El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que los afectados por el escándalo dieselgate, destapado en el año 2015 al conocer que el grupo Volkswagen había equipado sus vehículos con un dispositivo que manipulaba los datos sobre las emisiones contaminantes, tienen derecho a cobrar una indemnización por parte del fabricante de automóviles. 

La Justicia Europea responde a la sentencia del Tribunal alemán de un ciudadano que demandó por daños y perjuicios a la firma automovilística Mercedes-Benz. El particular compró un vehículo fabricado con un mecanismo que falseaba las emisiones contaminantes del mismo.

La sentencia concluye que la legislación de la comunidad europea "establece un vínculo directo entre el fabricante de automóviles y el comprador individual de un vehículo de motor". Además, esta relación "tiene como objetivo garantizar al comprador que dicho vehículo cumple con las normativas de la UE".

Por ello, el Alto Tribunal europeo afirma que la normativa protege los intereses individuales de los ciudadanos que han adquirido vehículos con "un dispositivo de desactivación prohibido". En consecuencia, los Estados miembros "están obligados a garantizar que el comprador del vehículo goce de su derecho a ser indemnizado por el fabricante".

Asimismo, los Estados miembros son quienes deberán decidir la cuantía de la indemnización, pero en cualquier caso la normativa nacional "no puede imposibilitar o dificultar excesivamente la obtención de la compensación económica adecuada a los daños causados al comprador, ni producir un enriquecimiento injusto de los beneficiados", según el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión Europea ha celebrado la resolución del Tribunal de Justicia porque "ahora está claro" que los afectados por el dieselgate tienen derecho a su compensación. Christian Wigand, el portavoz de Justicia, ha asegurado que la protección de los consumidores en la UE ha sido reforzada a raíz de este caso.