Las consecuencias de la crisis económica están teniendo repercusiones directas en el mercado energético. Tanto es así, que los datos de Red Eléctrica Española (REE) reflejan un descenso de la demanda del 17,8% en el mes de abril y del 13,1% en el mes de mayo. Este descenso del consumo, fruto del parón de la actividad industrial, ha conllevado una reducción del 42% de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector energético, según los datos de un estudio reciente del Observatorio de la Sostenibilidad. Pero, más allá de los datos de contaminación, la caída de la demanda ha tenido unas consecuencias directas en el mercado con una bajada interanual del 56% de los precios de origen que, sin embargo, apenas se ha llegado a percibir en la factura de los consumidores.

"De manera resumida, baja la demanda y por tanto no se requiere de tanta potencia, por lo que las centrales de energía terminan disminuyendo su actividad. Esto es lo que provoca que el juego del pool energético se desencaje", explica Soledad Montero, portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético Digno. 

Que la mayoría de las facturas se mantengan ajenas a los vaivenes del mercado mayorista se debe principalmente a las características del sistema energético marginalista. "Los consumidores domésticos se pueden acoger a dos tipos de contratos. Por un lado está la oferta de un precio fijo, donde están incluidos todos los costes, y en la que la factura suele ser la misma durante un año. Pero por otro, está la tarifa regulada (PVPC) en la que sí se recogen las subidas y bajadas los precios de origen del sector", explica Carlos Reviejo, analista del Grupo Ase. De hecho, el precio de la factura PVPC sí que ha bajado en torno a un 31% respecto a 2019, según los datos de Ase.

Sin embargo, en España, la mayoría de los hogares –alrededor del 60%, según estimaciones de REE– tienen contratado una tarifa libre con precios más o menos cerrados u ofertas basadas en discriminación horaria, de modo que, aunque el precio de origen se desplome –como ha ocurrido en los dos últimos meses–, el precio de la factura no tiene una variación importante, ya que las comercializadoras están ofertando a sus clientes un producto que ha sido comprado con un precio fijado a futuro. "Ahora resulta que estas compras a futuro, que para el consumidor podrían ser buenas en un momento normal, no son rentables debido al descenso de los precios del mercado mayorista", argumenta Montero.

En ese sentido, cuando el consumidor contrata una tarifa del mercado libre, está pagando por un servicio que tendrá un precio estable, que suele ir fijado por la cotización que tendrán los precios a futuro del mercado eléctrico. De una forma sencilla y resumida, la compañía eléctrica adquiere un producto a futuro con un precio cerrado, independientemente de las oscilaciones que pueda haber en el mercado para entonces, y eso es lo que termina pagando el ciudadano. Las cotizaciones a futuro se pueden ver y consultar en el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad.

La cadena de valor, en tu factura

La bajada de precios del mercado mayorista –que ha pasado de ser de 50 euros Mw/h en 2019 a 17 euros Mw/h en abril de 2020– refleja un cambio en el pool energético. En el mercado de precios marginales español, el precio final lo fija la última tecnología en cubrir la demanda, de modo que hasta hace poco el precio final lo marcaban las nucleares o el gas. Sin embargo, con el descenso de la demanda, se ha requerido una menor producción de megavatios, lo que ha permitido que en algunas ocasiones sean las renovables las que marquen el precio. "Es decir, la nuclear oferta a cero, pero la hidráulica, por ejemplo, a 30 euros, pues es ésta la que marca el precio del pool energético", sintentiza Reviejo.

Esta realidad hace que los precios que se terminan pagando vayan destinados "a rentabilizar las otras tecnologías energéticas" en lugar de que "cada energía coste su precio real", denuncia Montero, que reclama un modelo diferente en el que se "deje de especular con la energía". "Debemos reestructurar el sistema energético", agrega.

Para Cecilia Sánchez, miembro del Observatorio por el Derecho a la Energía y autora del informe De la vulnerabilidad energética al derecho a la energía, este sistema "no nos permite ser eficientes, porque por mucho que en los hogares intentemos optimizar el gasto, hay una parte de la factura fija que va destinada a rentabilizar otras infraestructuras que apenas se están utilizando". Sánchez se refiere a otro de los elementos imprescindibles para entender que el precio de la factura apenas haya variado durante la pandemia: el coste de las infraestruturas de transporte, generación y distribución, así como las tasas y peajes que engrosan el precio final del usuario.

Es decir, además de los precios a futuro que condicionan la escasa oscilación del precio final del consumidor, aparecen otros factores relacionados con el modo en que la cadena de producción va amortiguando ese descenso de precios del mercado mayoristas. Así lo explica Juan Avellaner, doctor en Ingeniería Industrial y miembro del Observatorio de la Sostenibilidad, que compara la problemática con las "dinámicas del precio del petróleo". 

Durante la pandemia, según analiza el experto, las renovables han sido las que han estado marcando el precio del mercado mayorista debido a la disminución de la demanda. "Se han estado dando precios de 17 euros el mw, cuando antes de la crisis el precio oscilaba entre los 30 y 40 euros el mw. Sin embargo, ese precio no llega al consumidor porque el productor tiene acuerdos financieros y tiene que dar un porcentaje a los inversores, de modo que ya se empieza a amortiguar la caída de precios", explica Avellaner. Pero después intervienen otros factores intermediarios como las infraestructuras de transporte que se cobran su parte y las comercializadoras que se llevan la suya. Todo esta cadena hace que al final, el consumidor no perciba en su factura el descenso de precios del mercado mayorista.

"El sistema energético y más en concreto el eléctrico en España, está sobredimensionado en comparación con redes similares de países de la UE. Es
decir, aporta seguridad de suministro, pero con cargas fijas que son muy altas y que se trasladan a los precios de suministro", explican desde el Observatorio de la Sostenibilidad, en referencia al alto porcentaje que los consumidores pagan en su factura destinado a costear redes, cableados de transporte y otros elementos.