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El PSOE quiere poner en marcha ya en febrero la comisión que investigue a Fernández Díaz

Su creación se aprobó en un pleno del Congreso de los Diputados en septiembre del año pasado y en noviembre la presidenta Pastor pidió tiempo a que el ex ministro se recuperase de una operación.

Jorge Fernández Díaz, en una comparecencia en el Ministerio del Interior. EFE

JUAN ANTONIO BLAY

MADRID.- El grupo parlamentario socialista del Congreso de los Diputados considera que la constitución de la comisión de investigación sobre el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en relación sus actuaciones contra el movimiento soberanista en Catalunya “debe realizarse de forma inmediata”, dijeron a Público fuentes de la primera fuerza de la oposición.

“Debería ponerse en marcha en febrero, nada más se reanude el periodo ordinario de actividad parlamentaria”, insistieron las citadas fuentes socialistas. En esta formación se considera que ha pasado ya “un plazo más que razonable para formalizar su constitución y que comience a trabajar.

La comisión de investigación sobre el anterior responsable del ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy fue aprobada por el pleno de la Congreso de los Diputados el pasado 27 de septiembre, en la primera sesión ordinaria que celebró la cámara en esta legislatura.

Una amplísima mayoría respaldó la propuesta presentada por el grupo parlamentario socialista: de los 344 diputados que participaron en la votación 206 se pronunciaron a favor de crear la comisión, mientras que 136 votaron en contra – los del PP -. Hubo dos abstenciones.

Posteriormente, Jorge Fernández Díaz, que en ese tiempo todavía dirigía el departamento del Interior en el Gobierno en funciones de Rajoy, fue reprobado en la comisión de Interior de la Cámara baja. Una mayoría de sus integrantes respaldaron la proposición no de ley (PNL) presentada por los diputados de la formación soberanista catalana PDECAT. Estas dos circunstancias se producían por primera vez en el parlamento español desde 1977.

A finales del pasado mes de noviembre la presidenta de la Cámara baja, la popular Ana Pastor, trasladó en un contexto informal el deseo de que se retrasase la constitución de la citada comisión hasta que Fernández Díaz se repusiera de una reciente intervención quirúrgica.

Los grupos aceptaron su propuesta, aunque ese argumento causó cierta extrañeza en varios grupos de la oposición toda vez que en este tipo de procedimientos los principales actores suelen comparecer en la comisión en último lugar.

Otras fuentes parlamentarias han señalado a este periódico que “la pasada semana tuvo un problema pulmonar que le obligó a ingresar en un centro hospitalario”, aunque se desconoce qué alcance ha tenido para su salud. Es posible que en la próxima reunión de la Mesa de la Cámara baja los grupos parlamentarias reciban información concreta.

No obstante, desde el punto de vista reglamentario la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre Fernández Díaz depende “única y exclusivamente de los grupos parlamentarios; la presidenta y la Mesa no tiene nada que decir, son los grupos quienes han de organizarse sobre su composición, quién la presidirá, el plan de trabajo y su calendario”, explican a Público fuentes conocedoras de este procedimiento.

La comisión fue aprobada por el pleno de la cámara para investigar la actuación, presuntamente delictiva, de Jorge Fernández Díaz en su condición de ministro durante el año 2014 en contra el proceso soberanista iniciado en Catalunya y sus promotores.
Ese comportamiento quedó reflejado en unas conversaciones que mantuvo Fernández Díaz con el entonces director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, en su despacho oficial en la sede del ministerio del Interior. Las grabaciones de los diálogos entre ambos fueron reveladas en exclusiva por Público a finales del pasado mes de junio.

Esta primicia informativa generó un escándalo político de gran magnitud al ponerse al descubierto la existencia de una operación en contra del movimiento soberanista en Catalunya y de quienes lo promovían. En las grabaciones difundidas en el entonces ministro del Interior se describía con detalle cómo se debía proceder desde instancias y organismos de la administración del Estado contra ese movimiento social y político.

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