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La rebelión de la Colombia negra

Tras dos semanas de disturbios en la costa Pacífica, con un balance de 300 heridos, 11 de bala, el Gobierno colombiano se compromete a introducir infraestructuras básicas a cambio de la desmovilización de una huelga que ha durado 22 días.

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Cientos de personas participan en una protesta en Buenaventura (Colombia).EFE/Ernesto Guzmán Jr

El puerto colombiano de Buenaventura, construido a la orilla del océano Pacífico, es la puerta occidental del comercio continental. 2.500 vehículos pesados entran y salen de la ciudad por la vía que la conecta con Cali y con la autopista Panamericana, que cruza de norte a sur el continente. La zona aduanera del puerto aporta 1.200 millones de euros anuales al Estado, más que ninguna otra del país. Sin embargo, la ciudad de medio millón de habitantes carece de un servicio integral de agua corriente, hospital público o de un parque de vivienda digna para la mayor parte de su población.

La situación de Buenaventura no es excepcional en la costa pacífica colombiana. Esta región, poblada casi íntegramente por afrodescendientes y una pequeña minoría indígena, ha sido literalmente un rincón abandonado por sucesivos gobiernos centrales desde tiempos inmemoriales. A finales de mayo, el Pacífico comenzó a aparecer discretamente en los siempre centralistas medios colombianos. Una oleada de protestas y paros cívicos llamó la atención del país y el día 19 la violencia se desató en Buenaventura. Las imágenes de disturbios y las altas cifras de heridos (más de 300, 11 de ellos por arma de fuego, según el comité del paro) producidos por la intervención policial no provenían esta vez de la vecina Venezuela, sino del país presidido por el actual premio Nobel de la Paz.

Tras 22 días de huelga general en distintos puntos de la región, el Gobierno llegó a un acuerdo con Buenaventura, la última ciudad donde continuaban las protestas. Los acuerdos consistían en la inversión en infraestructuras básicas como el alcantarillado, agua corriente, centros médicos y hasta el estadio local. Lo elemental de las reivindicaciones para unas protestas tan generalizadas dan cuenta del nivel de desigualdad interna y el escaso alcance de un estado que busca iniciar una nueva época dejando atrás una guerra interna de más de cinco décadas.

Cientos de personas participan en una protesta en Buenaventura (Colombia).EFE/Ernesto Guzmán Jr

Una economía neo-colonial

Desde la llegada del Imperio Español a la región, la economía de la costa pacífica en esta latitud fue esencialmente extractivista. La riqueza minera de la zona era extraída primero por esclavos indígenas y, posteriormente, africanos para una élite criolla que vivía lejos de la costa selvática, en ciudades interiores como Cali y Popayán. La independencia no supuso en muchos casos ni un cambio de nombres, y las minas siguieron perteneciendo a familias con los mismos apellidos, siendo trabajadas por los mismos esclavos negros hasta la abolición en 1851.

"El estado solo busca extraer la riqueza de la mina sin intereses de mejorar el desarrollo social del puerto"

“En el Pacífico se mantiene una situación de colonialismo interno y de ahí se deriva haber mirado esa región solo con un propósito extractivista”, declara Jesús Flórez, decano de la facultad de humanidades de la Universidad de Occidente. “El Estado ha buscado solamente poder extraer y no consolidar una economía endógena y en el caso de Buenaventura solo interesa el puerto, no interesa el desarrollo social”, añade el académico colombiano.

La constitución aprobada en 1991 reconoció por primera vez la existencia de una minoría afrocolombiana en el país y le dio el derecho de colectivizar sus territorios, como forma de protección a sus comunidades. Sin embargo, el conflicto armado se introdujo violentamente en el Pacífico con el cambio de siglo. “Aunque las FARC hacían presencia desde los 80, entre el 1999 y el 2000 se produce la incursión paramilitar, que está comprobado que se dio por petición de los empresarios del Valle del Cauca”, declara el padre Adriel Ruiz, coordinador de Fundescodes, una de las organizaciones que convocaron al paro cívico.

El resurgir de los procesos de base

La crisis de la economía local provocada por la privatización del puerto de Buenaventura en los 90 (que redujo a más de la mitad los empleos y los salarios en la ciudad), sumado a la creciente violencia y al histórico abandono estatal, llevaron a la región a una situación límite. Aunque la protesta social se venía fraguando desde hace algunos años, incluso con paros cívicos previos, fue el mes pasado cuando prendió la mecha, generando una movilización sin precedentes cercanos en todo el litoral.

“Para nosotros ha sido un resurgir de los procesos de base”

“Para nosotros ha sido un resurgir de los procesos de base”, declara el padre Ruiz. “Hay un descontento generalizado en Colombia con las actuaciones de los dos últimos gobiernos de (Juan Manuel) Santos y de (Álvaro) Uribe, además nosotros apoyamos la paz y no vemos que se esté implementando territorialmente, la ciudad de Buenaventura está sumergida en la corrupción absoluta, un alcalde completamente incompetente, se roban los recursos, se muere la gente y no hay un hospital. Al ver toda esa situación la gente decidió sumarse al paro”, añade Ruiz.

La entrada de la policía antidisturbios para garantizar la circulación de entrada y salida al puerto no hizo sino agravar la situación. Los enfrentamientos y el uso masivo de gas lacrimógeno se hicieron cotidianos y varios camiones fueron incendiados en los días posteriores a la primera intervención policial. Finalmente, el Gobierno cedió y se comprometió a realizar una serie de inversiones públicas que acabaron por ser aceptadas por el comité del paro tanto en Buenaventura como en el Chocó, en el norte de la costa pacífica.

La ciudad de Buenaventura, el principal puerto colombiano en el Océano Pacífico, estuvo 22 días de huelga general para reclamar al Gobierno que invierta recursos para llevar agua potable, mejorar la seguridad, la infraestructura en salud y educación, entre otros asuntos. EFE/Ernesto Guzmán Jr

Un puerto sin comunidad

“Lo que se ha logrado es avanzar en el desarrollo de los elementos fundamentales que cualquier estado debe estar cumpliendo, más aún en una comunidad como la de Buenaventura, donde se mueve tanto dinero legal por los puertos y de manera ilegal por vía de muchos negocios, fundamentalmente narcotráfico”, declara Flórez.

El acuerdo, firmado el pasado día 6, ha devuelto la normalidad a una ciudad donde la crisis es cotidiana, con un 63,5% de los hogares viviendo con índices de pobreza y una tasa de empleo informal del 94%. Mientras, se siguen realizando multimillonarios megaproyectos portuarios, algunos con participación de empresas españolas como Ership o Grupo Marítimo Barcelona TBC (adquirida en 2016 por una empresa holandesa). “Buenaventura es un puerto deshumanizado, van a hacer un puerto sin humanos”, declara el padre Ruiz y añade: “En otros países los puertos funcionan con la población, con un desarrollo incluyente, pero aquí el Estado central tiene las mismas ideas que hace 200 años, racistas y excluyentes, como nos han mostrado en Buenaventura en estos 22 días”.