La trama Azud, en la que se investiga una trama de corrupción urbanística, pagó en dinero negro en efectivo más de siete millones de euros en comisiones a cargos públicos. El Ayuntamiento de València, encabezado por aquel entonces por Rita Barberá, habría adjudicado obras públicas a empresas que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.

En un informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a abril de 2021, se indica que el Grupo Axis, liderado por el empresario Jaime Febrer, habría diseñado una red de pagos en comisiones a diferentes cargos públicos para obtener el trato favorable a sus intereses económicos por parte de las diferentes administraciones. Estos actos se habrían cometido entre los años 1993 y 2013, siendo el Ayuntamiento de València su principal ámbito de actuación.

La UCO también ha señalado que este tipo de prácticas se habrían extendido a otras administraciones públicas como los Ayuntamientos de Xixona (Alicante), Burjassot (València); Benicàssim (Castellón) o a las empresas públicas Aguas de Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) o Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia (Aumsa).

Tres formas para pagar las comisiones

Respecto a los supuestos pagos, tanto a cargos públicos como a una serie de personas relacionadas y a las que se presume capacidad sobre diversos trámites o procedimientos administrativos, la UCO ha descrito varias formas en la que se materializaban dichos pagos. La primera es la suscripción de contratos supuestamente ficticios y vacíos de contenido con los que habrían generado relaciones comerciales que, bajo un marco legal, habrían posibilitado el pago de comisiones.

La segunda forma de pago es la materialización de compraventas por un precio superior al real o de mercado, lo que habría supuesto un beneficio extra a los cargos públicos implicados. La otra forma de pago era a partir de regalos de diferente índole o el pago de sumas de dinero en efectivo. Para estas formas de pago, el Grupo Axis habría contado con una estructura personal, que actuaba formalmente ajena a la empresa, con la que generaba las sumas de dinero en efectivo que se cifra en 7,1 millones de euros.

El papel de Rafael Rubio en la 'trama Azud'

En el informe da la UCO se dedica un apartado al exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exconcejal en el consistorio Rafael Rubio. La vinculación de Rubio con el caso radica en la operación urbanística desarrollada por la mercantil MAI y el Ayuntamiento de València. Básicamente, consiste en la asunción por MAI de una deuda contraída por el Ayuntamiento de València a favor de terceros por un valor superior a 31 millones, recibiendo a cambio por parte de este Ayuntamiento, como contrapartida por la subrogación en el montante de esa deuda municipal, tres parcelas de uso residencial.

En el marco de esta trama de corrupción urbanística entre ambas entidades se habrían abonado supuestamente alrededor de 1,8 millones de euros a diferentes cargos públicos o personas relacionadas, entre los cuales se encontraría Rubio. En relación a esto, Rubio contrató una caja de seguridad en una entidad bancaria y, desde ese momento, tuvo lugar en sus productos bancarios un cambio de dinámica de funcionamiento aparentemente indicativa del manejo de dinero en efectivo.

Fondos bancarios bloqueados

En otro informe de la UCO, a junio de 2021, se indica el bloqueo de productos financieros en cuentas bancarias de los investigados, entre los que se encuentra los de Rubio y su mujer, el exvicealcalde de València Alfonso Grau o el exjefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera.

En el caso de Rubio, el importe de los fondos bloqueados ascendía a 525.500 euros, entre ellos, 147.556 de un fondo de inversión, 92.000 en un depósito, 61.189 en otro fondo de inversión y 69.638 en un contrato de valores. Respecto a su mujer, 62.939 euros, de los que las cantidades más elevadas corresponden a dos fondos de inversión por valor de 61.035 y 71.279 euros.

En cuanto a Grau la cantidad asciende a 290.850 euros, de los que 273.978 corresponden a un plan de pensiones y José Luis Vera, 41.916,prácticamente todo en una cuenta de valores.

Delito de blanqueo de capitales

En un auto de enero de este año, la magistrada hace referencia al patrimonio de Rubio y a la investigación por un delito de blanqueo de capitales, un hecho que "supone no solo la introducción en el circuito económico del dinero de procedencia delictiva, sino también la transformación y afloramiento de este en bienes muebles e inmuebles".

En este caso, la jueza señala que el investigado se valió de efectuar ingresos en efectivo de "escasa entidad" en las diferentes cuentas abiertas a su nombre "confundiendo dicho dinero con el que percibía como sueldo en su calidad de funcionario y autoridad pública". Una vez realizado el rastreo del dinero, "resulta que, por ahora, se ha detectado la suma de 190.000 euros, cuya entrada en sus cuentas carece de justificación siendo por tanto su origen desconocido, pero coincidente a partir de la apertura en 2007 de una caja de seguridad".

En este periodo, señala la magistrada, adquirió bienes de todo tipo "lo que supuso una actividad de transformación del dinero de origen ilícito". En varios escritos del fiscal, se apunta a la posibilidad de que Rubio hubiera podido obtener por el soborno "cantidades que oscilan entre los 300.000 y 750.000 euros".

El fiscal subraya que la pareja ingresaba en las cuentas bancarias a nombre de los dos en la época en la que empieza a recibir el soborno "en pequeñas cantidades, de forma sucesiva, a veces dos en un mismo día" y principalmente entre los años 2007, 2008, 2009, 2010 y de forma más residual en 2011 y 2012 y que ambos diponen, por el dinero bloqueado en sus cuentas, de un patrimonio "nada despreciable" para dos funcionarios públicos, sin perjuicio del avance de la investigación".