La operación sacar a Franco del Valle de los Caídos ya está en marcha. Y por diferentes frentes: el judicial y el legislativo. Mientras el PSOE ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso que pide la exhumación del dictador de la basílica del Valle de los Caídos, el Tribunal Supremo tendrá que responder este martes al recurso que el exjuez Baltasar Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz presentaron ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo en el que solicitan, entre otras cosas, el traslado de los restos del dictador y de José Antonio Primo de Rivera a otro lugar.

El objetivo que persiguen estas iniciativas es convertir Cuelgamuros en "un lugar para la memoria de las víctimas y los muertos de la Guerra Civil". Algo que debería ser fácil y accesible y que en España, de momento, apunta a utopía. Tanto es así que cuando se cumplen diez años de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica prácticamente nada ha cambiado en el Valle de los Caídos. De hecho, el Gobierno del Partido Popular sigue apelando a la mentira franquista de que el Valle de los Caídos ya es un monumento a la reconciliación o a la necesidad de un consenso para acometer cualquier tarea de resignificación que ellos mismos torpedean . 

"El Supremo tiene la oportunidad histórica de decir que en España tenemos derecho a la Memoria. Nos dijeron que la Audiencia Nacional no era la vía. La taponaron y expulsaron al juez. Ahora recurrimos a la vía del contencioso-administrativo por la vulneración clara de la Constitución y de la actual Ley de Memoria Histórica que supone el mantenimiento del Valle de los Caídos tal y como está en la actualidad", señala Baltasar Garzón, que denuncia que mientras la Fundación que rige Cuelgamuros sigue recibiendo ayudas públicas, las víctimas del franquismo han visto cómo el presupuesto para exhumaciones se ha quedado a cero desde la llegada del Partido Popular al poder. "Esto demuestra el afán discriminatorio de las políticias del PP", afirma el exjuez. 

La demanda de Garzón ha llegado al Supremo después de que el escrito que elevaron los mencionados juristas al Consejo de Ministros para resignificar el Valle de los Caídos mediante el Derecho Fundamental de Petición fuera, primero, ignorado, y después, contestado tarde y mal por el Consejo de Ministros. Concretamente, la demanda formulada por Garzón, Ollé y Ranz solicita los siguientes puntos. 

Traslado de los restos de Franco y Primo de Rivera

La demanda solicita el traslado de los restos del dictador y del fundador de Falange de la basílica del Valle de los Caídos porque supone "una clara exaltación de quienes encarnan la expresión política de represión en contra de las víctimas llevada a cabo de forma sistemática por orden del dictador". 

Asimismo, el texto de la demanda señala que el enterramiento de Franco y Primo de Rivera en el altar de la abadía vulnera hasta el propio derecho canónico ya que éste establece que no deben enterrarse cadáveres en las iglesias a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los cardenales a los obispos diocesanos. "Hasta donde sabemos ni Franco ni Primo de Rivera fueron cardenales u obispos", sentencia Garzón.

Exhumar y trasladar a las víctimas

La exhumación de los 33.847 personas que están enterradas dentro del Valle de los Caídos debe ser una prioridad para el Estado. Sin embargo, sólo se puede decir que el Estado ha entorpecido todo lo que ha podido las reclamaciones de los familiares. Incluso cuando, como en el presente, hay una sentencia en firme que ordena la exhumación de dos personas allí enterradas. 

Por ello, la demanda solicita que se establezcan los fondos necesarios para que, en los casos que sea posible, se proceda a la identificación y exhumación de las víctimas que hoy día están enterradas junto a su verdugo, el dictador Franco. 

Transformación del Valle en un espacio de memoria

Los juristas solicitan que el hasta ahora mausoleo franquista se convierta en un "espacio de memoria" donde las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, puedan ejercer su derecho a la Verdad y a la Reparación. Ese espacio de memoria debe incluir, entre otras cosas, un lugar de  "identificación, dignificación y homenaje de quienes se encuentran inhumados" y "la publicación oficial del nombre de todas las víctimas". 

El texto del recurso administrativo pone como ejemplos la recuperación de la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina; el Museo estatal de Auschwitz-Birkenau; Lugar de la Memoria, en Perú; el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos chileno; el Centro del Genocidio en Camboya; y, por último, el Monumento del Genocidio de Kigali, en Ruanda. 

Anulación de los decretos que regulan el Valle

También se insta a la anulación del decreto de 1 de abril de 1940 y del Decreto-Ley de 23 de agosto de 1957, en cuanto contradicen la letra y el espíritu de la

Constitución Española de 1978 y la Ley de Memoria Histórica de 2007. "Dicha anulación deberá extenderse, expresamente, al preámbulo y a todos aquellos preceptos que se refieren a la naturaleza y justificación del monumento y del lugar, así como a la utilización y destino del mismo, que imposibiliten su consideración como instrumento de reconciliación", señala la demanda. 

Nuevo marco jurídico para el Valle de los Caídos

La anulación de los decretos anteriores debe ir acompañada de la promulgación de un nuevo marco jurídico tanto para el Valle de los Caídos como para la institución que lo dirige y maneja sus bienes. El motivo es evidente: esta legislación debe respetar la Constitución y ahora mismo no lo hace, según los juristas. 

Remover los elementos que incitan al odio

Por último, el exjuez Garzón, junto a Manuel Ollé y Eduardo Ranz, han pedido la retirada de la simbología que contiene el mausoleo franquista que exalta a la dictadura y a los vencedores de la Guerra Civil. Asimismo, también pide que se ponga fin a la Misa "por los caídos" que se celebra en el interior de la basílica. "La reconciliación no se consigue a golpe de decreto y sí poniendo las herramientas necesarias para que las víctimas puedan acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación", ha sentenciado Ollé.