La llamada pieza política del caso de los ERE se resuelve esta semana, al menos en primera instancia, porque la sentencia que se notificará a los procesados el próximo martes es recurrible ante el Tribunal Supremo. Los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán están a la espera de un fallo judicial que marcará, tanto si es absolutorio como si es condenatorio, el legado de su presidencia. Hasta ahora, lo que ha trascendido es que, sea cual sea, estará profusamente argumentado: el magistrado ponente Juan Antonio de la Calle, según fuentes jurídicas, lleva 1.700 folios.

Ni Chaves ni Griñán se han sentido jamás unos delincuentes ni están acusados de llevarse nada para ellos. Lo que se discute, por resumirlo en una sola frase, es si se considera criminal o no el sistema que habilitó la Junta de Andalucía para el reparto de los fondos destinados a paliar los efectos de las crisis empresariales que implicaban despidos en una Comunidad azotada por unas altas dosis de paro estructural.

Chaves está acusado de prevaricación y Griñán de prevaricación y de malversación también, lo que podría llevarlo a la cárcel. Para el primero, los fiscales piden diez años de inhabilitación y para el segundo, 20 años de inhabilitación y seis años de prisión, además de una elevadísima y multimillonaria responsabilidad civil.

Lo que sigue son las cuatro claves fundamentales sobre un caso que ha marcado a fuego la política andaluza, desde que estalló en 2011, cuando el exdirector general de Empleo, Javier Guerrero, declaró a la Policía haber manejado un fondo de reptiles para pagar las crisis empresariales.

Aunque Guerrero luego se retractó, los descubrimientos a los que condujeron las consiguientes pesquisas policiales y judiciales llevaron al procesamiento de los dos expresidentes y de los responsables y altos cargos de las consejerías de Empleo y Hacienda durante la primera década del siglo.

Desmadre en la Consejería de Empleo

Durante la primera década del siglo, la consejería de Empleo fue dirigida por los consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, ambos acusados de prevaricación y malversación. En ese departamento, a la luz que han aportado las investigaciones policiales y judiciales, se produjo un absoluto desmadre en la gestión de los fondos públicos, que personifica como nadie el propio Guerrero, quien dispuso a su antojo, según declararon los propios consejeros, del dinero para las crisis empresariales. 

Nada simboliza el desmadre como la confesión del chófer de Guerrero ante la magistrada Mercedes Alaya. Juan Francisco Trujillo manifestó haber comprado cocaína con dinero público. Las indagaciones han dibujado un cuadro en el que Guerrero manejaba cantidades importantes de efectivo, concedía subvenciones sin mover un papel e incluso gente que no tenía nada que ver con inversiones productivas en Andalucía, como el exfutbolista Pizo Gómez se llevó subvenciones a las que no tenía derecho. 

Sobre el sistema de reparto hay un hecho incontrovertible. Aunque el dinero se presupuestaba, y, por tanto, todo el mundo sabía que existía esa partida, el destino final se mantuvo opaco durante toda la década. Ni una sola de las ayudas pasó por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Es decir, se repartieron de manera completamente arbitraria, según los designios de Guerrero y sus superiores de Empleo.

Los fiscales anticorrupción consideran que en el año 2000 se cambio a propósito, algo que niegan las defensas, el sistema de concesión para, en primer término, poder esquivar los reparos de la Intervención a la concesión de las ayudas sociolaborales y, en segundo término, poder conceder las ayudas de manera más ágil.

Esa decisión, según Anticorrupción, acarreó una serie de consecuencias. Así lo explican en su escrito de acusación los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández: “Al no haberse regulado como era exigido una convocatoria de estas ayudas que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse como es exigida su concesión y no registrarse como es obligado en la base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de trabajadores afectados por el desempleo y situaciones de crisis empresarial”.

Agregan Egocheaga y Fernández: “Al no establecerse el más mínimo mecanismo de comprobación de la pertenencia al colectivo afectado de las personas beneficiarias de las pólizas, personas que nunca han pertenecido al mismo han percibido rentas de pólizas abonadas por la Consejería de Empleo”. “La no exigencia de justificación alguna ni de seguimiento de la situación laboral de los beneficiarios ha permitido que un número de ellos siguiese percibiendo las rentas aun habiéndose incorporado al mercado laboral”.

Continúan: “Haber ignorado las más mínimas normas aplicables en la contratación de las pólizas de seguros en las que Empleo ha asumido la obligación de pago ha supuesto que se haya abonado la cantidad, al menos, de 66.155.573,51 euros por encima de los precios de mercado en los denominados gastos de gestión externa o comisiones a las entidades mediadoras”.

“En cuanto a las ayudas a empresas en crisis, -añaden los fiscales- del muestreo realizado por los peritos se aprecia que un gran número de estas ayudas carecen de un objeto concreto, respondiendo a fines muy diversos, tales como pago de nóminas., de deudas, de minutas, de avales…”.

Remata Anticorrupción: “Los fondos del programa 31L se emplearon también en fines distintos y ajenos a los recogidos en el mismo, así podemos reseñar que se abonaron subidas salariales en empresas, muestras de artesanía, cursos en la Fundación San Telmo, campañas de prevención de riesgos laborales, programas de voluntariado, facturas a empresas por campañas de comunicación”.

Las alertas de la Intervención

Ese desmadre en Empleo llegó hasta la consejería de Hacienda mediante los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, cuyos responsables también están procesados. Uno de los elementos clave de la acusación de la Fiscalía contra el expresidente Griñán es que, en su etapa de consejero de Hacienda, el interventor general alertó en un informe de que en Empleo se estaban repartiendo subvenciones “prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido”.

Ese informe fue remitido, tras su elaboración en julio de 2005, a la Consejería de Hacienda, cuyo titular era entonces Griñán, y adicionalmente a la Consejería de Empleo. Afirman Egocheaga y Fernández. “Con conocimiento de las deficiencias […], José Antonio Griñán, como consejero de Economía y Hacienda […] [no hizo] actuación alguna en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas de velar por la integridad de los fondos públicos para iniciar los procedimientos y mecanismo previstos para reintegrar o convalidar en su caso los fondos públicos […] gestionados mediante transferencias de financiación al IFA-IDEA por la Consejería de Empleo hasta la fecha”. Es decir, los fiscales consideran, aunque en ningún momento lo dicen expresamente, que Griñán cometió una suerte de malversación por omisión.

Esta acusación tiene un problema. Los fiscales no explican de qué manera conoció Griñán el informe. Dan por hecho que fue a través de su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo. Sin embargo, él, al contrario de lo que dicen Egocheaga y Fernández, siempre ha defendido que jamás lo vio, extremo que ha corroborado la propia Martínez Aguayo, quien ha manifestado que nunca se lo entregó y que a ella nadie le advirtió de que se estuviera produciendo un menoscabo de fondos públicos.

Transferencias y presupuestos

En el Consejo de Gobierno, se aprobaron distintas modificaciones presupuestarias, que la Fiscalía considera delictivas. En ellas fundamenta la acusación contra el expresidente Chaves. “En resumen –afirma la Fiscalía– a través de las modificaciones presupuestarias aprobadas en 2000 y 2001 […] se puso en manos de Javier Guerrero, como director general de Trabajo, sin competencia legal para la concesión de subvenciones […] la cifra de 93 millones de euros para que este dispusiera sin sujeción a la fiscalización debida de la Intervención de la Junta y sin necesidad de tramitar expediente alguno, en este caso de tramitación de subvenciones excepcionales como ya se venía haciendo por la propia Consejería de Empleo al no haber propuesto ni aprobado una norma que regulase la concesión de estas ayudas”.

Añaden Egocheaga y Fernández: “Con conocimiento de los incumplimientos y conciencia de las consecuencias que derivaban necesariamente del uso de las transferencias de financiación como mecanismo […] para abonar lo que ordene la Consejería de Empleo en materia de las denominadas ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis, los encausados Chaves [y distintos altos cargos] en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2002 introdujeron la aplicación presupuestaria [440]”.

“En definitiva, –remacha Anticorrupción– los responsables de la Consejería de Empleo proponen en la propuesta de anteproyecto de presupuestos la utilización de la aplicación presupuestaria 440, Hacienda lo consciente, elabora el anteproyecto de presupuestos que las recoge y los encausados Chaves [y los otros exaltos cargos] como miembros del Consejo de Gobierno lo aprueban y todo ello con conocimiento de los incumplimientos de su utilización y con la finalidad que ya han sido descritos para las modificaciones presupuestarias de los ejercicios 2000 y 2001”.

A partir de entonces, los fiscales consideran que cada anteproyecto de presupuesto que elaboró la Junta de Andalucía con el concepto 440 para las ayudas a empresas y trabajadores en crisis suponía alimentar ese fondo del que disponía Guerrero “sin la fiscalización debida y sin necesidad de tramitar expediente alguno”. En estos términos, lo recogen los fiscales para los presupuestos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Es decir, que los fiscales creen que Chaves, aunque no lo dicen expresamente, prevaricó al participar a través de las modificaciones presupuestarias, en la creación de un sistema de controles más relajados que el que había para pagar las ayudas y también al incluir año tras año en el presupuesto esa partida para ayudas sociolaborales.

Lo que dicen los expresidentes

La prevaricación implica tomar una decisión arbitraria “a sabiendas de su injusticia”. Tanto Chaves como Griñán han negado siempre que conocieran de irregularidades, que si lo hubieran sabido, las hubieran parado. Chaves afirmó en el juicio lo siguiente: “Yo partía de que cualquier ayuda estaba en la ley. Es muy difícil pensar que en una consejería se pudiera establecer conscientemente un procedimiento ilegal”. Añadió: “Yo siempre he partido de que mis consejeros y consejeras respetaban escrupulosamente la ley, me cuesta creer que alguien pudiera haber establecido un procedimiento ilegal o para burlar la ley”. Agregó: “Yo sabía que se daban ayudas sociolaborales, como sabía que se daban en otros ámbitos, Pero no sabía cómo se daban tales ayudas, no era mi ámbito de decisión”.

Por su parte, Griñán manifestó en la vista oral que los informes de la Intervención nunca le llegaron, que nunca supo que se estaban produciendo irregularidades, porque el interventor no lo vio necesario. Dijo: “Si no se promueve la actuación del consejero ni se le remite el informe, no puede actuar el consejero”. Griñán siempre ha sostenido que los interventores, si quieren que el Gobierno actúe y frene una actividad irregular, tienen que emitir lo que se llama un informe de actuación. Añadió: “El informe de actuación es la culminación de un proceso. Cualquier actuación de la Intervención ha de seguir un procedimiento reglado. No se pedía en concreto nada del consejero por eso no se me fue remitido”.