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Maribel Tellado: "La prohibición del aborto obliga a muchas mujeres a elegir entre la muerte o la cárcel"

Hay nueve países que criminalizan el aborto sin excepciones y siete de ellos están en América Latina. 47.000 mujeres embarazadas mueren cada año por tratar de abortar al margen de la ley. La experta en Género de Amnistía Internacional España insiste en que "las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres no deben tomarlas políticos ni jueces"

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Maribel Tellado, experta en Derechos Sexuales y Reproductivos de Amnistía Internacional España.

MADRID.- El Parlamento polaco dio el visto bueno el pasado viernes a una iniciativa popular para castigar el aborto con penas de cárcel y permitirlo únicamente cuando la vida de la madre esté en peligro.​ Un día después, miles de personas se manifestaban en Dublín para reclamar al Gobierno que plantee en un referéndum la modificación de su ley que, como la polaca, sólo prohíbe la interrupción del embarazo excepto si hay riesgo para la madre.  

Por noticias como éstas, cada 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por la despenalización del aborto. Fue una de las conclusiones del Encuentro de Feministas Latinoamericanas celebrado en Buenos Aires en 1990 y su objetivo es lograr que el aborto sea regulado como derecho para frenar la mortalidad materna, los riesgos para la salud de las mujeres asociados a los abortos clandestinos y evitar los procesamientos de mujeres y profesionales sanitarios por esta causa. El Movimiento Feminista de Madrid ha convocado una manifestación para este miércoles a las 19.30 horas que saldrá de la Glorieta de San Bernardo y llegará al Ministerio de Justicia.

La experta en Derechos Sexuales y Reproductivos de Amnistía Internacional EspañaMaribel Tellado, advierte de que de las leyes más restrictivas están "obligando a dar a luz a niñas violadas y a que mujeres con enfermedades incompatibles con el embarazo deban elegir entre morir o pasar años en la cárcel". 

¿En qué países está prohibido y penado el aborto? ¿Dónde hay leyes más restrictivas?

Según el informe anual 2015/2016 de Amnistía Internacional, hay nueve países en el mundo que criminalizan el aborto sin excepciones expresas. Siete de ellos, están en América Latina y Caribe: El Salvador, Nicaragua, Chile -aunque la Cámara de Diputados aprobó en marzo la despenalización del aborto en tres causales (peligro de la vida de la madre, malformación fetal y violación), la iniciativa todavía tiene que ser aprobada por el Senado-, Honduras, República Dominicana, Surinam y Haití. Los otros dos son El Vaticano y Malta.

El Salvador, por ejemplo, establece largas penas de cárcel para mujeres y niñas, que pueden llegar a ser acusadas de “homicidio agravado” por haber sufrido un aborto espontáneo. En la práctica, esto supone obligar a dar a luz a niñas violadas, y a que mujeres con enfermedades incompatibles con el embarazo deban elegir entre morir o pasar años en la cárcel.

Aunque América Latina concentra los países con las leyes más restrictivas, países como Marruecos también siguen penalizando el aborto. Sólo está permitido en aquellos casos en los que existe riesgo para la salud de la madre y, además, está sujeto al consentimiento del cónyuge, por lo que se impide que la mujer tome una decisión autónoma. Salvo la excepción del peligro para la salud materna, las mujeres y niñas que tratan de abortar se arriesgan a ser condenadas a un máximo de dos años de prisión, mientras que los profesionales médicos pueden ser encarcelados hasta un máximo de 30 años (artículos 449-452 y 454-458 del Código Penal). Hace un año, las autoridades marroquíes afirmaron que el acceso al aborto se ampliaría a los casos de lesiones graves del feto o de embarazo resultado de violación o incesto, pero el Gobierno no ha dado a conocer todavía el proyecto de modificaciones del Código Penal a este respecto.

Como dice, Chile dio un paso histórico permitiendo el aborto en tres supuestos. Sin embargo, en América Latina este asunto sigue siendo una asignatura pendiente.  ¿Cuál es el panorama actual, ha habido avances o retrocesos?

El panorama actual continúa siendo desolador ya que la mayor parte de las regiones de América Latina y Caribe navegan a contracorriente en la despenalización del aborto. Además de El Salvador, en Nicaragua, por ejemplo, tampoco se reconoce el aborto en caso de violación. En este país, la mayoría de las víctimas de violencia sexual son menores de 17 años, mayoritariamente niñas de entre 10 y 14 años, que se quedan embarazadas a causa de una violación y tienen que llevar a término el embarazo o someterse a un aborto ilegal y no seguro, corriendo el riesgo de ser encarceladas si son descubiertas. 

Pero incluso en los demás países de la región, que tienen leyes más o menos restrictivas, la falta de regulación del aborto no punible hace que permanentemente surjan dudas sobre la legalidad de esta práctica y un estigma contra quienes buscan y practican estos abortos permitidos por ley.

En Paraguay, por ejemplo, en agosto de 2015, una niña de 11 años que quedó embarazada tras ser violada en repetidas ocasiones -aparentemente por su padrastro- dio a luz, lo que es un trágico recordatorio de la necesidad urgente de que Paraguay revoque su estricta ley sobre el aborto. La terrible historia de esta niña ilustra lo que está mal en cuanto a los derechos humanos de mujeres y niñas pobres y marginalizadas en Paraguay.

En Argentina se produjo un paso hacia adelante el pasado mes de agosto cuando la corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán ordenó la libertad de Belén, condenada a ocho años de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo y que llevaba más de dos años en prisión preventiva.

Polonia acaba de recrudecer su ley con penas de cárcel a las mujeres que interrumpan su embarazo excepto si sus vidas corren peligro. ¿Cómo está la situación en Europa? ¿Cree que podemos darnos por 'satisfechos'?

No, todavía queda mucho por hacer. En Irlanda, por ejemplo, la nueva Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo castiga el aborto con condenas de prisión de hasta 14 años. Esto pone de manifiesto que se están cuestionando los derechos de mujeres y niñas a expresar su sexualidad y a tomar decisiones sobre su cuerpo. Un dato: cada día, entre 10 y 12 mujeres que viven en Irlanda viajan a Inglaterra para abortar. La mayoría tiene entre 20 y 34 años. Interrumpen su embarazo por diversas razones, pero el motivo de su viaje es el mismo.

En este sentido, en junio de este año, se dio un gran paso: el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en la que declaraba que las leyes irlandesas que prohíben el aborto violaron los derechos de Amanda Mellet, ciudadana con doble nacionalidad irlandesa y estadounidense, a quien en 2011 negaron el aborto a pesar de que se le había diagnosticado una anomalía mortal del feto. La denuncia ante el Comité de Derechos Humanos la había presentado en noviembre de 2013 el Centro de Derechos Reproductivos en nombre de Amanda Mellet. Es la primera vez que un órgano internacional de derechos humanos concluye que un Estado ha violado sus obligaciones en materia de derechos humanos por penalizar y prohibir el aborto. Una decisión pionera para Irlanda, que tiene consecuencias mundiales de largo alcance.

Desde el año pasado, España obliga a las menores de 18 años y a las mujeres con discapacidad intelectual a obtener el consentimiento de su padre, madre o tutor para abortar. ¿Qué le parece?

Tanto el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica instaron a España a no restringir el acceso de mujeres y niñas a estos servicios. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos recomendó a España que se asegurara de que ninguna barrera legal obligaba a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, que ponía en peligro su vida y su salud.

Para Amnistía Internacional, se trata de una regulación que no está basada en criterios médicos y, por lo tanto, puede suponer una discriminación en el acceso de estas menores a servicios de aborto legales y seguros.

¿Qué supone para las mujeres y para la sociedad en general vivir en un país donde esté prohibido abortar?

En estos países, las mujeres y las niñas pagan un elevado precio por las restricciones impuestas al aborto legal y seguro. El precio es su salud, su bienestar e incluso su vida (por peligros asociados al embarazo o por suicidio). Además, en muchos casos se enfrentan a penas de cárcel y, en términos sociales, a un estigma que les persigue el resto de su vida.

También sus familias se ven afectadas. A menudo, hijos e hijas de mujeres encarceladas en virtud de estrictas legislaciones contra el aborto se enfrentan a dificultades económicas y se ven privados del contacto con sus madres.

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, todos los Estados deben garantizar la ausencia de discriminación y la igualdad en el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos. Para ello tienen que eliminar la discriminación en las leyes, en políticas y prácticas, y no sólo por parte de los agentes del Estado, sino también por parte de organizaciones privadas y particulares tales como familiares, profesionales médicos o líderes religiosos.

Las decisiones sobre el cuerpo y la salud de las mujeres deben tomarlas las propias mujeres en consulta con sus médicos, no políticos ni jueces.

¿Qué riesgos suponen y cómo se practican los abortos clandestinos? 

47.000 mujeres embarazadas mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo.

Según un informe que realizamos en El Salvador, algunos de los métodos más habituales que utilizan las mujeres y las niñas para poner fin a un embarazo son: ingerir raticida u otro pesticida, introducir por el cuello del útero agujas de tejer, trozos de madera y otros objetos cortantes y tomar misoprostol, un medicamento para la úlcera que se utiliza mucho para inducir el aborto.