El Consejo General del Poder Judicial ha celebrado este martes su último Pleno antes de la renovación de sus miembros, y ha aprobado un balance general de su actividad que ha contado con el voto particular de Margarita Robles, quien ha presentado un texto muy crítico con el 'escaso peso político' que ha tenido la institución frente a reformas del Gobierno como la ley de Tasas o la propia reforma del órgano.

Esta crítica ha recibido, en términos generales, el apoyo de otros vocales que también han planteado voto particular concurrente al balance general, entre ellos el de Félix Azón, Manuel Almenar, Carles Cruz, Ramón Camp o Margarita Uría. La portavoz Gabriela Bravo también ha anunciado voto concurrente.

El texto del voto de Margarita Robles señala que la situación que deja el actual CGPJ no les puede permitir estar satisfechos 'al evidenciarse el escaso peso político que ha tenido este Consejo, para evitar reformas muy negativas para la Administración de Justicia y los ciudadanos, en materias en las que los propios informes del Consejo ponían de relieve los negativos efectos que iban a producirse'.

Entre estas reformas, cita la Ley de Tasas, que dificulta el acceso de los ciudadanos a la obtención de una tutela judicial efectiva, imponiendo el pago de cantidades para acceder a los tribunales, lo que sin duda genera diferencias entre aquellos en función de sus capacidades económicas. 'El CGPJ no consiguió que su informe a esa Ley, que ponía de relieve tales cuestiones, fuera tenido en cuenta', agrega el texto.

Dice también este voto particular que frente a unos órganos judiciales en muchos casos saturados de trabajo y con falta de medios 'no solo no se ha conseguido que se nos escuchara por el Gobierno creando nuevos órganos e intentando paliar sus carencias, sino que con la pretendida excusa de la austeridad se aprobó el 28 de Diciembre de 2.012 una reforma que además de prescindir del trabajo y esfuerzo de 1200 jueces y magistrados sustitutos, obliga a jueces/as y magistrados/as, muy sobrecargados de trabajo, a sustituirse entre sí, lo que sin duda alguna generará aún más retrasos en la Administración de Justicia en detrimento de los ciudadanos'.

Reconoce por ello que el órgano de gobierno de los jueces no parece que haya cumplido suficientemente su función de velar por una Justicia ágil, eficaz y cercana al ciudadano.

Valora sin embargo que, 'por suerte, en este contexto de crisis económica, la judicatura española está trabajando, pese a todos los problemas estructurales y se encuentra comprometida en aspectos de tanta relevancia, como la lucha contra la corrupción, los desahucios injustos, las restricciones de derechos derivados de la reforma laboral, las abusivas clausulas bancarias (preferentes, clausulas suelo, etc.)'.

Sobre la reforma del propio órgano, la vocal señala que tampoco se tuvieron en cuenta sus observaciones y que las competencias del nuevo Consejo que ahora se esta renovando 'se reducen, limitándose y constriñendo su funcionamiento, en favor del Poder Ejecutivo, en clara contradicción con lo pretendido por la Constitución al crear el Consejo General del Poder Judicial'.

Tras reconocer la labor del Consejo en otros aspectos, el texto reconoce que, por lo que se refiere a los nombramientos de carácter discrecional, 'lo cierto es que la opinión generalizada en materia de nombramientos no ha cambiado, y la consideración que hay es que éstos no responden sólo a criterios de mérito y capacidad.

Es cierto que estos criterios han sido tenidos en cuenta, pero no hemos motivado o justificado suficientemente los que se han hecho, y el juego de mayorías previsto en la Ley ha obligado a pactos que no han contribuido a la transparencia'.

'Tampoco ha contribuido a mejorar la imagen en este ámbito, la falta de publicidad y el oscurantismo que en ocasiones ha rodeado a las propuestas para organismos, misiones y tribunales internacionales', concluye.

La vocal Margarita Robles ha presentado este voto particular y se ha abstenido en la votación del balance, que ha contado con el voto concurrente de Carles Cruz, Félix Azón, Ramón Camp, Margarita Uría, Manuel Almenar y Gabriela Bravo.

El Pleno ha introducido en el balence una enmienda para destacar el hecho más significativo de sus cinco años de mandato, que fue la dimisión en 2012 --por primera vez en los 200 años de historia del Tribunal Supremo-- del presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Dívar, tras publicarse que había pagado con dinero de la institución viajes particulares a Marbella y otros destinos.

El balance es mucho más institucional y 'light', y menos autocrítico, que el voto de Robles. Define al Consejo como un órgano 'plural y complejo' que ha ejercido sus competencias tratando 'en las ocasiones posibles' de buscar el consenso y añade que los desaciertos que hayan podido producirse 'podrán ser corregidos en el futuro'. rA los miembros del CGPJ en los próximos mandatos les coresponde, según dice, dirigir 'con absoluta independencia' la política judicial en el marco de sus responsabilidades.

El texto repasa cada una de las competencias de este órgano, destacando que los nombramientos judiciales han sido una de las competencias 'más sometidas a crítica', que la Comisión Permanente ha resuelto 4.000 asuntos y desvelando que la mayor parte de las quejas y denuncias se deben a retrasos que, generalmente responden a deficiencias estructurales.

Ello determina que la Comisión Disciplinaria acepte el archivo propeusto por la Jefatura del Servicio de Inspección por no afectar a la responsabilidad de los magistrados, sin perjuicio de que hayan sido remitidas las comunicaciones oportunas si se aprecia alguna responsabilidad.

El balance destaca también las relaciones exteriores mantenidas especialmente con Europa e Iberoamérica en materia de cooperación, pese a que el Servicio de Relaciones Internacionales ha pasado de 1,2 millones en 2010 a 400.160 euros en 2013, lo que supone una reducción presupuestaria de un 62,7 por ciento.

En términos económicos, expone que mandato del actual Consejo ha sufrido una progresiva reducción del 23 por ciento y el nivel de ejecución del presupuesto cada año ha sido del 80 por ciento de su importe.