Habría que escribir en estos nuevos años veinte un libro cuyo título imitara aquel de Rafael Dieste. La casa vacía sería ahora el texto impreso en la capa, colocado alegóricamente en medio de un cartel blanco como los que penden de las fachadas en ruinas. La imagen de un edificio alto ilustraría la novela de no ficción y, en la contraportada, la sinopsis desbordaría la actualidad. Las páginas interiores las protagonizarían las caras y voces anónimas que habitan allí donde el sistema las deja estar.

Puedes seguir leyendo este artículo en gallego aquí 

La calle. Un albergue con cuenta atrás. La casa eterna de los padres. Un piso minúsculo e inadaptado a las necesidades personales y familiares. Una vivienda que también es la del maltratador. Un apartamento con un alquiler que supone cerca de la mitad del salario de cada mes. Un piso de estudiantes que cae a cachos. El derecho constitucional a una vivienda digna e idónea se derrumba apenas al pronunciarlo y mirar alrededor.

En la otra orilla de esta incongruencia, 3,5 millones de hogares deshabitados en España. Son datos del censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2011, el último disponible en materia de poblaciones y viviendas por tratarse de un registro decenal. Galicia encabeza el listado de las comunidades autónomas con más viviendas vacías: 1.863 por cada 10.000. En el eco de ese parque inmobiliario desocupado, resuena lo de siempre: gente sin casas, casas sin gente.

En alquiler

Mina Galván es la presidenta y portavoz de la plataforma Stop Desahucios Lugo. Implicada en la búsqueda activa de soluciones para aquellas personas con dificultades vinculadas a la vivienda, analiza la situación y repara en el fuerte incremento del precio de los alquileres: "Creció muchísimo, muchísimo. No hace falta hablar de calles que ya de por sí son más caras, sino que pasa también en otras zonas que tradicionalmente tenían precios más bajos. Hace unos años igual encontrabas un piso familiar por 450 euros. Ahora resulta que ya te piden casi 600 euros por un piso similar o de condiciones inferiores".

Si bien es cierto que la pandemia de coronavirus puso freno en este aspecto, las estadísticas que maneja el Observatorio de Vivienda de Galicia muestran esa tendencia a la subida generalizada desde el año 2015, aproximadamente. Las variaciones más acusadas se dieron en la ciudad de A Coruña. Allí, el precio medio de un alquiler pasó de situarse en los 400 euros a superar los 530 en el período abarcado entre 2014 y el primer cuatrimestre de este 2020.

"¿Y qué persona o que familia puede permitirse pagar eso?". Mina Galván entiende que esas cifras no encajan "ni por asomo" con la realidad social gallega y con los salarios "precarizados" que perciben las personas trabajadoras. Tales desajustes ponen difícil para muchos inquilinos o potenciales inquilinos el pago de las cuotas y redundan en emergencias habitacionales. "La pérdida de vivienda en alquiler por impago de rentas mensuales aumentó muchísimo en los últimos años. Es un tema sangriento".

Las ciudades de los turistas

A este caldo de cultivo hay que sumarle ahora otro ingrediente más: el de la turistificación y la cementera de pisos orientados a este tipo de viajeros eventuales. Con fecha de 1 de septiembre, constaban 11.511 inmuebles de este tipo inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta de Galicia, unos 1.000 más que los que se contaban hace tan sólo cuatro meses. Se estima que la cifra real de alojamientos de uso turístico es incluso mayor, lo que da una idea de la dimensión de este negocio, que en su conjunto ya acapara más plazas que el sector hotelero tradicional.

Los propietarios auspician mayores beneficios y reinventan la explotación de esos edificios de por sí, mientras las agencias inmobiliarias ven cómo se va reduciendo la oferta de viviendas en alquiler tradicional. "En Santiago de Compostela cada vez es más complicado encontrar un piso de estudiantes idóneo", se quejan desde la Asamblea Nacional de Estudiantes Gallegas (ANEGA). "Hay menos pisos, y los que hay están en muy malas condiciones. Los caseros y las inmobiliarias se aprovechan de la situación y, al saber que no quedan muchos pisos disponibles, no se molestan ni en arreglar los que ofrecen ellos". Quien habla es Manuela Nores, integrante de ANEGA. Entre las reivindicaciones de la asociación está la de hacer ver que la problemática de la vivienda en Galicia no es ajena al colectivo estudiantil. Las consecuencias no son otras que aguantar unas pésimas condiciones de habitabilidad –que, por supuesto, tienen efectos negativos en el rendimiento académico y demás aspectos de la vida diaria–, así como la paulatina expulsión del estudiantado cara las afueras de las ciudades universitarias.

"En Santiago ya era prácticamente imposible encontrar vivienda en el casco viejo. No hay pisos, pero tampoco servicios. Lo mismo pasa en la zona norte", se queja esta chica. "Solo queda el barrio del Ensanche [en el centro-sur], pero es que ahora ya se están viendo bastantes casos de estudiantes que tienen que alquilar en la periferia de la ciudad". "Creemos necesario que se regule el mercado del alquiler", piden desde ANEGA. "Antes del coronavirus y con la aproximación del Xacobeo, las previsiones que teníamos eran terribles. En un solo año, el precio del metro cuadrado había subido un euro".

Al margen de la sociedad

Todas estas prácticas con las que los fondos de inversión se relamen los labios nos instalan en un camino oscuro. El informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social (2019) revela que 1 de cada 5 gallegos está en situación de exclusión; esto es, unas 470.000 personas. El estudio señala la vivienda como el principal factor generador de exclusión social en Galicia, mismo por delante del empleo.

Con semejante escenario ante nosotros, cabría esperar de las administraciones una respuesta firme y decidida. Así las cosas, las soluciones que se ofrecen quedan muy lejos de adecuarse a las necesidades reales y hacen que «las actuaciones desde los servicios sociales tengan un perfil paliativo y estén más basadas en la pura asistencia que en la adquisición de derechos reales», segundo explicaba la trabajadora social Sagrario Fernández en un artículo para Praza Pública.

Ella y el cineasta Xosé Bocixa lanzaron a mediados de año un documental que desgrana el conflicto: La vivienda: ¿un bien social?, de libre acceso en Youtube, que recopila los testimonios de personas afectadas, profesionales de la intervención social, expertos académicos... que van tejiendo las aristas de un problema común. Y es que, si muchas no caemos de bruces en ese agujero, será casi siempre gracias a nuestra red de apoyo.

"Necesitamos políticas de vivienda pública, que no es lo mismo que políticas públicas de vivienda", destaca en un momento de la pieza el arquitecto e investigador en urbanismo Iago Lestegás. Un poco antes, como quien deja ya en el aire la pregunta, el geógrafo y catedrático de la USC Rubén C. Lois González apuntaba: «"Tenemos una fuerte crisis de vivienda, pero vivienda sobra. La cuestión es: ¿dónde se sitúa la política de vivienda?".

En la busca de la vivienda social

La respuesta (en términos de construcción de vivienda social) está clara: muy por detrás de la media europea. El Eurostat y el Observatorio Housing Europe, de nuevo con datos del 2011, cifraban el porcentaje de parque de vivienda social de España en un 2,5% respeto del total de viviendas principales, frente al 9% de la media de los estados miembros de la Unión Europea. Los Países Bajos (con un 30% de vivienda social), Austria (24%) y Dinamarca (20’9%) lideran el listado de los países más avanzados en este sentido.

Por su parte, el informe más reciente del Observatorio de Vivienda y Suelo (2020), dependiente del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, advierte que España no llega a tener ni siquiera una vivienda social por cada cien habitantes (0’5). También aquí se evidencian diferencias notables entre comunidades autónomas. Euskadi y Extremadura (1,4 y 1,3, respectivamente) parecen entonces el espejo en el que mirarse (y no conformarse) desde Galicia, donde tan sólo contamos con 0,3 viviendas sociales para cada 100 habitantes.

No obstante, el Gobierno gallego mermó su oferta de vivienda social. «Según el INE, pasó de haber un número de 3.840 calificaciones definitivas en 1997 a haber solo cuatro en 2010 y ocho en 2018», recordaba Sagrario Fernández, trabajadora social. No solo eso, sino que el procedimiento para acceder a ese sistema se torna una odisea en la que la suerte juega un papel fundamental. "Las personas que más lo necesitan, precisamente, son las que muchas veces quedan fuera".

Lo contaba en el documental Patricia López Iglesias, madre separada. Después de dejar el domicilio en el que convivía con la expareja, quiso solicitar una vivienda social. Los requisitos se volvían imposibles, al pedirse un mínimo de ingresos anuales de algo más de 7.000 euros: "el año anterior no había trabajado y no llego a ese mínimo. Ahora no puedo hacer una jornada completa porque tengo que cuidar de mi hija. No puedo trabajar para pagar a alguien que cuide de la niña".

Entre las solicitudes aceptadas, un sorteo decide quién son los beneficiarios de las pocas viviendas disponibles. "Te puede tocar o no tocar. Si tienes la suerte de conseguirla, tienes que disponer de un mínimo de 2.000 euros para dar de alta el agua, la luz, para hacer el seguro, pagar la comunidad...", además del resto de trámites y gastos parejos al hogar. "Sé de gente que tuvo que renunciar a la vivienda por no tener ese dinero para acceder a ella", compartía Patricia. En otros casos, la renuncia viene por la inadaptación del lugar, por ejemplo, las dificultades de movilidad o la diversidad funcional del solicitante. Actualmente, son más de 15.000 las personas inscritas en el Registro Único de Demandantes de Galicia.

"Las ayudas que hay son insuficientes» y «desactualizadas", en palabras de la activista Mina Galván. Habla del bono social, la única línea de subvenciones existente para el alquiler de vivienda antes de la llegada de la covid-19. A veces hay que "hacer malabares" para ver qué se puede conseguir con las cuantías ligadas al bono y la escalada de los precios de los pisos, explica.

Sin casa no hay seguridad

Con la pandemia de por medio, se pusieron en marcha más medidas de apoyo a la vivienda para minimizar las consecuencias de la crisis. Sin embargo, las gestiones de esas y otras ayudas se demoraron en el tiempo y hacen insoportables las esperas. "Me siento impotente. Llevo desde febrero con trámites pendientes. Me dicen que tienen muchas solicitudes, pero yo solo veo que los días pasan", decía con pesadumbre Juana, una mujer de 73 años, emigrante retornada de Cuba.

"Nos veíamos apretados, muy apretados. No podíamos pagar la mensualidad, íbamos a Cáritas, pedíamos dinero prestado... Los propietarios nos hacían la vida imposible a mí y a mi marido. Nos fuimos de allí para evitar males mayores". El marido de Juana padece problemas cardíacos y en la mente de ella solo está presente una cosa:"yo no quiero que él se altere, temo que le dé un infarto". "Por eso nos fuimos. Si no fuera por esos problemas de salud, quedaría de okupa. No teníamos a dónde ir", confiesa. "Pusimos todas nuestras cosas en un garaje, allí metidas".

Ahora mismo Juana y el hombre conviven con el hijo, pero las circunstancias particulares impiden que esta situación se pueda extender en el tiempo. "Vivo en la cama. A veces me levanto, porque no quiero que mi marido piense que estoy enferma. Perdí la ilusión. Me mantengo aquí por él". La incertidumbre de no saber si se tiene una cama en la que adormecer y un techo protector alimenta la sensación de inseguridad, de falta de independencia, tronza el correcto desarrollo individual y se hace con el control de la cabeza. Andrea [nombre ficticio] sufre depresión y ataques de ansiedad. "Despierto temblando, me acuesto temblando. Tengo miedo de que esto les afecte a los hijos y a la niña. A veces no tengo ganas de vivir".

La piel de gallina. La casa vacía, la vida vacía. Y la necesidad de ocuparla para llenarla.

La okupación, el dardo de humo

"Cuando se okupa un piso, en la mayoría de los casos es por necesidad. Nadie okupa por gusto". Y Mina Galván, de Stop Desahucios, prosigue: "ocurre que existe una criminalización de la gente pobre. Los tratamos como si fueran apestados, como si tuvieran la culpa de no llegar a fin de mes". Somos una sociedad "insolidaria" y "poco consciente" de que "también nosotros nos podemos ver en situaciones parecidas". Pero aún con todas las dificultades del mundo por delante, y por mucho que sea el ruge-ruge continuo en el ecosistema mediático dominante, lo cierto es que las cifras de okupación no aumentaron. Los datos reales de ocupación ilegal de viviendas «no avalan» ni justifican la alarma social creada recientemente en ciudades como Lugo, en las que mismo surgió una empresa "antiokupación" dispuesta a prestar servicios por los desalojos de ocupantes indeseados.

La propia Xunta de Galicia echa más leña al fuego. Lo hace, pongamos por caso, cuando la conselleira de Vivienda, Ángeles Vázquez, insiste en desdecir la realidad y alienta a "atajar" la situación ante el "incremento" de este fenómeno. Tuvieron que salir el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el Ayuntamiento de Lugo y la Policía Nacional a recordar los datos oficiales.

"Según las cifras de la Policía Nacional, solo son seis las viviendas que están ocupadas en el municipio de Lugo", explicó la regidora local, Lara Méndez. "Y se trata de inmuebles totalmente abandonados en todos los casos». El TSXG, por su parte, tuvo conocimiento en el año 2019 de 145 denuncias por ocupación sin consentimiento, frente a un total de 2.271 desahucios. Estos últimos, mucho más silenciosos.

Las casas del futuro

Y, en medio de todo esto, los inescrutables algoritmos se animan a recomendar compañías telefónicas que se aventuran a comercializar alarmas para el hogar, empresas que garantizan la seguridad de viviendas a pares. ¿Pero quién garantiza la seguridad de los que no tienen vivienda? Mientras el rural esmorece y ve cómo se apagan las luces de casas deshabitadas, las urbes se expanden cara las afueras y comen espacio con dientes inmobiliarios. Desoyen los lamentos del interior, los de las casas huecas que no podemos habitar.

Se construyen nuevos bloques de edificios de los que decimos, todas llenas de orgullo, que son sostenibles y súper ecológicos. Otros barrios mega modernos, con superficies abiertas para celebrar macro conciertos una vez al año y en los que no queda un pedazo de sombra ni un rincón en el que resguardarse del aire gélido de invierno. Arquitectura y modos de vida para un tiempo nuevo, presumimos. Y, mientras, gente a la que le cae arriba la casa que no habita.