Nueva tentativa en Francia por atajar el proyecto de reforma de las pensiones del Gobierno. La de este martes busca, tal y como apuntan los sindicatos, "paralizar Francia", un nuevo pulso al Ejecutivo de Macron que, según prevén, podría ser el mayor realizado hasta la fecha.

En la retina queda la enorme movilización que, en diciembre de 1995, sacó a la calle a más de medio millón de franceses y que logró la paralización de la reforma que por aquel entonces planteaba el Gobierno del conservador Alain Juppé, con mayoría absoluta en el Parlamento.

El paro se inició este viernes con una reducción de la producción de electricidad, mientras que parte del sector de los camioneros cortaron algunas carreteras este lunes. Por su parte, la huelga en los ferrocarriles arrancó a lo largo de la tarde de este lunes debido a la organización de los turnos.

Si comparamos con los otros paros que se han desarrollado a lo largo de enero y febrero, esta vez se prevé que haya muchos más trenes y vuelos suspendidos en toda Francia. Además, el transporte público de la región de París también se verá más afectado.

"Los más perjudicados por las huelgas serán los franceses más modestos", afirmó la primera ministra, Élisabeth Borne, en una entrevista televisiva la pasada noche, en la que recalcó que una eventual paralización del país será "mala para los ciudadanos".

Rechazo mayoritario a la reforma

Los puntos más conflictivos de la reforma son el aumento de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, que entraría en vigor en 2030, y el adelantamiento a 2027 del alargamiento del período de cotización para tener la pensión máxima, de 42 a 43 años, hasta ahora previsto para 2035.

Todas las encuestas de los últimos meses muestran un rechazo muy mayoritario a la reforma (un 68%, según un sondeo de Ifop publicado el domingo) y un apoyo a los sindicatos en sus planes para continuar las huelgas más allá del martes (un 56%, según otro sondeo de Elabe hecho público el lunes).

Sin embargo, el Gobierno se mantiene firme, con el argumento de que si no hay reforma el sistema tendrá un déficit anual de 12.500 millones de euros en 2030, y espera aprobar este mismo mes el proyecto, que está siendo tramitado en las dos cámaras del Parlamento por procedimiento de urgencia.