El Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada por Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE) y Òmnium Cultural, entre otros, contra el rey emérito por presuntos delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales y con ingresos no declarados a Hacienda, al considerar que se basa solamente en el "relato periodístico", argumentando que para abrir una causa penal "se necesita algo más".

La Sala de lo Penal ha inadmitido la querella presentada por IU, el PCE y el Foro de Abogadas y Abogadas de Izquierdas (FAIRADE), así como la de la entidad Omnium Cultural, acumulada a la anterior, por la identidad sustancial de los hechos denunciados contra Juan Carlos de Borbón. Entre estos hechos, figuraba en la querella el uso de las tarjetas 'black' , con dinero opaco, no declarado a Haciendo y presuntamente a cargo del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, y se pedía la investigación de este empresario, del rey emérito, de los presuntos testaferros  Álvaro Orleans Borbón y el coronel Nicolás Murga; así como del asesor fiscal suizo Dante Canónica.

Apunta el auto que la querella se enmarca en el supuesto de que "cuando, a pesar de la posible apariencia delictiva inicial de los hechos que se imputan en la querella, no se ofrece en esta ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, limitándose el querellante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo objetivo atinente a los propios hechos". En este sentido, asegura que no se justifica la apertura de un proceso penal para la investigación "de unos hechos meramente sospechosos, por si los mismos pudiesen ser constitutivos de delito, es decir, una investigación prospectiva, sin aportar un indicio objetivo de su realidad de conocimiento propio del querellante. De lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia".

Los magistrados han indicado que, "con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal". "Los juicios de valor de quien pretende ejercer la acción popular no convierten la noticia en delito", han sostenido. Este relato de hechos se ampara esencialmente en el contenido de distintos artículos, incide el auto.

Las formaciones querellantes denuncian el "cerrojazo judicial", que supone el archivo "carente de motivación con parámetros constitucionales" de la querella contra el rey emérito por el Supremo; y anuncian que interpondrán de inmediato un "recurso de súplica contra el auto de archivo ante la misma Sala Segunda del Supremo" ante la "manifiesta vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva" que ampara la Constitución.

La querella de Izquierda Unida, a la que ha tenido acceso Público, recoge todos los presuntos delitos fiscales e irregularidades económicas conocidas hasta ahora en torno al rey emérito, así como la evolución judicial de los mismos; una evolución mínima, por cierto. Pedían los querellantes que se iniciara una investigación sobre todos los hechos; alguno de ellos, investigados por la Fiscalía suiza. Por ejemplo, describe la querella que siendo jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón "intervino como comisionista en la venta del Banco Zaragozano a Barclays Bank en 2003 obteniendo una comisión de 39 millones de libras esterlinas mediante la actuación como testaferro de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, quien habría ingresado dicha cantidad en una cuenta de la entidad bancaria Credit Suisse a nombre de la Fundación Zagatka. Esta fundación domiciliada en Liechtenstein por parte de Álvaro de Orleans-Borbón, el 1 de octubre del 2003, tiene como beneficiario tercero a Juan Carlos de Borbón".

Indica también la querella inadmitida que el 5 de septiembre de 2018 la Oficina Nacional de Investigación del Fraude Fiscal (Onif) informó al Juzgado Central de Instrucción 6 de que Juan Carlos de Borbón no había presentado declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, como tampoco había constancia de que tuviese cuentas en el extranjero; y que, a raíz de ello, la Fiscalía Anticorrupción, con fecha 7 de septiembre de 2018, había solicitado al juez instructor el sobreseimiento provisional de la 'pieza Carol', sin perjuicio de la apertura de una nueva investigación por un posible caso de corrupción en las transacciones internacionales.

Se relata asimismo que, en marzo de 2020, un portavoz de Corinna Larsen anunció que denunciaría en el Reino Unido a Juan Carlos de Borbón por el acoso que sufría desde el año 2012. Y que el día 15 del mismo mes, la Casa Real emitió un comunicado en el que anunciaba que el rey Felipe VI renunciaba a los derechos que tenía como beneficiario de las fundaciones Lucum y Zagatka, y que procedía a retirar a su padre la asignación económica. Del referido comunicado se infiere, según los querellantes, "que los fondos controlados por estas fundaciones tienen un origen ilícito y que hasta este momento han sido opacas respecto de la hacienda pública española".

Òmnium Cultural recurrirá al Supremo el archivo de su querella contra el Rey Emérito 

Òmnium Cultural ha anunciado que recurrirá la decisión del Tribunal Supremo (TS) que este mismo lunes ha acordado archivar la querella de la entidad contra el Rey emérito por presuntos delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales y con ingresos no declarados a Hacienda. 

En un comunicado tras conocerse la decisión del Supremo, Òmnium ha tachado el archivo de "una nueva maniobra de los poderes del Estado para blindar la impunidad de la monarquía" y ha considerado insuficientes los argumentos del Supremo.  

Esta querella se presentó en julio y según Òmnium "se fundamenta en informaciones y hechos contrastables, como los comunicados emitidos directamente desde la Casa Real". 

"Primero el PSOE ayudó a huir al Rey y ahora el Supremo se niega a investigar la corrupción de la monarquía", ha afeado el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri. 

La entidad ha negado que su denuncia se base solo en informaciones periodísticas, como ha sostenido el tribunal, y ha criticado, en sus palabras, la doble vara de medir que aplica la Sala al dar veracidad a noticias para abrir un procedimiento penal: "En cambio, sí que lo da por válido en querellas presentadas por la extrema derecha a partir de recortes de periódico, tuits o canciones que se llegan a castigar con penas de prisión". 

Sostiene que el archivo de la querella "refuerza la impunidad y blinda una vez más a la Familia Real española ante los tribunales", y reprocha que el auto de este lunes no ha entrado a valorar la inviolabilidad del Rey emérito en el momento de los hechos, un punto en el que disintieron los posicionamientos de Fiscalía y Òmnium. 

Òmnium considera que de esta forma el tribunal "evita el debate sobre esta cuestión y en consecuencia obstaculiza poder recurrir a otros tribunales", como el Tribunal Constitucional (TC) o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).