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El PP rechaza la dación en pago mientras centra el debate en lo "antidemocrático" de los escraches

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No ha sido casualidad que la polémica de los escraches a diputados del PP realizados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) haya llegado justo esta semana. A pesar del anuncio de esta iniciativa hace ya más de un mes, el Partido Popular ha guardado silencio hasta que se acabara el plazo para presentar enmiendas al texto de la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago, la paralización de los desahucios y la creación de un parque público de vivienda destinado al alquiler social.

Un plazo que se cerró el pasado martes y cuyas consecuencias han quedado más o menos empañadas por la campaña del Gobierno para convertir a la PAH en el brazo antidesahucios de ETA.

Todos los grupos parlamentarios, salvo el Popular, se han mostrado de acuerdo con los puntos propuestos por el colectivo antidesahucios. Algunos, como CiU, mediante la no presentación de enmiendas parciales y otros, como la Izquierda Plural, PSOE, PNV, UPyD, Amaiur y el grupo mixto, respaldando los puntos recogidos en la ILP y añadiendo propuestas adicionales para mejorar el texto e incluir en la ley que salga en unos meses la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la cláusulas abusivas de suelo y techo.

Las 'medidas de mínimos' que la PAH exige en la ILP ya han sido rechazadas por el Grupo Popular al adelantar que no aceptará la dación en pago universal, una medida que evita que el hipotecado pierda su casa y continúe cargando con una deuda de por vida debido a la caída del precio de su vivienda. En realidad, el Gobierno no va a aceptar ninguna de las peticiones de la PAH.

Es más, haciendo oídos sordos al clamor popular por la ILP, una vez que su mayoría absoluta eche abajo la iniciativa, el Ejecutivo pondrá en marcha la tramitación de su propia ley hipotecaria, que se hará efectiva mediante un decreto ley, fórmula a la que el equipo de Rajoy acostumbra a utilizar desde que accediera a la Moncloa.

Mientras llega ese momento, el PP ha presentado una serie de enmiendas al texto al tiempo que se vanagloriaba, en nota de prensa, de cumplir 'su compromiso de luchar contra el drama de los desahucios' y de ser 'el único partido que ha tomado medidas para solucionar' esta problemática social.

Buscando la 'seguridad jurídica', el Gobierno trata de ajustar la normativa de ejecuciones hipotecarias a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante parches que posibilitan que el 'deudor detenga la ejecución hipotecaria en el caso de haber denunciado en un juzgado la existencia de cláusulas abusivas', concediendo rango de ley a los desahucios extrajudiciales para que se puede ser paralizada incluso ante notario, limitando los intereses de demora por impago al 12% o elevando el umbral de ingresos que permite  acogerse al Código de Buenas prácticas de la banca de 16.000 a 25.000 euros, entre alguna otra. También asegura que 'se creará un fondo social de viviendas de alquiler a precios bajos destinado a las familias que ya han perdido sus casas'.

Parece una apuesta firme en consonancia con las demandas de la PAH, pero en el fondo, no aceptar la dación en pago supone estar más cerca de los intereses de los bancos -grandes propietarios del parqué de viviendas español- que de la ciudadanía a la que se dice representar.

'La ILP era una oportunidad para que el Estado reconociese que la ley es ilegal y diera una salida a los afectados', asegura Colau 'Una vez más el PP pone por delante los intereses del mercado hipotecario y los especuladores, que el derecho de las familias de disponer de una vivienda digna', afirmó el martes, después de la presentación de las enmiendas, la diputada de ICV en el Congreso Laia Ortiz.

Ada Colau, portavoz de la PAH de Barcelona, consideró 'inaceptables' las enmiendas del PP. A su juicio, 'desvirtúan totalmente' el fondo de la ILP y les obligará a presentar miles de reclamaciones judiciales que colapsarán los juzgados, dijo. 'Si no hay retroactividad por los procesos injustos, nos veremos obligados a acudir a los juzgados, se judicializará el conflicto y se colapsarán los juzgados. La ILP era una oportunidad para que el Estado reconociese que la ley es ilegal y diera una salida a las personas afectadas', añadió la activista.

'Medidas insuficientes'

Las críticas a la enmiendas del PP no vienen sólo del lado de la oposición y de la PAH. También José María Fernández Seijo, el juez de Barcelona que elevó al TJUE el caso de Mohamed Aziz por el que se consideró ilegal la normativa española sobre desahucios, se ha mostrado decepcionado con el comportamiento del Gobierno.

'No se busca una solución estructural para los afectados, sino medidas que serán insuficientes', dice el juez Seijo El juez titular del juzgado Mercantil número 3 de Barcelona ve un avance en la situación actual, pero le parece insuficiente. 'Desactivar la ILP es lo más frustrante. El resto son cuestiones técnicas. No se busca una solución estructural para los miles de afectados, sino medidas puntuales que serán insuficientes', afirma.

En lugar de aceptar la dación en pago para la vivienda habitual, el Gobierno abre la puerta a que, una vez ejecutada la hipoteca, la deuda pendiente pueda reducirse en función de un calendario de pagos, que puede durar 10 años, con posibilidad de quitas. El objetivo de esto es permitir tanto las garantías financieras como una posible exoneración de parte de la deuda, pero olvida que los desahuciados son personas que no han hecho frente a sus pagos por estar inmersos en situaciones límite: parados de larga duración sin subsidios por desempleo y sin recursos ante un panorama oscuro para la inserción laboral en nuestro país.

En palabras de Seijo, las propuestas del PP sólo crean 'un laberinto de requisitos y condiciones' que no abordan el problema de las 198.000 ejecuciones actualmente en proceso y tampoco deja claro el régimen de tutela para los consumidores. Y, en relación con la opinión de Colau, el juez lamenta que no se aproveche el cambio legal para introducir fórmulas como una mediación obligatoria entre deudor y acreedor que evite el colapso de los juzgados.

Así las cosas, después de Semana Santa comenzará a debatirse la ILP en el Congreso para pasar posteriormente por el Senado. Se estima que hasta abril no haya un resultado publicado en BOE(Boletín Oficial del Estado). Mientras  tanto, la PAH continuará con su campaña de escraches en medio de las acusaciones de Rajoy, previas a su presencia en el partido entre España y Francia, en las que calificaba estas acciones como 'profundamente antidemocráticas'.