La decisión del Gobierno de aparcar 'sine die' la reforma de la Ley del Aborto, anunciada este martes por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se produce menos de un mes después de asegurarse la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional, que tiene sobre la mesa el recurso del propio Partido Popular contra la vigente Ley de plazos.

Sin dar ningún paso en este delicado asunto, el Ejecutivo puede ver cómo el Constitucional le hace el trabajo si estima el recurso. El ponente del caso es el magistrado Andrés Ollero, exdiputado del PP, catedrático de Filosofía del Derecho, miembro reconocido del Opus Dei y antiabortista declarado, cuyas tesis pueden prosperar en el nuevo alto tribunal con  mayoría de magistrados propuestos también por el partido conservador.Ollero, en una entrevista el mes pasado a páginasdigital.es, lo dijo claramente: "Si no hay pronto una nueva Ley del aborto, habrá sentencia".

El Gobierno ha optado por no ser el primero en mojarse en la controvertida materia del aborto, tras un año de declaraciones superpuestas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, contestadas en algún caso desde las propias filas del PP. 

La posición del programa de los conservadores era volver a la legislación avalada por el Constitucional en 1985, que despenalizaba varios supuestos de aborto de acuerdo a la norma aprobada por el primer Gobierno de Felipe González.

La Ley de Plazos fue aprobada en 2010 con un amplio apoyo parlamentario

En 2010, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con un amplio apoyo parlamentario y el rechazo del PP, cambió esa normativa y aprobó una Ley de plazos (aborto libre en las primeras 14 semanas) que entró en vigor en julio de ese año, y que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por 50 parlamentarios del Partido Popular encabezados por Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. El muñidor del texto fue el entonces responsable del area de justicia del PP Federico Trillo.

Sin embargo, el ministro Ruiz-Gallardón, en el verano de 2012, anunció que la nueva Ley cambiaría la regulación que aprobó el Gobierno de Felipe González y que no fue derogada durante los 8 años de mandato de José María Aznar. El titular de Justicia destacó que no aceptaría el supuesto de aborto por malformación del feto, al considerarlo incompatible con el convenio de la ONU sobre personas con discapacidad.

De paso, Ruiz-Gallardón manifestó que el Anteproyecto de Ley se aprobaría antes del mes de octubre de 2012, aunque posteriormente los plazos se fueron relajando hasta que, este miécoles, quedaron definitivamente difuminados, al quedar aparcado 'sine die' el proyecto por el Ejecutivo.

El anuncio de Sáenz de Santamaría se ha producido menos de un mes después de que los magistrados propuestos por el Gobierno o el PP hayan pasado a ser mayoría absoluta en el Constitucional. Además, Andrés Ollero es el ponente de la sentencia, es decir, quién debe elevar una propuesta de resolución a sus compañeros.

Este magistrado, exportavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso, tiene varias declaraciones y escritos en los que manifiesta públicamente su postura antiabortista. Sin ir más lejos, en enero de 2012 --seis meses antes de ser nombrado magistrado del Constitucional-- señalaba en la publicación Diario Médico sobre la nueva legislación: "La situación es de aborto libre, al convertirse España en un paraíso del turismo abortista y el lugar donde más crece el número de abortos en la Unión Europea".

El magistrado Ollero ha sido crítico con la Fiscalía y con el propio PP por laxitud ante el aborto

Agregó que "la sentencia de 1985 fue de las más discutidas de la historia del TC: empate a seis y voto de calidad del presidente. Para los magistrados discrepantes, la mayoría se había propasado al empeñarse en indicar al legislador qué garantías habría de tener en cuenta para proteger a los no nacidos. El resultado de las discutidas garantías ha sido nulo. La salud psíquica de la embarazada se ha convertido en fórmula omnicomprensiva, con la llamativa pasividad del Ministerio Fiscal; se ha olvidado lo que tan claramente expresó la sentencia: cuando la ley admite un aborto ‘necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada’, el término necesario ‘solo puede interpretarse en el sentido’ de que el conflicto ‘no puede solucionarse de ninguna otra forma’".

Y remataba: "Entre eso y el aborto libre parece haber un trecho, pero no lo ha habido ni gobernando socialistas ni gobernando populares: entre los que se despreocuparon de su protección y los que no se atrevieron a protegerlos, los no nacidos no han ganado para sustos”.

En julio de 2010, el Tribunal Constitucional decidió en una ajustada votación de 6 a 5 no suspender cautelarmente la ley mientras examinaba el recurso del PP. Sin embargo, acordó dar una "tramitación preferente" al caso. Esa supuesta urgencia en el examen del recurso no ha impedido que hayan pasado tres años sin sentencia.

Según fuentes del tribunal, varios de los magistrados del TC en su anterior composición consideraron que la sentencia ya no era 'preferente' por cuanto el Gobierno había anunciado la reforma del ley. Tras el cambio de mayorías en el TC, parece que la urgencia ha vuelto al caso una vez que el Gobierno, que no parece muy necesitado de más frentes de confrontación política y social, ha decidido hacerse a un lado.