Publicado: 17.06.2014 15:23 |Actualizado: 17.06.2014 15:23

Ruz se niega a archivar el ataque a la Flotilla y plantea remitirlo a la Corte Penal Internacional

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El juez Pablo Ruz se ha negado a archivar el caso del ataque de Israel contra la Flotilla de Libertad de Gaza en 2010  en aguas internacionales y lo ha remitido al Tribunal Supremo para que diga si Israel o Turquía ya investigan estos hechos, aunque de no ser así se inclina por llevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI).

Ruz abrió una investigación sobre este ataque, realizado el 31 de mayo de 2010 por las autoridades israelíes a una flotilla humanitaria que pretendía llevar ayuda a la Franja de Gaza, a raíz de una querella presentada por dos cooperantes españoles que viajaban en uno de los barcos, el Mavi Marmara, y fueron arrestados por soldados israelíes, encarcelados y deportados a Turquía.

La petición de archivo había sido solicitada por la Fiscalía, tras la limitación de la justicia universal aprobada en marzo por el Parlamento, a instancia del PP.

En su lugar, el juez central de instrucción 5 ha remitido el caso al Tribunal Supremo para que diga si Israel o Turquía ya investigan estos hechos, aunque de no ser así considera más idóneo que sea juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI), por los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, detención ilegal, deportación y tortura.

El juez Pablo Ruz sostiene que, a pesar de la limitación de la justicia universal aprobada por el Gobierno, él es competente para investigar estos hechos porque prevalecen los tratados internacionales en la persecución de los crímenes de lesa humanidad, tratados que están por encima de la legislación interna. Entre otros tratados, cita especialmente el IV Convenio de Ginebra sobre la protección de civiles en tiempos de guerra suscrito por España, que "impone con carácter imperativo" a las partes juzgar en sus tribunales a los sospechosos de crímenes de guerra.

Sin embargo, Ruz recuerda que los tribunales españoles solo podrían investigar este asalto en caso de que los países afectados no lo hagan. En este caso, Turquía e Israel -país de nacionalidad de los querellados- le han asegurado que han abierto investigaciones. Por ello, eleva la información obtenida a través de comisiones rogatorias a esos países al Supremo, cuya sala segunda debe decidir si esas investigaciones son efectivas.

En el caso de que el Supremo no dé validez a estas investigaciones, Ruz es partidario de remitir el caso al Gobierno español para que active el procedimiento de denuncia ante la Corte Penal Internacional, "considerando éste el procedimiento más acorde con la tutela judicial efectiva de los derechos de las víctimas", y con el principio de complementariedad con la jurisdicción de los Estados que rige la actuación de la Corte Penal Internacional.

Este caso es considerado el más complejo en materia de jurisdicción universal que se instruye en la Audiencia Nacional, por la cantidad de países implicados y la legislación en materia de derecho penal y marítimo internacionales que confluyen.

Los hechos más graves del ataque a la 'Flotilla Libertad', según el fiscal, se produjeron a bordo del buque Mavi Marmara, cuando navegaba en aguas internacionales con bandera de las Islas Comoras, país firmante del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Hay tres víctimas españolas en la querella interpuesta en la Audiencia Nacional, que fueron detenidas en el Mavi Marmara, encarceladas en Israel y luego deportadas.

En el auto, el juez Ruz considera que, aunque son españolas, no concurren otras exigencias de la limitación de la justicia universal adoptada por el Parlamento, como es que el procedimiento se dirija contra un español o extranjero residente en España.

Turquía argumenta que este caso se instruye en el Juzgado número 7 de Estambul. Se considera competente porque uno de los barcos asaltados era turco, y el Mavi Marmara estaba dado de alta en el registro de barcos de Turquía, por lo que, a sus efectos, lo considera turco.

Por su parte, Israel esgrime que tiene abierto un procedimiento en su Corte Suprema, así como una "comisión pública independiente" sobre dicho "incidente" y ha creado un panel de expertos militares.

Otros países que podrían justificar su competencia para juzgar este asalto -crimen de lesa humanidad, a criterio de Ruz- son las banderas de los otros barcos que componían la Flotilla: Kiribati, Turquía, Togo, Grecia, Estados Unidos y Camboya.

El ataque de la Marina de Israel contra la ‘Flota de la Libertad' se produjo el 30 de mayo de 2010 en aguas internacionales del Mediterráneo; en concreto, a 70 millas náuticas de la costa norte de Israel y 90 millas de Gaza. La flota llevaba 750 personas a bordo de diversos barcos de la organización pro-palestina 'Free Gaza'.

Se produjeron 9 muertos, 38 heridos y así como la detención y el traslado por la fuerza al resto de pasajeros hasta el puerto de Ashdot, en territorio israelí, más tarde fueron encarcelados en la prisión de Beer Shiva para luego ser deportados y expulsados con destino a Estambul.

La querella en España se dirige contra el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, así como contra los ministros Ehud Barak (Defensa), Avigdor Lieberman (Asuntos Exteriores) y los ex ministros Dan Meridor (de Inteligencia y Asuntos Atómicos), Moshe Ya´alon (Asuntos Estratégicos), Eli Yishai (Interior), Benny Begin (ex ministro sin cartera e hijo de Menachem Begin) y el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer "Chiney" Marom.