueblo maya provocó más de 250.000 víctimas, de las que más de 45.000 siguen hoy desaparecidas, después de que el Ejército gutemalteco arrasara las aldeas de la población maya y llevara a cabo un plan sistemático de torturas y asesinatos.

En julio de 2011 el juez admitió una ampliación de la querella inicial para investigar también crímenes de género contra mujeres como violaciones, esterilizaciones forzadas y la esclavitud sexual. A partir de los testimonios de dos expertas internacionales en violencia de género, se cree que entre 1960 y 1996 los agentes del Estado guatemalteco pudieron cometer al menos 1.465 violaciones, el 35 por ciento de ellas a mujeres de menos de 17 años.

En el asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala, que se produjo el 31 de enero de 1980, murieron los españoles Jaime Ruiz del Árbol, Luis Felipe Sanz Martínez y María Teresa Vázquez de Villa, mientras que el propio embajador sufrió heridas de consideración. La investigación también se amplía a la muerte de otros cuatro sacerdotes españoles, asesinados por el Ejército guatemalteco en los años 1980 y 1981.