Este martes estaba previsto que arrancara en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por la venta en 2013 de 1.860 viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid al fondo buitre Blackstone cuando Ana Botella era alcaldesa de la ciudad, pero la ausencia de una de las acusaciones particulares ha obligado a aplazar el inicio de la vista hasta este miércoles.

En el banquillo de los acusados se sentarán Fermín Oslé Uranga, exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone. La primera jornada del juicio se centrará en las cuestiones previas y declararán los dos acusados. Quien no se sentará en el banquillo será Ana Botella, quien sólo comparecerá como testigo.

Las familias afectadas por la venta de estas viviendas, repartidas en 18 promociones esperan que "por fin" se haga justicia después de ocho años. Sin embargo, la máxima responsable política de aquella decisión, Ana Botella, ya ha sido exonerada. En diciembre de 2018 el Tribunal de Cuentas condenó a la exalcaldesa madrileña Ana Botella y a seis de sus ediles a pagar 22,7 millones de euros por vender esas viviendas sociales a Fidere de forma "ilegal", sin concurrencia, publicidad y por debajo de su precio, pero en julio de 2019 el propio Tribunal de Cuentas anuló la condena a Botella con el voto de dos jueces nombrados a propuesta del PP. 

La Fiscalía no imputa ningún delito a los dos acusados y solicita su absolución al considerar que no han cometido ninguna infracción penal. En cambio, los afectados solicitan para los encausados ocho años y cuatro meses de cárcel por fraude, prevaricación, malversación de causales públicos, así como ocho años de inhabilitación para ejercer como cargo público. La mercantil Fidere figura como responsable civil subsidiaria. También ejerce como acusación particular el Grupo Municipal Socialista, que pide siete y tres años de cárcel.

El juicio se va a celebrar a la tercera. Promovido por el PSOE y los propios afectados por aquella venta, la causa se archivó hasta en dos ocasiones, al considerar el juez de instrucción que no había "suficientes elementos" para seguir con la investigación. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura del caso a instancias de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS.

"Aquella operación fue infame. Se vendieron las 1.860 viviendas a un precio ridículo a un fondo americano de inversión. Hubo una tasación que valoró el precio el doble con independencia de que había otra solución", resumió este martes a Europa Press, Mariano Benítez de Lugo, uno de los abogados de la acusación.

Arropado por una veintena de perjudicados, Benítez de Lugo, explicó a los periodistas que esperaban a la puerta de los juzgados que Ana Botella tuvo "mucha responsabilidad" en los hechos, pero que su exoneración tuvo que ver con motivos políticos y con las maniobras del PP. "Fue bastante chocante y contrario a derecho porque la ponente fue Margarita Mariscal, exministra de Justicia con José María Aznar. Su deber de abstención era manifiesto", dijo el abogado.

"Creemos que Botella tuvo bastante responsabilidad. Fue bastante chocante y contrario a derecho porque la ponente fue Margarita Mariscal, exministra de Justicia con José María Aznar. Su deber de abstención era manifiesto", añadió el abogado Benítez de Lugo.

"Por parte de Ana Botella no hemos tenido ninguna noticia, sólo la del Pleno que fue una decisión que nos truncó la vida y el patrimonio de la ciudad de Madrid. Hemos tenido algunos apoyos como los del Defensor del Pueblo y el PSOE y otros apoyos oportunistas", lamentó la presidenta de la asociación de afectados, Arantxa Mejías, quien acompañaba al letrado delante del juzgado.