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Desasosiego entre los cooperativistas de Marinaleda: "No puedes condenar a un pueblo a emigrar"

'Público' visita la emblemática cooperativa de Marinaleda, sobre la que pende una orden de desalojo ratificada por la Justicia. Una negociación entre la Junta y el Ayuntamiento emerge ahora como solución.

Jornaleras limpiando de hierbas la alcachofa.
Jornaleras limpian de hierbas la alcachofa. R. Bocanegra

Es el tiempo de la alcachofa en Marinaleda (Sevilla). La vista de las hileras, en perfectas líneas paralelas, de las plantas se pierden en el horizonte, donde asoman los olivos.

Está nublado –en plena sequía, la previsión da lluvia para el día siguiente, ¡aleluya!–. Los colores, rosas, naranjas, grises, de la ropa de la cuadrilla, eminentemente formada por mujeres, destacan sobre el verde de la planta y el marrón de la tierra.

El trabajo es duro. Se doblan las espaldas de las mujeres, la azada se clava en la tierra. A ritmo de soleá, la cuadrilla elimina las malas hierbas para que la alcachofa pueda crecer sana, luego envasarse y enviarse para su venta al norte, hacia Navarra.

El ambiente es alegre, charlatán, entre golpe y golpe se comentan las cosas del día, algún cotilleo. Se habla poco a pie de campo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha dado la razón a la Junta, y, con ello, ha abierto la puerta al desalojo de El Humoso, la emblemática cooperativa de Marinaleda, y a la venta de las tierras.

El desasosiego queda "más para los grupos de WhatsApp", dice a Público Gloria Prieto, jornalera, con el azadón en la mano y los guantes amarillos manchados de tierra. "[La sentencia] ha creado incertidumbre. Esto se tiene que arreglar de alguna manera. No puedes condenar a un pueblo a emigrar y condenar a toda una comarca. Aquí viene gente a trabajar de toda la zona", añade.

Ahora, se abre un periodo de negociación entre el Ayuntamiento, que tiene un derecho de adquisición preferente de las tierras, y el Gobierno andaluz. "Si quieren solucionar esto, hay solución. Hoy estoy más tranquilo. El problema era que no se llegara a negociar. ¿En un mes, como dice la orden de desalojo, nos vamos de aquí? Esto está en funcionamiento. Esto está generando empleo. No son conscientes del impacto que tiene eso", asegura a Público Juan Prieto, presidente de la cooperativa.

Fábrica y salarios

A unos kilómetros de la finca, que está en el término municipal de Écija, a las afueras de Marinaleda, se encuentra la planta envasadora de la cooperativa, donde se trabaja ahora a pleno pulmón enlatando las alcachofas, y también las oficinas desde donde se gestiona todo. La cooperativa se divide en cuatro áreas: campo, molino de aceite, fábrica de conservas, más gestión.

Allí, Verónica Tejada, administrativa, abunda en la preocupación: "A ver qué pasa, hay inquietud. [La cooperativa] es el motor del pueblo. Sin esto, no sé lo que puede pasar".

En la cooperativa, según aseguran, todos tienen el mismo salario, hagan el trabajo que hagan (plantar, desbrozar, moler, envasar, coordinar, hacer números...). "La última persona que entra tiene el mismo sueldo", asevera Juan Prieto.

"Gano lo mismo que el que está barriendo el patio. Es una de las herramientas por las que estamos [aún] aquí. Que todo el mundo tenga la misma categoría", corrobora Manuel Martín, maestro molinero. Eso mismo cuentan también en el departamento de gestión.

La jornada completa son 1.430 euros al mes. No todos los empleos son fijos. El campo, argumentan, es así. Aproximadamente 40 personas trabajan de manera permanente en la cooperativa, según sus propios datos, y el resto son discontinuos, hasta 500 e incluso 700, en algunos momentos. Estos cobran en función de lo que trabajen. Va por campañas.

La alcachofa que se envasa ahora se plantó el pasado julio, en pleno calor, con mucho cuidado, por la mañana. La próxima campaña será la de la haba. Las cuadrillas antes se convocaban mediante asamblea, ahora se hace a través del teléfono móvil. Los empleos, aseguran, se reparten. "Vamos rotando. Tenemos grupos de WhatsApp. Desde la covid, la asamblea se hace por el WhatsApp", dice con humor Gloria Prieto. "La cuestión es que al final haya lo mismo en todas las casas", añade.

Esas cifras de empleo son muy relevantes en un municipio como Marinaleda, que tiene 2.579 habitantes, con una edad media de 42 años, según el Instituto de Cartografía de Andalucía, y en el que hay escasas oportunidades de empleo, más allá del campo. "Es un pueblo chico. Si nos quitan la tierra, ¿dónde íbamos a trabajar?", se plantea Gloria Prieto.

Tanto en el campo, en la cuadrilla, como en la planta de envasado, y también en el departamento de administración, hay mayoría de mujeres, al menos, así era el día que acudió Público a Marinaleda. "Para ir mejorando en todos los aspectos, van a ir entrando más mujeres en la comisión cooperativa", dice Óscar García Jurado, economista y asesor de las cooperativas. "En el resto de categorías están bien representadas", añade.

"Me he criado aquí. He tenido otras vivencias, distintas a las de otra gente, más centradas en compartir con la gente", afirma Gloria Prieto. "Aquí las mujeres tenemos mucha libertad al trabajar y ganar lo mismo que los hombres".

Rentabilidad y reparto

"Ya ves los planes que hay de dejar de producir", afirma García Jurado mientras señala los planos que muestra el maestro molinero Manuel Martín. Se trata de la ampliación de la almazara y su presupuesto, 129.300 euros.

La cooperativa es rentable. Vende todo lo que produce. "Para suministrar las habas y las alcachofas que nos piden, deberíamos cultivar el doble de tierra", asegura Juan Prieto. Desde el año 2015, salvo un par de años, han dado un resultado positivo, aseguran a Público.

"Nuestro aceite no tiene trazas. Está limpio de residuos. Es muy fácil venderlo. Nosotros sacamos calidad. Zumo de aceituna. La producción está integrada desde el olivar hasta la botella. Se controla como lo que es, oro. Tenemos calidad homologada y certificación ecológica", afirma Martín.

En Marinaleda se cultivó en la campaña 2020/2021, por orden alfabético, ajos, alcachofas, algodón, brócoli, cártamo, cebada, garbanzos, girasol, habas, lavandín, olivar, orégano, pimiento, romero y trigo.

Aunque la sequía afecta porque ha impedido, por ejemplo, plantar pimientos durante dos años consecutivos, muy necesitados de agua, esa diversificación de los cultivos y los precios del aceite, que se vende a granel a 9,15 euros el kilo, permiten un desahogo.

No hay reparto de plusvalías. Todo se reinvierte, asegura su presidente. "¿Por qué funcionamos aún? Porque nuestro objetivo no es ganar dinero, es que haya mucho trabajo y que todo el mundo cobre lo que tiene que cobrar. Si quisiéramos lo que quieren los terratenientes, el dinero por el dinero, podríamos poner el olivar en intensivo, pero no. Estamos pensando que esto es del pueblo. Aquí tiene que trabajar todo el pueblo. Los gestores nos dedicamos a eso", afirma Juan Prieto.

"En la cultura jornalera funciona el concepto competente más que el concepto competitivo. Ser competente cada persona en cada sitio hace que la cooperativa sea competitiva", afirma García Jurado. "Nuestro discurso y el de los agricultores convencionales son antitéticos. A ellos, actuando capitalistamente, el capitalismo los está matando, al menos eso dicen, que están muriendo. En Marinaleda, sin embargo, las cuentas salen, en inversiones y en empleo", remacha García Jurado.

El uso de la tierra

Unos metros más arriba de donde trabajan las jornaleras está la entrada del cortijo, adquirido por la Junta de Andalucía en los 90 al Duque del Infantado, tras una intensa actividad sindical. Ahora lo gestiona la cooperativa en régimen de concesión. El pago anual a la Junta de Andalucía es de 170.000 euros, que se abona religiosamente, según aseguran a Público tanto Juan Prieto como Óscar García Jurado. "Eso y los impuestos al Estado español", agrega este último.

En letras mayúsculas escritas en rojo sobre una pared encalada, la leyenda: "Este cortijo es para los jornaleros en paro de Marinaleda". Al lado, la puerta, en cuyo dintel se lee El Humoso. "Este es el photocall agrario más popular del mundo", dice García Jurado. "Viene gente de toda Europa", añade.

Sobre la sentencia y a quién debe pertenecer la tierra, Juan Prieto es muy claro: "Nosotros queremos el uso. Si la hubiéramos comprado nosotros, se hubiera ido a una fundación que nadie podría tocar. La tierra no debe poder venderse de manera privada".

"Para nosotros, esto no tiene sentido ninguno. No tiene por qué haber ningún problema. Lo que queremos es evitar la privatización de la tierra. Ya se sabe que eso no es bueno", remacha Juan Prieto.

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