Publicado: 29.01.2014 10:41 |Actualizado: 29.01.2014 10:41

El PP se escuda en la prima de riesgo para tumbar la ley antidesahucios de Andalucía

  • La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, sale en defensa de la ley de Vivienda y asegura que el recurso impuesto por el Gobierno de Rajoy es "un golpe institucional contra la autonomí

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El recurso ante el Tribunal Constitucional que planteó el PP contra la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda sostiene que esta legislación debe anularse porque provoca incrementos de la prima de riesgo y "compromete gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español. El Gobierno del PP alega que, "si cediera el derecho a favor de su función social", en alusión a la norma andaluza, "desaparecería la propiedad privada". 

En respuesta al recurso, que ha colgado la Junta de Andalucía en su página web, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha afirmado este míercoles que el texto del recurso de inconstitucionalidad promovido Mariano Rajoy contra la ley es "una catarata de ideología neoliberal, basada en el discurso del miedo" y está "destinado a negar a las instituciones andaluzas el derecho a aprobar leyes con impacto económico en defensa de los trabajadores".

El Tribunal Constitucional suspendió el 16 de enero de forma cautelar la ley andaluza al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno, han informado fuentes del tribunal. La ley andaluza recurrida fue aprobada el pasado 1 de octubre y derogó el decreto ley de Andalucía de abril sobre este mismo asunto y que, en su momento, ya fue objeto de otro recurso de inconstitucionalidad, que también supuso su suspensión cautelar. 

El PP alega que "si cediera el derecho a favor de su función social desaparecería la propiedad privada""Donde deberían estar los fundamentos de derecho del recurso sólo hay un discurso político neoliberal de defensa de la banca a toda costa, según el cual el cumplimiento del derecho humano a la vivienda en Andalucía es incompatible con la recuperación económica y la bajada de la prima de riesgo", ha señalado Cortés, que ha afirmado que conocer "la letra concreta" del recurso confirma que el mismo supone "un golpe institucional contra la autonomía andaluza para imponer a Andalucía un camino político contrario a la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos".

La Consejería de Fomento y Vivienda ha hecho público el recurso, cuya admisión a trámite fue notificada a la Junta el 22 de enero por el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos. En dicha notificación, el TC comunica que "por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución", lo que produce la suspensión cautelar inmediata y sin entrar en el fondo de la vigencia de los preceptos impugnados, que básicamente son la creación de la figura de vivienda vacía, la potestad de sancionar a personas jurídicas por mantener inmuebles deshabitados durante más de seis meses a lo largo de un año y la expropiación del uso de viviendas para evitar desahucios de familias en exclusión social.

Cortés recuerda que la Ley de Vivienda catalana contiene preceptos similares a los recurridos en la norma andaluza

Cortés ha recordado que la Ley del Derecho a la Vivienda en Catalunya de 2007 contiene preceptos similares a los recurridos en la norma andaluza, sin que se haya producido durante su aplicación vulneración alguna de derechos, y sin que se presentase contra la misma recurso de inconstitucionalidad por parte del PP a través de 50 de sus diputados. "Hay un trato claramente discriminatorio hacia Andalucía", ha afirmado Cortés, ya que la Ley catalana "también establece y delimita la función social de la vivienda y fija infracciones para quienes la incumplan". "¿Por qué se le niegan a Andalucía estas potestades?", ha preguntado.

"El recurso se basa en elucubraciones descabelladas e hipótesis ya refutadas por los hechos según las cuales la Ley andaluza provocaría el colapso de la economía española", ha señalado Cortés. Así, el recurso señala, en sus Fundamentos de Derecho, que la Ley "tiene la virtualidad de poner en verdadero peligro [...] la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito [...] para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país y comenzar una senda de crecimiento económico". El Gobierno también sostiene en el recurso que "no cabe duda de que las medidas adoptadas por Andalucía a través de los preceptos impugnados comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español".

"Contravenir los dictados de la Troika podrá gustar más o menos, pero no es inconstitucional" Cortés ha destacado que, en sus algo más de tres meses en vigor, la Ley ha protegido el derecho a la vivienda de todas las personas incursas en proceso de desahucio en Andalucía, "y ello mientras bajaba la prima de riesgo, como el Gobierno se encarga de repetir a diario, y sin que se haya interrumpido, que se sepa, ese proceso de reestructuración pagado con multimillonarias cantidades de dinero público".

También en los Fundamentos de Derecho, el recurso cita cuatro informes del Banco de España, así como el Memorando de Entendimiento (MOU) que fija las condiciones del rescate financiero a España, para concluir sosteniendo lo siguiente: "El MoU obliga a las autoridades españolas a consultar ex ante a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y a solicitar asesoramiento técnico del FMI sobre cualquier política no incluida en el MoU que pueda tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa".

Ante esto, Cortés ha afirmado que "el recurso del Gobierno, además de admitir a las claras la intervención de la democracia española por parte de la Troika, pretende negar al Parlamento de Andalucía autonomía legislativa sobre cualquier materia con impacto económico". "Contravenir los dictados de la Troika podrá gustar más o menos políticamente, pero desde luego no es inconstitucional", ha señalado Cortés.

El recurso también expone, en su página 26, que de ceder el derecho "a favor de su función social, desaparecería la propiedad privada para convertirse en propiedad pública".

La consejera ha recordado que la norma andaluza tiene "perfecto anclaje constitucional", entre otros, en el artículo 33, que establece que el derecho de propiedad tiene una función social; en el 40, que fija que los poderes públicos promoverán una distribución de la renta más equitativa; el 47, según el cual los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada; y el 128, que señala que toda la riqueza del país está sujeta al interés general. Cortés ha recordado que la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11) establecen que toda persona tiene derecho a una vivienda. ,

1) La creación de la figura de la vivienda vacía.

- El recurso se produce antes de que la Ley lleve el tiempo suficiente en vigor para haber empezado a catalogar viviendas como vacías, para su inclusión en un Registro de Vivienda Deshabitada, al objeto de tomar medidas para su efectiva ocupación.

2) Las sanciones de hasta 9.000 euros por viviendas vacías a bancos e inmobiliarias

- En Andalucía hay más de 700.000 viviendas vacías. La Ley pretende forzar su salida en alquiler asequible mediante incentivos a particulares y sanciones a bancos e inmobiliarias.

- El recurso se produce antes de que la Ley lleve el tiempo suficiente en vigor para haber empezado a sancionar a bancos e inmobiliarias por mantener viviendas vacías durante más de seis meses a lo largo de un año, una medida coercitiva que pretendía provocar la salida en alquiler asequible de los inmuebles desocupados.

3) La expropiación temporal del uso de viviendas para evitar desahucios

- La Ley, en vigor desde el 9 de octubre de 2013, había permitido expropiar 39 viviendas, evitando durante tres años el desahucio de otras tantas familias en riesgo acreditado de exclusión social: 15 en Málaga; 6 en Granada; 5 en Sevilla; 5 en Córdoba; 3 en Almería; 3 en Cádiz; y 2 en Huelva.

- Dos de estas expropiaciones ya han culminado con su aprobación en el Consejo de Gobierno, una en Huelva y otra en Torremolinos (Málaga).

- La Consejería de Fomento y Vivienda ultimaba 200 expedientes de expropiación más, que iban a ser remitidos a BOJA conforme concluyera su tramitación previa.

- El recurso afecta de forma diferente a las familias acogidas a la expropiación según el avance en la tramitación del expediente: dos expropiaciones culminadas: