El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado este miércoles en la apertura del Año Judicial que 'el frente judicial contra la corrupción empieza a rendir frutos', pero ha reclamado más medios para combatirla ya que la respuesta de la justicia es 'en exceso lenta y a veces desigual'.

Por ello, la lucha contra la corrupción, ha dicho Torres-Dulce, exige 'profundas reformas' en la Administración pública y en el sistema de control de los fondos públicos y del sistema financiero.

El fiscal general exige 'profundas reformas' en la Administración para luchar contra la corrupción

En su discurso, Torres-Dulce ha destacado que la corrupción pública 'daña seriamente la imagen en la función pública y su erario', pero la corrupción política 'mina la credibilidad del sistema democrático'.

También se ha referido a la corrupción privada, que en el terreno financiero 'compromete gravemente la estabilidad económica y la distribución de la riqueza y provoca crisis con repercusiones sociales que amplían desigualdades intolerables', ha señalado

'Si el sistema judicial', ha dicho el Fiscal General, 'no es capaz en organización, medios y procedimientos de ofrecer respuestas ágiles a estas demandas, toda la armazón de la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho padecerá seriamente'.

Y es que la respuesta de la justicia penal a la corrupción, ha añadido, es 'en exceso lenta y a veces desigual', razón por la que hay que demandar 'los medios que cambien ese rumbo, así como modificar aquellos hábitos procesales y organizativos propios que lastran' la eficiencia judicial.

No obstante, 'el frente judicial contra la corrupción empieza a rendir frutos, de lo que es buena muestra el porcentaje de condenas logradas', ha afirmado.

Torres-Dulce pide 'mecanismos de prevención que aborden el problema en sus orígenes'

En la introducción de la Memoria Fiscal del Año 2013, el Fiscal General ha ido más allá de este discurso, al reconocer que los casos de corrupción 'son muchos y desbordan los recursos de las fiscalías y juzgados' y hay que atajarlos antes de que nazcan.

En este sentido, la Fiscalía ha recomendado evitar la criminalización de conductas que sean consecuencia de la situación 'desesperada' de su autor, que 'sigue sufriendo en sus carnes las gravísimas consecuencias' de la crisis económica. Por contra, ha apostado por 'extremar el rigor' en la persecución de aquellas actividades defraudatorias que causen la pérdida de puestos de trabajo o perjuicios a pequeños ahorradores.

Así se expresa en la Memoria correspondiente al año 2013 hecha pública este miércoles, en la que advierte de que, aunque los últimos datos macroeconómicos 'parecen permitir algo más de optimismo', lo cierto es que una 'importante' cantidad de la población padece todavía el paro, los desahucios y otras carencias.

Por contra, la actuación de la justicia contra la corrupción, sostiene Torres-Dulce en el documento, solo alcanza a proporcionar 'respuestas puntuales y ejemplarizantes', pero en ningún modo 'son suficientes para abarcar la totalidad del problema'.

A su juicio, uno de los problemas en esta lucha es 'el retorno de los capitales defraudados'

Por ello, ha reclamado una reflexión sobre el alcance de esta 'lacra' y la necesidad de articular 'mecanismos de prevención que aborden el problema en sus orígenes', por lo que ha abogado por el establecimiento en las instituciones, partidos y sindicatos de mecanismos de 'alerta temprana' que los atajen antes de que nazcan.  Ha apostado además por reforzar los sistemas de control actualmente existentes, como el Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos, 'así como desarrollar en el plano social una intensa campaña de concienciación ciudadana que podría empezar en las escuelas'.

En su opinión, uno de los grandes problemas que se afronta en la lucha contra la corrupción es 'el retorno a la sociedad de los capitales defraudados', ya que 'las medidas cautelares y de ejecución patrimonial no siempre alcanzan su objetivo'.

Torres-Dulce ha detallado que se ha incrementado el número de diligencias de investigación incoadas y los procedimientos judiciales, al abrirse 55 nuevas causas en 2013 frente a las 41 del año anterior.

El fiscal general ha subrayado el 'satisfactorio grado de conformidad' de las sentencias pronunciadas en estos procesos con las acusaciones formuladas por la Fiscalía, ya que los 18 fallos registrados han sido condenatorios, total o parcialmente.

Torres-Dulce ha anunciado también la creación de unidades de investigación en las grandes fiscalías para agilizar la instrucción de los procesos judiciales, después de criticar que el Gobierno haya desistido de entregar la instrucción penal a los fiscales. Defiende la reducción 'razonable' del número de aforados y 'una configuración más precisa del estatuto jurídico del imputado', así como la regulación adecuada de las medidas de investigación 'limitativas' del derecho al secreto de las comunicaciones.

'La Constitución nunca dificulta la convivencia política', sostiene, en alusión a Catalunya

El Fiscal del Estado ha expresado un 'cierto grado de frustración' con las expectativas despertadas, y que no han sido cumplidas, de transferir la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal, como proponía el borrador del código procesal penal elaborado por una comisión de expertos.

Tras el anuncio de este 'giro histórico', que en su opinión alentó las esperanzas de cambios y estimuló el debate doctrinal y social sobre el modelo más adecuado para equilibrar eficacia y objetividad en la instrucción penal, 'desafortunadamente parece que la iniciativa' ha sido 'aparcada' y, si fuera así, todos deben lamentarlo 'profundamente', ha dicho.

Pero al margen del calendario legislativo, según Torres-Dulce, la realidad está demandando ya una potenciación de la actividad investigadora del fiscal para lograr una justicia penal eficaz, rápida y plenamente operativa, que cumpla con las expectativas de la sociedad.

El fiscal general del Estado ha afirmado que todos los españoles tienen cabida en la Constitución, que ampara la convivencia política y 'nunca la dificulta'.

En sus palabras ante el Rey Felipe VI, y sin aludir de forma explícita al proceso soberanista catalán, Torres-Dulce ha afirmado que en España 'todas las ideas, todas las personas, tiene cabida'. 'Es la Constitución la que ampara, nunca la que dificulta la convivencia pacífica entre los españoles' y 'el debate entre cualquiera de sus ideas', ha subrayado.