Publicado: 17.10.2016 11:35 |Actualizado: 18.10.2016 13:49

PP, PSOE e IUCM se han financiado en
la Comunidad de Madrid con las adjudicaciones de pisos protegidos

Según 'ABC', la Comunidad de Madrid (a través de Arpegio) y los municipios se repartían
las adjudicaciones. En los gobiernos locales se hacían particiones según el número de concejales y los empresarios debían dar unas comisiones de entre 3.000 y 6.000 euros.

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Granados, durante su detención. EFE

Granados, durante su detención. EFE

MADRID.- La trama Púnica también facilitaba que partidos políticos como PP, PSOE y la entonces IUCM se financiaran de manera irregular a través de mordidas que obtenían con las adjudicaciones de parcelas destinadas a la construcción de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid.

Así lo revela este lunes el diario ABC en una investigación en la que promotores inmobiliarios y testigos reconocen esa práctica y que se han mostrado dispuestos a declarar en sede judicial en el marco de esta operación, que investiga la trama liderada por Francisco Granados.

El diario relata que el sistema estaba institucionalizado en varios municipios madrileños. El modus operandi consistía en que la Comunidad de Madrid, a través de su sociedad pública Arpegio, y el Ayuntamiento de cada localidad en concreto firmaban un convenio urbanístico mediante el cual el suelo se expropiaba para construir viviendas protegidas y libres. Las adjudicaciones se repartían en un 60% para el gobierno regional y el otro 40% para los locales. A veces los porcentajes variaban. 



Para llevar a cabo las obras se creaba una sociedad gestora en la que tanto los cargos directivos como la parte del suelo se repartían en esas proporciones. La parte correspondiente al municipio se dividía a su vez entre el número de concejales, ya estuvieran en partidos que formaban el equipo de Gobierno o en la oposición, como denuncian a ABC varios promotores. Incluso, se llegaban a pintar los mapas de las parcelas con colores para identificar qué parte correspondía a cada partido.

Por supuesto, el concurso público para la adjudicación de las obras estaba amañado y el promotor que quería hacerse con el contrato debía pagar la correspondiente comisión ilegal. Esa comisión oscilaba entre los 3.000 y los 6.000 euros por cada vivienda a construir. Los partidos interponían a un intermediario encargado de recaudar el dinero. Este se quedaba con una parte y el resto iba para el partido. 

Entre los municipios que supuestamente habían utilizado este sistema ilegal estaban Getafe, Parla, Alcalá de Henares, Alcobendas, Rivas y Móstoles.

Para amañar los pliegos de condiciones, plagaban estos de subjetividades y condiciones bastante arbitrarias. Un elemento básico en este tipo de pliegos como es el precio no se tenía en cuenta porque era un valor tasado, por lo que entraban en juego otros elementos técnicos que resultaban claves a la hora de adjudicar la obra.

ABC señala a Getafe como la ciudad en la que este sistema era más palpable y pone como ejemplo el consorcio urbanístico Los Molinos-Buenavista, que se aprobó en 2006, cuando Granados todavía estaba al frente de Arpegio y Pedro Castro era el alcalde socialista de la localidad. En esta zona se construyeron 12.000 viviendas, 10.000 de ellas de protección y 2.000 libres. El pelotazo fue importante.

Varios empresarios han revelado a ABC los nombres de los que llevaron a cabo este negocio y que ya están siendo investigados en la operación Púnica, como son Santos Vázquez (exconcejal de Urbanismo de Getafe), Herminio Palomo Laguna (promotor cercano a IUCM) y José Luis Moreno Torres y José Luis Vicente Palencia (exconcejales del PP en Getafe).