Publicado: 12.12.2015 12:53 |Actualizado: 13.12.2015 10:03

El TSJ de Canarias prohíbe a la Fiscalía seguir investigando a la candidata de Podemos Victoria Rosell

Considera que el ministerio público podría haber vulnerado sus derechos fundamentales al abrir un expediente disciplinario administrativo a la jueza en excedencia por los negocios de su pareja en plena campaña electoral

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La magistrada en excedencia Victoria Rosell, candidata de Podemos, durante la rueda de prensa que ofreció hoy para aclarar las informaciones publicadas hoy sobre la investigación que le ha abierto la Fiscalía para esclarecer si favoreció al empresario Mig

La magistrada en excedencia Victoria Rosell, candidata de Podemos, durante la rueda de prensa que ofreció ante las filtraciones sobre la investigación abierta contra ella por la Fiscalía. EFE

MADRID.- Por la vía de urgencia, y con medida cautelarísima, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado un auto en el que ordena a la Fiscalía que suspenda su investigación abierta a Victoria Rosell, para proteger los derechos fundamentales de la cabeza de lista de Podemos por Las Palmas, en concreto su derecho a la participación pública y sufragio pasivo en condición de igualdad y su derecho a la defensa.

La medida cautelar fue adoptada este viernes por la vía de urgencia por los cuatro integrantes de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias, con su presidente, César José García Otero, a la cabeza.

La deliberación de la Sección duró cuatro horas a puerta cerrada, después de que a las ocho de la mañana la procuradora de Rosell presentara un recurso contencioso-administrativo donde denunciaba que la Fiscalía vulnera sus derechos fundamentales al abrir un expediente administrativo contra ella en plena campaña electoral por los negocios de su pareja, en especial su derecho a la participación pública y al sufragio pasivo en condiciones de igualdad.

En su auto, el TSJ de Canarias acuerda dar tres días de plazo a la Fiscalía para que presente sus alegaciones al recurso. Posteriormente, resolverá si mantiene la protección sobre Rosell y confirma la suspensión de toda acción del ministerio público hasta que se celebren las elecciones del próximo 20 de diciembre, en las que Rosell concurre como cabeza de lista de Podemos por Las Palmas.

La noticia de que Rosell había solicitado la medida urgente y cautelarísima de protección de sus derechos fundamentales corrió en el mundo jurídico y, poco antes de conocerse el auto, la Fiscalía de Canarias optó por remitir el caso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Se da la circunstancia de que las acciones disciplinarias contra los jueces fue atribuida por la Constitución al CGPJ, de forma exclusiva. Actualmente ejerce esta competencia administrativa el Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, una figura creara en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2013.

El auto del TSJ de Canarias ampara a la magistrada en excedencia y destaca que el procedimiento abierto por la Fiscalía es un "acto administrativo" que no tiene carácter penal.

El ministerio público investiga si Rosell dilató la investigación en su juzgado contra el presidente de la UD Las Palmas, quien luego compró a su pareja los derechos de una emisora cuando la magistrada ya había pedido la excedencia.

La Fiscalía de Canarias abrió un procedimiento contra Victoria Rosell el pasado 3 de diciembre para valorar "una posible infracción disciplinaria que en su caso sería puesta en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial".

Las elecciones fueron convocadas el pasado 27 de octubre, con la publicación del Decreto de disolución de las Cortes Generales.  Cuatro días antes, Victoria Rosell anunció había pedido su paso a la situación de servicios especiales en la Carrera Judicial y que había aceptado encabezar la lista de Podemos por las Palmas.

La Fiscalía ha tomado declaración a varios testigos en este tiempo y ha citado incluso periodistas, con el fin de conocer los vínculos entre la pareja de Rosell, Carlos Sosa, y el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, pesquisas que son filtradas a algunos medios de comunicación mientras se sucede la campaña electoral.

Anticorrupción abrió el expediente para determinar si Rosell retrasó una causa abierta en su juzgado contra Ramírez por delitos fiscales y fraude a la Seguridad Social, entre ellas la petición de una fianza millonaria que se habían solicitado en abril de 2014. Ramírez compró a Sosa los derechos de una emisora por 300.000 euros cuando la magistrada ya había dejado el juzgado para concurrir a las elecciones.