El 18 de octubre Europa conmemora el Día para la erradicación de la Trata de Seres Humanos. Más de 150 años después de la abolición de la esclavitud, miles de personas en la Península Ibérica continúan siendo víctimas de nuevas modalidades de opresión conocidas como "esclavitud moderna", donde delitos como la trata y explotación laboral severa no solo se perpetúan en nuestros tiempos sino que se han visto incrementados desde la pandemia.

En los últimos cinco años 3.396 personas fueron víctimas de trata y explotación laboral severa en la Península Ibérica, observándose un crecimiento exponencial en las zonas de mayor concentración agrícola, principalmente en las regiones de Andalucía y Alentejo (Portugal). Sin embargo, los datos esconden una realidad todavía más demoledora: Sólo uno de cada 20 víctimas de trata son identificadas como tal según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

De forma paralela a la gráfica ascendente de las víctimas de la explotación laboral severa están los negocios agrícolas. La Agricultura es tendencia. En los últimos años, grandes fondos de inversión han puesto el ojo en las tierras de cultivo de la Península Ibérica multiplicando por diez el número de inversores que compran terrenos agrícolas en zonas de Andalucía y la comarca Alentejana de Portugal según datos proporcionados por la consultora CBRE.

Cítricos, frutos rojos, olivar intensivo o almendros son algunos de los productos estrella que se están viendo implementados con el auge del agronegocio imperante en el sur de la península. Entre los motivos del éxito de este negocio, la industrialización de la agricultura, la rentabilidad del sector y el aumento de la demanda de alimentos sumado a una partida multimillonaria de subvenciones europeas a través de la PAC, son algunos de los reclamos para atraer capital de riesgo.

Sin embargo, la prosperidad y riqueza generada por este negocio oculta una realidad laboral oscura. Trata de personas, abusivas jornadas, falta de remuneración y condiciones de vida insalubres suponen un incentivo rentable para un fenómeno que ya puede considerarse "más rentable que el propio delito de tráfico de drogas", como confirma el dirigente de la ACT (Autoridad para las Condiciones de Trabajo) de Beja, Carlos Graça. Y es que mientras el negocio del agribusiness crece, la explotación laboral en las zonas agrícolas, también.

Las autoridades de de España y Portugal llevan meses lanzando campañas para detectar este tipo de redes de tráfico. España no es un referente en la lucha contra la explotación laboral, está en el penúltimo puesto de la UE según Eurostat, pero en los últimos cinco años los cuerpos de seguridad y la Inspección de Trabajo han multiplicado sus acciones en una lucha por la detección y erradicación de esta gran problemática. En los primeros meses de 2023 (enero-mayo) se han realizado 32.566 inspecciones de trabajo en explotaciones agrarias en España, el 46,6 % en Andalucía.

Pese al alto número de víctimas identificadas en España las sentencias condenatorias llegaron a 6, una de las cifras más bajas de la Unión Europea que según los fiscales se debe a la ausencia de una ley integral que tipifique ese tipo de delitos.

El gran reto de la explotación laboral severa en la agricultura sigue siendo la Justicia. El Código Penal español aún no ha definido el trabajo forzoso, una traba para fiscales que tratan de perseguir a los explotadores, que en muchos casos se quedan con una sanción administrativa.

A día de hoy, la convocatoria electoral ha dejado en el aire el futuro de la ley contra la trata que aplicaba nuevos avances punitivos y auguraba una mayor protección para las víctimas.

En tiempos de alimentación "eco", la Península Ibérica se alza como una de las principales potencias exportadoras. En 2021, solo Andalucía exportó casi 8 millones de toneladas de productos agrícolas a Francia y Alemania. Verduras, frutas, aceitunas, frutos secos…¿Sabemos lo que comemos? El producto está certificado, la garantía es de calidad, pero ¿la mano de obra ha sido respetada?

Las últimas estrategias de las Naciones Unidas ya abogan por un plan de acción que involucre a todos los actores de las cadenas de suministros en la toma de conciencia colectiva. El despertar de los consumidores es imperativo, y debe pasar por exigir a los suministradores la producción y distribución de productos no involucrados en la explotación laboral severa en aras de una alimentación más consciente, pero sobre todo, más humana.