Publicado: 06.09.2016 11:16 |Actualizado: 06.09.2016 11:16

Casi 3.000 personas han quedado excluidas del sistema sanitario
en los últimos dos años

La Red de Denuncia y Resistencia al real decreto de reforma sanitaria advierte de que en una quinta parte de los casos recogidos en los últimos cuatro meses se incumple la ley porque hay 14 casos de embarazadas que no recibieron atención, 35 menores, tres solicitantes de asilo y 20 ocurridos en urgencias.

Publicidad
Media: 2.50
Votos: 4
Comentarios:
Un médico atiende a una mujer en una consulta de Atención Primaria./ EFE

Un médico atiende a una mujer en una consulta de Atención Primaria./ EFE

MADRID.- La Red de Denuncia y Resistencia al real decreto de reforma sanitaria (Reder) ha documentado entre abril y julio de este año 338 casos de "vulneraciones del derecho a la salud", que se suman a los 2.496 que lleva detectados esta entidad desde que se creó hace dos años.

En un informe titulado La salud en los márgenes del sistema, la Red hace un balance cuatro años después de la entrada en vigor de la reforma sanitaria —el 1 de septiembre de 2012—que supuso la exclusión de la sanidad pública de más de 800.000 inmigrantes. La Red está integrada por 300 organizaciones entre las que destacan la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Médicos del Mundo o la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública.



En una quinta parte de los casos recogidos en los últimos cuatro meses, se incumple la ley, ya que hay 14 casos de embarazadas que no recibieron atención, 35 menores, tres solicitantes de asilo y 20 ocurridos en urgencias. Además, hay 14 testimonios de ancianos con residencia legal en España a los que no se les ha prestado asistencia sanitaria después de haber llegado a nuestro país por reagrupación familiar.

Entre los casos de los últimos cuatro meses, tres eran de cáncer, cuatro de enfermedades cardiovasculares, 13 de diabetes, siete de hipertensión, ocho de VIH, cuatro de enfermedades degenerativas, seis de enfermedades potencialmente mortales y cinco de enfermedades mentales graves.

Todas las comunidades autónomas, excepto Castilla y León y La Rioja, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han aprobado órdenes, instrucciones o decretos con la intención de contrarrestar la reforma sanitaria. Esto choca, según la Red, con el "inesperado respaldo" que el Tribunal Constitucional le otorgó a la reforma sanitaria el pasado mes de julio, contradiciendo sus propios autos anteriores y avalando que la salud y la vida de miles de personas quede supeditada a la consecución de un ahorro económico.

Para la Red, "ningún sitio de España retrata como Melilla el drama de la exclusión sanitaria" debido a su alto porcentaje de población inmigrante, la aplicación "restrictiva" del real decreto y el elevado número de personas que viven en la calle, muchas de ellas menores, por la falta de capacidad de los centros de atención. Destaca que el acceso a la sanidad pública en Melilla encuentra más barreras que en ningún otro lugar del Estado, como ha ocurrido en tres casos de tuberculosis que no han recibido el tratamiento adecuado.

En opinión de la Red, la eliminación de la reforma sanitaria "no sólo es urgente, sino también inaplazable" para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas que se encuentran en el territorio español, con independencia de su situación administrativa.

Las entidades que conforman la Red instan a todos los partidos a situar la salud como la primera prioridad de la agenda política y acabar de una vez por todas con la exclusión sanitaria, tras recordar que la mayoría de las fuerzas parlamentarias se han compromiso con la sanidad pública y universal. Piden a los Gobiernos autonómicos que lleguen al límite de sus competencias para garantizar que todas las personas que viven en sus territorios puedan acceder a la asistencia sanitaria sin discriminación alguna.

Al personal sanitario, de administración y gestión del Sistema Nacional de Salud, les invitan a sumarse al movimiento de objeción de conciencia, recordando que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos. También animan al conjunto de la sociedad civil a apoyar las movilizaciones y acciones de rebeldía frente a esta legislación "injusta".