Publicado: 16.09.2016 07:53 |Actualizado: 16.09.2016 07:53

Reclaman a la Xunta que investigue a 76 médicos que trabajan a la vez en centros públicos, privados y concertados

La asociación Batas Blancas asegura que son sólo “una muestra” de las numerosas violaciones de la ley de incompatibilidades en la sanidad gallega

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El Centro Hospitalario Universitario de A Coruña.

El Centro Hospitalario Universitario de A Coruña.

A CORUÑA.- La Asociación Batas Blancas de Galicia ha requerido al Servicio Galego de Saúde (Sergas) para que investigue la situación de al menos 76 médicos de los que tiene constancia de que trabajan simultáneamente en hospitales públicos y en centros privados sin haber solicitado el preceptivo permiso de compatibilidad, o incumpliendo la ley si les ha sido denegado. En algunos casos son médicos de la sanidad pública que ejercen una actividad privada en centros concertados con el Sergas, una actuación estrictamente vetada por la normativa estatal de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado.

Entre los denunciados hay médicos de prácticamente todas las especialidades y de todos los rangos: jefes de departamento, de servicio, de sección y hasta residentes. “Un residente no puede trabajar en la medicina privada porque no tiene el título”, recuerda José María Borro, presidente de Batas Blancas en la comunidad, quien afirma tener constancia de que hay colegas que podrían estar poniendo en peligro la salud de sus pacientes: “Sabemos de algunos que salen de guardia en un centro público y se van a operar a otro privado sin apenas tiempo de descanso, y de otros que abandonan su puesto en el hospital público en una ciudad para atender una urgencia en una clínica privada, dejando en el servicio a un residente”.



En su demanda, dirigida al conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, y a la subdirectora xeral de Inspección de Servicios Sanitarios, Mercedes Lanza Gánzara, la asociación asegura que los 76 ejemplos que ha recogido son “solamente una muestra” de una práctica que podría tener muchos más galenos implicados, por lo que reclama que se investiguen “todos los casos de actividad privada en el ámbito del Sergas” y, en su caso, “que se haga cumplir la legalidad vigente” y se sancionen los casos de incumplimiento.

Además, Borro resalta que los recortes en personal sanitario –alrededor de 1.500 profesionales menos durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo- y el elevado índice de paro convierte en “una injusticia” el que haya médicos ocupando dos empleos. “Y lo peor es que algunos llegan a decirte que de donde sacan dinero es de la medicina privada, y que su trabajo en la pública sólo les interesa para darse buena imagen y atraerse pacientes”.

Las incompatibilidades denunciadas afectan a trece galenos del Centro Hospitalario Universitario de A Coruña y del Hospital Abente y Lago, que trabajarían también en los centros concertados de A Coruña Hospital Modelo, Clínica Quirón y Hospital San Rafael; de otros tres del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que lo harían también en el San Rafael coruñés y en el hospital vigués Vithas-Nuestra Señora de Fátima. También hay siete profesionales implicados del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), que tendrían otro empleo en el hospital privado Polusa y en el Sanatorio Nuestra Señora de los Ojos Grandes de Lugo; y ocho del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y del Laboratorio Gallego de Patología, que compaginarían su labor con la Clínica La Rosaleda y con el Sanatorio Nuestra Señora de la Esperanza.

En el Complejo Hospitalario de Pontevedra, Batas Blancas ha constatado doce casos de incompatibilidades; y otros treinta y tres en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, que afectan a médicos que también trabajarían irregularmente en la Clínica Santa Teresa-Cooperativa Sanitaria de Galicia (COSAGA). Este último es el ejemplo más sangrante, dado que, según Batas Blancas, en ese hospital privado, concertado con el Sergas, “más del 90% del cuadro médico está en situación de presunta incompatibilidad”.
En julio pasado, tal y como informó Público, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Murcia abrió expediente a 33 médicos que ejercían prácticas similares.