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Violencia de género Juana Rivas deberá indemnizar a su expareja por los gastos de su estancia en España para recoger a sus hijos

La fiscalía ve "suficientemente acreditada" la suma de 1.912 euros, lejos de los 30.000 que originalmente solicitaba Francesco Arcuri, expareja de Rivas. Una organización de mujeres víctimas de violencia de Canarias ha decidido asumir el pago de esta indemnización.

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Juana Rivas, a la salida del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada / EFE Pepe Torres

Juana Rivas tedrá que indemnizar a su expareja Francesco Arcuri por el tiempo que éste estuvo en España el pasado verano para recoger a sus hijos, mientras ella permaneció en paradero desconocido. Una vista en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada este miércoles, estableció una cantidad cercada a los 2.000 euros (1.912) por este concepto, cantidad que la fiscalía consideró "suficientemente acreditada". Sin embargo esta cantidad aún no es definitiva y podría ser modificada por la juez.

Esta indemnización estaba ya contemplada en la sentencia que ese mismo juzgado emitió en su día obligando a Juana Rivas a la restitución de los menores a su padre. En esa resolución Rivas también fue condenada al "abono de las costas del procedimiento, incluidas aquellas en que haya incurrido el solicitante, los gastos de viaje y los que ocasione la restitución o retorno de los menores al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción".

Los abogados de Juana Rivas se muestran en desacuerdo con el abono de estos gastos en tanto que no están conformes con el procedimiento que se sigue contra su cliente, aunque reconocen que existe una sentencia firme que obliga a ello, de modo que su papel se ha centrado en pedir que sólo se abonen los gastos que están debidamente acreditados. 

Juan de Dios Ramírez, abogado de Rivas, ha afirmado a Público que la cifra inicial que exigía Arcuri a su defendida era de unos 30.000 euros, que posteriormente rebajó a 7.000. Ahora la fiscalía reconoce, tal como sostenía la defensa de Rivas, que sólo podrían ser exigidos los gastos debidamente acreditados, por lo que la cifra que admite la propia fiscalía como justa es en torno a los 2.000 euros.

Según esta misma fuente, una organización de mujeres víctimas de violencia de Canarias ha manifestado su intención de asumir íntegramente este pago. Rivas inició una campaña de recogida de fondos hace unos meses para poder hacer frente a los gatos que este proceso judicial va a suponer.

La defensa de Arcuri, que no ha acudido a la vista y está representado por el letrado Enrique Zambrano, se ha aceptado el informe del fiscal, aunque alega que durante los 33 días que éste pasó en España "también desayunó, comió" y asumió diversos gastos, aunque de "buena fe" no guardara cada uno de los tiques que le fueron dando, pero ha manifestado su pretensión de ir recabándolos para reclamarlos más adelante. Sin embargo, De Dios afirma que "la que determine el juez de esta causa será la cifra final".

Preguntado por la apertura de juicio oral contra su cliente en la vía penal, ha precisado que el Juzgado les ha dado un plazo de diez días para presentar su escrito de defensa y ha confiado en que sus argumentos sean recogidos y la causa culmine con una sentencia absolutoria, en tanto que el principal problema es la retirada de la patria potestad de los menores.

En declaraciones a la entrada y la salida del juzgado, Rivas ha afirmado que "era una víctima que escapó" del domicilio familiar de Carloforte (Italia) con sus niños, de once y tres años, porque era la única alternativa que veía frente situación de violencia de género que padeció. Ahora afirma que está "sacando fuerzas para resistir" y que en la causa que se sigue contra ella por la vía penal "faltan secuencias de la realidad" y están "pasando muchas cosas que como madre" no puede entender.

El proceso

Juana Rivas siempre ha declarado que se fue con sus hijos del domicilio familiar de Carloforte para huir de una relación marcada por los malos tratos por parte de su pareja, que ya había sido condenado en 2009 y contra el que interpuso una segunda denuncia por violencia de género en julio de 2016, una vez que ella se encontraba en España. Sin embargo, esta denuncia permaneció más de un año archivada en el cajón del juzgado de violencia de Granada, sin que se le diera trámite. Éste es uno de los motivos por los que más de 70 organizaciones y asociaciones hayan presentado sendas quejas al Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo, pidiendo que se investigaran los graves fallos que a su juicio se han cometido en esta caso.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias por supuestos malos tratos contra Arcuri al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana, adonde se remitió en su momento por petición de la Fiscalía la denuncia que Juana puso en Granada. Sin embargo a día de hoy, tal como denuncian fuentes cercanas al caso, ningún juzgado en Italia ni en España ha recibido la denuncia por malos tratos que Rivas presentó en 2016 y que luego ratificó ante el juzgado en el verano de 2017, cuando Arcuri se encontraba ya en España.

Lo que sí hizo el juzgado de Instrucción 2 de Granada fue investigar a los familiares de Rivas, así como a la directora del centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena y a la psicóloga del mismo, para averiguar su presunta vinculación con la sustracción de los menores este pasado verano, aunque la causa se archivó finalmente para todos excepto para ella.

De forma paralela a este proceso, el Tribunal de Cagliari (Italia) tiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la guarda y custodia de los menores, que en la actualidad residen con el padre en Carloforte. La causa está pendiente del informe "determinante" que elaborará un perito tras evaluar a los padres, a los menores, la relación entre ellos con sus progenitores y el ambiente familiar en el que mejor y más equilibrados viven, entre otros extremos.