BARCELONA.- Si hay alguna formación del pleno municipal con la que Barcelona en Comú tiene coincidencias programáticas y, en gran medida, ideológicas sin duda ésta es la CUP. Pese a ello, desde que en junio del año pasado el gobierno de Ada Colau echó a andar, la realidad es que le ha sido mucho más fácil llegar a acuerdos con ERC y con PSC que con la formación de la izquierda independentista, con la que mantiene una relación complicada. El último capítulo de una historia marcada por varios desencuentros ha sido el aplazamiento del pleno extraordinario previsto para el lunes para debatir las primeras cuentas de la era Colau.

Tras varias semanas de negociaciones, ERC y PSC habían dado el visto bueno a lo que técnicamente es una modificación presupuestaria respecto a las cuentas vigentes, las últimas aprobadas durante la alcaldía del convergente Xavier Trias, y no unos presupuestos nuevos. Pero el gobierno de la capital catalana no ha conseguido el aval de la CUP, clave para lograr la mayoría absoluta en la votación. Con todo, ambas partes se reunieron el mismo lunes y tras el encuentro confirmaron que la predisposición para llegar a un acuerdo es buena y que se negociará “intensamente” durante toda la semana con la voluntad de entenderse, según confirmaron fuentes de Barcelona en Comú a Público. Las mismas fuentes comentan que “existen las bases para seguir negociando” y, de hecho, se han abierto mesas de diálogo para “explorar y trabajar conjuntamente posibles acuerdos” que permitan tirar adelante la modificación presupuestaria, según afirmó el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello.

Descartadas las opciones de CiU y PP, la alternativa del equipo de Colau sería lograr
el voto favorable o la abstención de Ciudadanos, que cuenta con cinco ediles en el pleno, pero las diferencias con el “modelo de ciudad” de la formación naranja dificultan cualquier acuerdo, según reconoció el lunes el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello. En rueda de prensa, el número dos de Colau manifestó que “tenemos que hablar, pero tenemos que hacerlo con celeridad porque los tiempos apremian. El gobierno está dispuesto a mantener todo el diálogo necesario pero todos han de tener consciencia que para que estos presupuestos puedan responder a las necesidades de la ciudadanía se tienen que aprobar lo antes posible”.

Desde que la semana pasada las asambleas de la CUP confirmaron su rechazo a apoyar la modificación presupuestaria tal y como estaba planteada al entender que las cuentas eran “continuistas”, el equipo de gobierno ha insistido en el argumento que sin ella no se podrían llevar a cabo numerosos proyectos para atender urgencias sociales. En concreto, la modificación permitiría al consistorio disponer de cerca de 370 millones, de los cuáles 275 son un incremento neto en relación a las cuentas de 2015. Mientras que Pisarello ha manifestado que las conversaciones con la CUP para aprobar la modificación presupuestaria se iniciaron hace meses, la formación independentista se queja de que justo empezaron la semana pasada.

Los anticapitalistas plantean diez medidas

“Lo que hemos visto es que en cuatro o cinco días es imposible llegar a acuerdos. Entendemos que las negociaciones tenían que haber empezado antes y el gobierno no debía contar que le daríamos una confianza eterna después de votar a favor de las ordenanzas fiscales y de la primera modificación presupuestaria [aprobada el año pasado]”, declara a Público Maria Rovira, concejal de la CUP. La formación anticapitalista ha presentado sus demandas las últimas semanas, a través de la campaña las diez pedaladas, en la que ha planteado medidas que “teníamos en el programa tanto la CUP como Barcelona en Comú, se han aprobado en el pleno con el voto de ambas formaciones o bien hemos trabajado conjuntamente en ellas”, apunta Rovira.

La concejal subraya que “nos posicionamos para que los presupuestos estén lo más a la izquierda posible y no aceptaremos cualquier cosa que concuerde con el actual modelo de ciudad. Nuestra propuesta fija unos mínimos que entendemos que se pueden cumplir”. Entre otras cuestiones, las diez medidas de la CUP incluyen la remunicipalización de servicios, la creación de una red de derechos sexuales y reproductivos para las jóvenes de la ciudad, el desmantelamiento de la unidad antidisturbios de la policía local -una promesa electoral de Colau-, la creación de un carnet de ciudad para que las personas sin papeles puedan acceder al padrón, la recuperación del servicio de bus de barrio en domingos y festivos y la eliminación de las subvenciones a acontecimientos deportivos elitistas.

Divergencias en numerosos asuntos

Junto a ICV, EUiA, Procés Constituent, Podem y Guanyem -el núcleo que se aglutinaba alrededor de Colau-, la CUP fue unos de los actores que participó en las conversaciones del proceso de confluencia que culminó en la creación de Barcelona en Comú. Finalmente, las bases de la formación de la izquierda independentista optaron por concurrir en solitario a las elecciones municipales, que dieron la victoria a Barcelona en Comú y permitieron la llegada a la alcaldía de Ada Colau. Con todo, los comunes sólo cuentan con 11 de los 41 concejales del consistorio, a diez de una mayoría absoluta que han intentado obtener en las votaciones claves convenciendo al arco progresista, en el que además de la CUP (3) también están ERC (con cinco ediles) y PSC (4).

Colau consiguió la investidura gracias a los votos de republicanos, socialistas y de un concejal de la CUP y su gobierno ha podido sacar adelante votaciones clave como una primera modificación presupuestaria -aprobada el año pasado- o las ordenanzas fiscales con el apoyo de estas tres mismas formaciones. Desde hace meses Barcelona en Comú intenta ampliar el gobierno con el objetivo de acercarse a la mayoría de 21 concejales y facilitar la aprobación de cualquier medida. Los esfuerzos se han centrado en ERC y PSC. Y ahora mismo se da por hecho que en las próximas semanas los socialistas entrarán en el gobierno municipal -que lideraron durante 32 años- a cambio de su apoyo a la modificación presupuestaria.

La CUP, por su parte, ha descartado desde el inicio su entrada en el ejecutivo y ha protagonizado varios enfrentamientos con el gobierno de Colau. Sólo en los últimos meses las dos formaciones -cuyos miembros, en muchos casos, tienen un pasado muy reciente como activistas- han mantenido posiciones muy divergentes en cuestiones como la huelga de TMB -el transporte metropolitano- durante el Mobile World Congress, la gestión de la problemática de los manteros o el llamado 'caso Garganté'. Este último asunto hace referencia al concejal de la CUP Josep Garganté, acusado de coaccionar a un médico para hacerle cambiar un informe médico sobre la lesión de un mantero, que después de una carga policial fue atendido en presencia de un agente de la Guàrdia Urbana y, según la versión oficial, se habría lastimado en una caída.

Las actuaciones policiales son uno de los grandes puntos de alejamiento entre Barcelona en Comú y la CUP, formaciones integradas por personas que, en muchos casos, coincidían en el mismo bando en numerosas movilizaciones ciudadanas hace poco más de un año. Pero el salto a la institución ha supuesto pasar de la cooperación a la competencia.