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La defensa del exministro cree que la Fiscalía se apoya en 'delirios' de la Policía

Denuncia que la posición del Ministerio Público, que quiere el suplicatorio de Blanco, tiene como base un informe de la UDEF que el juez dijo expresamente que no necesitaba

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La defensa del exministro José Blanco cree que la Fiscalía, en el informe que ha elevado al Tribunal Supremo para inculpar a su cliente en delitos de tráfico de influencias y prevaricación, se ha inspirado en un informe de la Policía cuyas conclusiones rozan el 'delirio', y cuya incorporación a la causa tienen impugnada.

Fuentes de la defensa de Blanco destacaron que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía pidió al instructor el pasado 31 de octubre que permitiera que un técnico en normativa medioambiental realizara un informe sobre si la licencia otorgada a la empresa Azkar en Sant Boi de Llobregat (en cuya concesión la Fiscalía afirma que, indiciariamente, medió Blanco) cumplió con la normativa en materia.

El 26 de noviembre, el juez del Supremo José Ramón Soriano, que instruye la causa, contestó a la Policía que no procedía designar a ese perito, ya que para el 13 de diciembre estaba citado como testigo el técnico del Ayuntamiento de Sant Boi José Ruiz Sánchez.

Su testimonio fue positivo para los intereses de Blanco, ya que destacó que no recibió presiones para avalar la instalación de la nave de Azkar objeto de controversia, y que aprobó la licencia porque la empresa solventó los problemas de carácter medioambiental que inicialmente tenía el proyecto.

Sin embargo, el pasado 6 de febrero la UDEF presentó un nuevo informe al juez instructor donde concluye que técnicamente el proyecto de Azkar no cumplía las condiciones medioambientales y contraincendios para obtener la licencia de instalación, y destaca que el Ayuntamiento la otorgó por las gestiones de Blanco con el alcalde de Sant Boi, del PSC, a petición de su amigo de la infancia y consejero delegado de Azkar Jose Antonio Orozco. De esa manera, este último se habría ahorrado entre 175.000 y 500.000 euros en medidas antiincendios.

En opinión de la defensa de Blanco, este informe suponía incluir el dictamen pericial medioambiental expresamente denegado por el juez Soriano, por lo que esta parte tiene impugnada ante el instructor su incorporación a la causa.

En dicho informe se incluyen cálculos matemáticos y algorritmos muy técnicos relativos a aspectos como 'la carga de fuego' en la zona de distribución de la nave, para contradecir las conclusiones del técnico municipal. Esos extremos son los tachados como 'delirios' por la defensa del exministro.

De hecho, añaden que cualquier defecto en los requisitos contraincendios hubiese sido subsanable, y destacan que en las inspecciones realizadas por el Ayuntamiento de Sant Boi de la nave, ya gobernando el PP la Corporación, no han detectado ningún defecto en esa materia.