Las mujeres que decidan abortar ya no tendrán que dar explicaciones. Desde hoy, el aborto en España es libre hasta las 14 semanas de gestación. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo entra en vigor, cuatro meses después de su aprobación definitiva en el Senado.

A la espera de que el Tribunal Constitucional decida sobre los recursos y la petición de paralizar la norma que han presentado el PP y el Gobierno de Navarra, su cumplimiento está en manos de las autonomías.

Las autonomías decidirán cómo y a qué edad se educará sobre sexo

El aborto libre, el derecho de las menores de 16 y 17 años a decidir y la objeción de conciencia de los sanitarios han sido los aspectos más mediáticos de la norma. Sin embargo, el primer enunciado de la ley, la "promoción de la salud sexual y reproductiva" define su esencia. "La ley plantea la obligatoriedad de una estrategia de salud sexual para prevenir embarazos no deseados. Veremos cómo contribuye a que disminuya el número de abortos", destaca el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. Su homónima en Igualdad, Isabel Martínez, insiste en ese mismo aspecto. En 2008 se realizaron 115.812 abortos.

Educación sexual

La educación obligatoria debe incluir "la formación en salud sexual y reproductiva, como parte del desarrollo integral de la personalidad y de la formación en valores". La norma establece, por ejemplo, que dicha formación debe darse en términos de igualdad, debe prevenir la violencia machista, aceptar la diversidad sexual y fomentar una "sexualidad responsable" para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

La prestación es gratuita y todas las comunidades la deben garantizar

Las autonomías, con competencias en educación, deben definir cómo se impartirá esta materia. Por ejemplo, reconoce la secretaria general de Igualdad, "la formación se puede incluir dentro de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, se puede establecer una asignatura específica e incluso una extraescolar...". Cada autonomía también decidirá a qué edad se empezará a impartir.

Por otra parte, la norma también establece que las "carreras relacionadas con la medicina" incluyan la "investigación y formación en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo". Este es uno de los puntos que el PP ha recurrido al considerarlo inconstitucional.

Anticonceptivos

El Gobierno tiene un año para incluir en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud los anticonceptivos de última generación. De esta forma, el Estado financiará un 60% del coste de píldoras, parches o anillos anticonceptivos, como hace con los medicamentos comunes.

La ley también da especial importancia a la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, un plan de actuación dirigido especialmente a jóvenes y adolescentes. Esta estrategia se puso en marcha meses antes de que se aprobara la ley. Una de sus medidas más inno-vadoras ha sido el obligar a que la píldora del día después se venda sin receta en las farmacias, desde septiembre de 2009, para reducir los embarazos entre las adolescentes.

Periodo de reflexión

Para que una mujer pueda abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación que establece la ley, deberán haber transcurrido al menos tres días desde que solicitó la intervención. La norma obliga a las clínicas que hagan abortos a dar un sobre a cada mujer con información sobre las ayudas públicas de apoyo a la maternidad. De esta forma, se establece un periodo de reflexión, como solicitaban los partidos conservadores.

La elaboración del contenido de estos sobres, incluido en uno de los dos reales decretos que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de junio, ha suscitado las críticas de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai).

Estos centros privados, que han realizado el 98% de los abortos en los últimos 25 años, denunciaron el jueves pasado que las autonomías aún no les habían hecho llegar los sobres para dárselos a las mujeres. El secretario general de Sanidad, insistió el sábado a Público que entregó esta información a las autonomías "hace tres semanas". Gobiernos regionales como el madrileño y el valenciano aseguraron el viernes pasado que estaban ultimando la preparación.

Servicio público

El aborto es una prestación más de la sanidad pública. Hasta ahora, cada autonomía asumía un porcentaje distinto del coste de la intervención, en hospitales públicos o clínicas privadas. Hasta el momento, sólo Catalunya ha avanzado cuál será el sistema que empleará: la red pública hará los abortos a partir de enero. Hasta entonces, funcionará con una red de centros concertados.

Además, cada autonomía deberá prestar el servicio dentro de su territorio. Navarra ha anunciado su negativa a hacerlo, aunque su Parlamento tramita una ley para garantizar la prestación. Hasta ahora, ha derivado a todas las mujeres a abortar en otras autonomías. La ley establece que esto sólo se podrá hacer en situaciones "excepcionales". José Martínez Olmos recuerda que el incumplimiento de la norma "tendría consecuencias jurídicas". Por su parte, Isabel Martínez espera que "las autonomías sean responsables". Si no, recuerda que el Estado tiene capacidad sancionadora.

Plazos y supuestos

Veinticinco años después de que se despenalizara el aborto en tres supuestos (por enfermedad muy grave de la madre, por problemas graves de salud del feto o por violación), las mujeres españolas pueden abortar libremente hasta las primeras 14 semanas de gestación. Desde entonces y hasta las 22 semanas, se podrá abortar cuando seguir con el proceso suponga "un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" y si existe "riesgo de graves anomalías en el feto". En ambos casos, un especialista deberá constatar que así es para poder llevara cabo la intervención.

Pasadas las 22 semanas, se podrá abortar cuando se detecten "anomalías fetales incompatibles con la vida" o el feto tenga "una enfermedad extremadamente grave e incurable". En este caso, lo deberá confirmar un comité clínico. El PP recurrió estos puntos, al considerar que no respetan los derechos del "no nacido".

Comité clínico

Cada autonomía deberá contar al menos con un comité clínico. Se trata de un órgano formado por dos especialistas en ginecología o diagnóstico prenatal y un pediatra, que tendrán diez días para constatar que el feto sufre una "enfermedad incurable", determinante para permitir un aborto más allá de las 22 semanas de gestación.

Menores

Las chicas de 16 y 17 años decidirán sobre su embarazo, aunque tendrán que informar a sus padres. Para que conste que así lo han hecho, deberán ir a abortar acompañadas de un tutor. Si la joven alega que informar al padre le supone un conflicto grave, deberá firmar su aseveración ante el médico. El sanitario podrá solicitar a un psicólogo o a un trabajador social un informe que verifique la versión de la chica.