La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), aprobada en Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre, ha reunido este miércoles al actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con dos de sus anteriores homólogos, Alberto Ruiz-Gallardón, titular de la cartera entre 2011 y 2014; y Rafael Catalá, entre 2014 y 2018. Los principales pilares de la reforma son la figura del fiscal investigador, que asumirá el peso de la fase de instrucción en el proceso penal, y el juez de garantías, que examinará el proceso como forma de garantizar el óptimo funcionamiento del mismo pero que ya no será el impulsor de la investigación, como sucede ahora. Los tres han participado en una mesa redonda organizada por el Ministerio de Justicia y el Instituto de Estudios Jurídicos, dentro de un ciclo dedicado a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Alberto Ruiz-Gallardón, que ejerce de abogado tras su dimisión en septiembre de 2014 por la retirada de su restrictiva reforma de la Ley del Aborto, ha recordado que la actual LECrim tiene 140 años y que "siempre fue provisional". "No puede ser que el mismo  funcionario del Estado que acusa sea el que también juzgue", ha dicho Gallardón, en relación al modelo actual de proceso penal. "Ahora el juez tiene que estar al lado de una de las partes, el Ministerio Fscal. Con la reforma, el juez va a tener que garantizar que las dos partes tengan idénticas fuerzas. El juez ahora va a estar comprometido con los derechos de las partes. Con la reforma va a ganar el imputado", ha explicado el exministro de Justicia.

También ha indicado Ruiz-Gallardón que la reforma de la LECrim "obliga a una reforma del Ministerio Fiscal", dado el nuevo papel protagonista en la fase de instrucción; será el impulsor de la investigación. "El problema de la Justicia en España no es que los jueces sean independientes porque lo son, sino que hay un porcentaje importante de los ciudadanos que cuestionan que lo sean, y eso obedece a muchos errores que hemos cometido todos en cuanto al gobierno de los jueces", ha indicado el expolítico del PP.

"Ahora el reto es que el ciudadano no recele del Ministerio Fiscal. No tengo duda de que los fiscales van a actuar con total imparcialidad en la instrucción del sumario, pero el legislador en su día no consideró necesario dotarles a los fiscales de independencia, sí de autonomía", ha expuesto Alberto Ruiz-Gallardón, que ha hecho una propuesta de calado, delante del ministro Campo y de Rafael Catalá:  "El Fiscal General del Estado es el único órgano en el que participan los tres poderes del Estado, ya que tiene que estar informado el CGPJ y el candidato debe comparecer en el Parlamento, pero solo es determinante un poder, el Ejecutivo, que lo propone y lo nombra. Mi propuesta es que para el nombramiento del Fiscal General del Estado sea vinculante el informe del CGPJ y que la comparecencia del candidato en el Congreso de los Diputados derive en un compromiso del Poder Legislativo; es decir, que el nombramiento cuente con el consentimiento de los tres poderes". 

En su intervención, Ruiz-Gallardón ha tenido ocasión de agradecer al equipo de expertos que nombró para abordar la reforma de la LECrim durante su mandato pero que no pudo materializar: "El mérito es suyo. Me refiero a dos magistrados, Manuel Marchena y Jacobo López Barja; dos fiscales: Antonio del Moral y Jaime Moreno Berdejo;  a la entonces portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo; y dos catedráticos: Luis Rodríguez Ramos y Nicolás González Cuellar. Ellos tuvieron muchos enfrentamientos en una sociedad como la española que es muy conservadora, no en lo social, pero sí ideologicamente". 

Su sucesor en el Ministerio de Justicia, Rafael Catalá, ha relatado sus intentos en materia de reforma del proceso penal: "Yo heredé el ministerio de Ruiz-Gallardón con grandes proyectos, y solo me quedaba un año de legislatura; no nos dio tiempo a acometer una reforma de tal envergadura. Pero sí hicimos reformas en este sentido, en 2015, sobre todo, en materia de capacidad tecnológica".  Durante su mandato, se fijaron los plazos para la instrucción penal: "Fue muy importante la reforma del artículo 324 que fijaba los plazos para cerrar el proceso de instrucción: seis meses para causas sencillas y 18 para causas complejas", ha indicado Catalá, que ha incidido en la "necesidad de que los dos grandes partidos, PP Y PSOE, alcancen un consenso en este proyecto de reformar la LECrim".

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha valorado la reforma que el Gobierno actual ha puesto encima de la mesa: "La LECrim actual es potente porque ha aguantado 140 años, 77 modificaciones y 50 y tantas en la era democrática. Pero es necesario dar el mayor rol constitucional  al fiscal y al juez. El pacto por la Justicia, en 2001, ya articuló la necesidad de un nuevo proceso penal. El proceso penal es el termómetro por el que se mide la calidad democrática de un país". Campo ha resaltado la capacidad de los fiscales. "Es la hora de converger con Europa. El fiscal español está cualificadísimo para investigar.