VALENCIA.- Tras las elecciones del pasado domingo, son numerosos los rumores que apuntan a la posible destrucción de documentos y expedientes oficiales en las administraciones públicas valencianas, apareciendo incluso fotografías en las redes sociales alertando de este extremo.

Pero, a diferencia de lo que ha ocurrido en Madrid, en Valencia no existe todavía ninguna denuncia en firme sobre este aspecto. No obstante, los sindicatos ya han encendido las alarmas por algunos movimientos sospechosos que se han visto en los últimos días en departamentos dependientes de la Generalitat Valenciana. “Nos dicen que se está destruyendo más papel de lo normal", relata Adel Francés, Secretario de Acción Sindical de la Intersindical Valenciana. A su organización han llegado ya sospechas sobre el uso "excesivo" de las trituradoras de papel en la sede de la avenida de Campanar de la consejería de Educación y en la consejería de Agricultura, ubicada en la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre.

Es por ello que, este mismo viernes, la central envió un correo electrónico a todo el personal de la Generalitat haciendo un “llamamiento” para recordar que “no se pueden destruir los documentos oficiales si antes no han sido descatalogados” y avisar de que la destrucción de documentos constituye un delito recogido en el artículo 413 del Código Penal, penado con “prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”.

Así mismo, desde Intersindical se ha pedido a los empleados públicos valencianos que se nieguen a destruir documentos si se lo ordena algún superior y que informen al sindicato si llega a su conocimiento “alguna actividad sospechosa”. “Nos presentaremos allí inmediatamente y os apoyaremos en todo lo que sea necesario”, indica la misiva.

También en CCOO están ya sobre la pista en el asunto e intentan que no se cometan prácticas irregulares en las administraciones públicas, a pesar del cambio de signo en los gobiernos.

En el Ayuntamiento de Valencia tampoco existe confirmación de que se hayan destruido documentos físicos, aunque según apuntan fuentes sindicales, el hecho de que el consistorio valenciano tenga implantada la Plataforma Integrada de Administración Electrónica (PIAE) para muchos trámites “hace difícil” concebir que se esté destruyendo “mucho papel”.

En ese sentido, la candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha solicitado a las Corts Valencianes que requieran al Consell el "bloqueo de servidores informáticos y la garantía de no destrucción de documentación". Además, Oltra reclama la convocatoria de la Diputación Permanente de las Corts Valencianes y la comparecencia urgente del presidente de la Generalitat en funciones, Alberto Fabra, "por la destrucción de documentos".

Traslado sospechoso en Gobernación

En un comunicado, Oltra exige a Fabra que dé cuenta “de quién es el responsable de la orden de desconexión de las alarmas en el Complejo Nou d'Octubre y la retirada y destrucción de documentación del interior de la Conselleria de Gobernación a primera hora, antes de la detención de Serafín Castellano", dentro de la investigación abierta sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicó contratos de extinción de incendios cuando él era conseller, con cuyo presidente coincidió en cacerías. "Alberto Fabra me aseguró que facilitaría el traspaso de poderes al nuevo gobierno, pero vemos que el PP se va como han gobernado, de manera indecente", concluye Oltra.

El diario Levante publicó que a primera hora de la mañana del viernes, antes del registro policial en la Conselleria, se había visto a una furgoneta llevándose documentos de su sede. Pero según aseguró Gobernación en un comunicado, ninguna documentación trasladada este viernes tiene relación con la solicitada por la UDEF. El traspaso supone una “práctica ordinaria" de la gestión de documentos de la consejería ya que los archivos de los que se dispone en su sede "no alcanzan para guardar toda la documentación" y para ello, la Generalitat Valenciana dispone del archivo general, en Riba-roja.

Por su parte, la Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians (AVV) envió ya antes de las elecciones una carta a la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la popular Elena Bastidas, pidiéndole que garantizase "el estricto cumplimiento de la legislación” mediante el cual, “finalizado su mandato, los políticos deben transferir sus documentos al archivo o bien a sus sucesos en el cargo”.

Así lo señala, recordaban en la AAV, el artículo 43 de la Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de Archivos, así como el artículo 54 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. “Los documentos generados por personas que ejercen funciones políticas o administrativas en la administración local o autonómica forman parte del patrimonio documental de la institución, de acuerdo con el artículo 49.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, y el artículo 76 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano”, abundaba la carta de los archiveros, que señalaban además que estas leyes aplican “tanto a cargos políticos, como a asesores o personal eventual y de confianza de los alcaldes y regidores”.

La AVV solicitaba a Bastidas su ayuda para ser "fieles y escrupulosos con la legislación vigente y las obligaciones éticas ligadas a nuestras respectivas funciones" y para que “en los tiempos de las leyes de trasparencia y buen gobierno, y entre todos contribuyamos a recuperar la confianza de nuestra sociedad en la gestión pública".