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Orgullo 2018 La ley trans en Madrid, bloqueada durante dos años después de su aprobación

No sólo no se han desarrollado los principales apartados de la norma, sino que las organizaciones trans y partidos de la oposición denuncian que existe un agujero negro en cuanto a información de las actuaciones llevadas a cabo, falta de coordinación de los órganos que deberían controlar su aplicación y, sobre todo, falta absoluta de datos y respuestas contradictorias por parte de la Consejería de Sanidad.

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Manifestación por los derechos trans / COGAM

El 17 de marzo de 2016 el pleno de la Comunidad de Madrid aprobó, con la abstención de los diputados del Partido Popular, la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, más conocida desde entonces como “la ley trans”. Su aprobación generó la alegría de la oposición y de los colectivos trans, que veían en esta norma por fin el reconocimiento de derechos largamente postergados.

Sin embargo, más de dos años después, la ley sigue sin aplicarse. No sólo no se han desarrollado los principales apartados de la norma, sino que las organizaciones y partidos políticos que la presentaron denuncian que existe un agujero negro en cuanto a la información de las actuaciones llevadas a cabo, falta de coordinación de los órganos que deberían controlar su aplicación y, sobre todo, falta absoluta de datos y respuestas contradictorias por parte de la Consejería de Sanidad.

Este año el Orgullo tiene como foco este colectivo que se siente postetgado en la consecución de sus derechos. 

El pasado mes de febrero el presidente de la comunidad de Madrid aseguró en una rueda de prensa tras el consejo de Gobierno que "se están poniendo en marcha todos los aspectos que mencionaba la ley, aunque seguramente algunos requieren más tiempo de implantación que otros".

Sin embargo, políticos y colectivos trans denuncian su incumplimiento y la poca voluntad del Partido Popular para poner en marcha las principales medidas.
“La situación de las personas trans sigue siendo la de mayor vulnerabilidad de todas las personas LGTB. La ley 2/2016 de la Comunidad de Madrid debía servir precisamente para revertir esta situación pero el Gobierno del Partido Popular no ha movido un dedo para ponerla en marcha”, afirma Eduardo Fernández Rubiño, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y portavoz para temas LGTBIQ.

Ante la falta absoluta de información sobre la aplicación de la ley, desde principios de este año, Carmen Garcia y Emilio Garcia, activistas de COGAM han comenzado a solicitar datos a través de los mecanismos regulados en la ley de transparencia, un procedimiento abierto a cualquier individuo para acceder a la información pública en poder de la administración. Pregunta a pregunta, respuesta a respuesta han comenzado a construir un mapa lleno de agujeros e incongruencias. Muchas de las respuestas no sólo van en clara contradicción con los derechos reconocidos en la ley, sino que a preguntas similares realizadas por distintas personas, las respuestas de la administración son dispares y en ocasiones contradictorias.

Otro aspecto preocupante, afirman los activistas, es la falta de recolección y sistematización de los datos, lo que hace imposible conocer qué actuaciones se han llevado a cabo y con qué impacto.

Las tarjetas sanitarias siguen discriminando

Según la ley, la Comunidad de Madrid "proveerá acreditaciones acordes con su identidad de género manifestada para el acceso a servicios administrativos y de otra índole. Se trata, según la norma, de “favorecer la integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o la discriminación”.

Sin embargo, no se ha dado ningún paso en esta dirección. Responsables de la Comunidad han anunciado recientemente que a partir del mes de septiembre se habilitará el cambio de nombre de la tarjeta sanitaria. Sin embargo, tal como afirma Emilio García, activista de COGAM, “llevan dos años negando esta posibilidad, aduciendo la imposibilidad de aplicar esta medida porque implica un cambio de identidad jurídica”. Lo curioso es que se trata de un trámite que otras comunidades autónomas como Canarias, Navarra, Andalucía, Extremadura o País Vasco, llevan años realizando sin ningún tipo de problemas administrativos.

Da la casualidad de que hace unos días el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, envió una carta a la Comunidad de Madrid en la que recomienda poner en marcha esta medida de forma inmediata, tachando de "discriminatorio" el incumplimiento de la ley.

En la misiva, Marugán afirma que utilizará "los procedimientos que sean más eficaces para hacer llegar al Gobierno de la Comunidad de Madrid el interés de los colectivos trans y el nuestro, y veremos si a lo largo de los próximos meses conseguimos que estas disfunciones se corrijan".

"Lo que deberíamos preguntarnos es cuantas personas trans han dejado de ir al médico en este tiempo solo por no sufrir la humillación de ser nombrados de una forma que no refleja quienes son", se pregunta García.

Lo que se preguntan las organizaciones que defienden los derechos de los trans, es cómo es posible que una medida que llevaba parada más de dos años por su imposibilidad de aplicarla, es ahora una realidad que se pondrá en marcha tras el verano. "COGAM ya denunció que Ángel Garrido ha nombrado Viceconsejera de Políticas Sociales a la misma persona que ha estado denegando las tarjetas sanitarias desde su anterior puesto. No parece que eso pueda llamarse compromiso con colectivo LGTBI".

Educación en igualdad.

La educación tiene un apartado clave en la ley para asegurar que ésta sea un “espacio de respeto y tolerancia libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de identidad de género”. Entre estas medidas, se incluye la necesidad de realizar cambios en los currículos educativos y la puesta en marcha en todos los colegios de un protocolo de identidad de género.

Si bien a principios de este curso la Comunidad anunció que este protocolo estaba listo para comenzar a ser distribuido a los colegios, esto no llegó a suceder. Público pidió la Comunidad información sobre este documento sin obtener respuesta, más allá de que se estaba trabajando en él.

El pasado día 22 de junio, el Gobierno regional afirmó en una nota que este protocolo había sido enviado a los centros educativos para que entrara en funcionamiento en el curso 2018/2019 y que “pautará las acciones para una correcta integración de los alumnos LGTBI”. También afirmó la Comunidad que se había aprobado la modificación del currículo en los ciclos de primaria, secundaria y bachillerato. Pero el documento no aparece por ningún lado y miembros de COGAM afirman que ni se ha negociado con las organizaciones trans, ni se sabe nada sobre su contenido, ni conocen la orden de cumplimiento que se ha cursado a los colegios junto con el protocolo.

Ante la falta de información, solicitaron el texto por medio de mecanismo de acceso a la información. Sin embargo, la Comunidad respondió que como se trata de una petición compleja, la institución se acoge a la ley de transparencia por lo que responderán en un mes, que podrían ser dos debido al parón veraniego.

“Es inaudito que se tomen tanto tiempo para dar a conocer un documento que afirman haber distribuido ya a los colegios y que estén implementando un protocolo que no ha visto nadie, ni responden a con quién han colaborado para elaborarlo”, afirma García.

Psiquiatras y psicólogos siguen siendo obligatorios

A pesar de que el artículo 13 de la ley especifica que “la asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios” y que afirme que no cabe “condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada las personas tras a que previamente se deba someter a examen psicológico”, la realidad es muy distinta, según la respuesta que la administración autonómica dio a la solicitud de información interpuesta por Carmen García Merlo, activista de COGAM.

Según una respuesta de la Consejería de Sanidad el mapa del itinerario sanitario que debe cumplir una persona trans, pasa obligatoriamente por un psiquiatra o por una valoración psicológica inicial antes de comenzar ningún tratamiento. Es más, ese itinerario refleja que es obligatorio el paso por la Unidad de Identidad de Género, una unidad especializada y de intervención integral que ha ampliamente cuestionada por su funcionamiento y que rompe con otro de los requisitos que marca la ley: una atención de cercanía.

Formación fantasma

La formación de los profesionales sanitarios es, según la ley otro de los requisitos indispensables. Según se texto, “la Consejería competente en materia de salud garantizará que los profesionales sanitarios, cuenten con la formación adecuada, con respeto a los principios recogidos en esta Ley”. Pero la Comunidad no da datos concretos sobre este particular tampoco.

En una intervención reciente, el Presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, afirmó que se habían impartido unos 423 cursos a lo largo de 2017 a los que asistieron unas 11.000 personas. Pero las preguntas al organismo competente por parte de activistas de COGAM, arrojan una realidad bien distinta. Cuando preguntaron expresamente a la Dirección General de Coordinación de la Consejería de Sanidad sobre “memorias y documentos descriptivos existentes de los programas de formación y estudios especializados para la mejora de los profesionales del sistema de salud desarrollados por la UIG entre 2016 y 2017”, la respuesta fue: tres.

Dos cursos de verano impartidos por la Universidad de Alcalá de Henares en 2016 y 2017 y otro a cargo de Conserjería de Sanidad en noviembre de 2016. Ningún dato sobre asistencia o profesionales formados.

La recolección de datos parece ser otra de los grandes agujeros negros de del sistema sanitario de la Comunidad en relación al colectivo trans. Al requerimiento de información sobre el número de profesionales, diferenciados por especialidades del que dispone el UIG, la respuesta de la Consejería de Sanidad fue que “no se puede precisar el grado de dedicación a la unidad en la mayoría de los profesionales, siendo muy variable según el numero de pacientes atendidos, sus necesidades específicas, siendo muy complejo dar un dato cerrado”, según un documento al que ha tenido acceso Público.

Pero tampoco existe una recopilación y coordinación de datos sobre pacientes atendidos en los tres centros hospitalarios que conforman la UIG según la páginas web de la Comunidad de Madrid (La Paz, el de la Princesa y el Ramón y Cajal), ni diferenciación entre qué tipo de cirugías o intervenciones se les ha practicado.

Según los datos facilitados tras una pregunta y una reclamación posterior a activistas de COGAM aún en curso, los datos se ofrecían hospital por hospital, con formas de recolección distintas. Se conoce el número de intervenciones por años y en algunos casos (como en La Paz) si eran mayores o menores de edad. Pero ningún dato sobre el tipo de cirugía que se realizó. El propio documento reconoce que “no contempla la información diferenciada en procesos quirúrgicos genitales, aumento de pecho y masculinización de tórax. Para obtener esta información sería necesario hacer una reelaboración al margen del sistema de información”, afirma en su respuesta la Consejería de Sanidad.

"Todo esto podría empezar a resolverse si el Gobierno hubiera convocado el Consejo LGTBI de la comunidad de Madrid que contempla la ley 3/2016. Pero siguen desoyendo a los colectivos y ni siquiera algo tan sencillo como convocar ese órgano se ha llevado a cabo en estos dos años", afirma Rubiño.

Para García, "resulta chocante que ante una misma solicitud de acceso a la información sobre el cumplimiento de algún aspecto de la ley realizada por dos personas distintas, la respuesta sea diferente. Pero no menos sorprendente que la Dirección General que tiene específicamente atribuida la competencia de impulsar políticas sociales para las personas LGTBI no haya proporcionado respuesta en mas de dos meses a una solicitud de información sobre las actuaciones que se están desarrollando para dar cumplimiento efectivo al contenido de la Ley a través de las distintas Consejerías. La falta de seguimiento sólo es achacable a la falta de dotación de medios y empoderamiento a las unidades administrativas encargadas de ello".