Red Eléctrica de España (REE) mantiene una operación reforzada para controlar la tensión desde el apagón del 28 de abril de 2025. Este mecanismo busca asegurar que no vuelva a suceder una crisis de electricidad como la vivida entonces, cuando la península ibérica se quedó sin luz durante horas. Sin embargo, este refuerzo tiene un coste. Datos de REE ponen de relieve que la programación reforzada ha supuesto 516 millones de euros, un 2,18% de los costes totales del sistema eléctrico. En consonancia, las empresas reportan beneficios millonarios.

Desde mayo la red trabaja con el Procedimiento de Operación (PO) 7.4 activado. Este establece que "los sujetos del sistema eléctrico español prestarán el servicio complementario de control de la tensión de la red de transporte", tal y como recoge la resolución del año 2000 que aprobó la Secretaría de Estado de Industria y Energía. "Consiste en despachar más centrales capaces de responder a las necesidades dinámicas de regulación de tensión", aclaran a Público fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Dichas centrales son "normalmente ciclos combinados de gas", añaden.

"La operación reforzada mantiene como generación base los ciclos combinados", explica también Ismael Morales, responsable de Políticas Climáticas de Fundación Renovables. "Esto aporta estabilidad, pero también obliga a recortar la generación renovable", apunta. Esto se debe a que la inercia es lo que normalmente aporta estabilidad a la red. Las fuentes tradicionales de energía utilizan turbinas rotatorias, que al ser muy pesadas, son las que proporcionan dicha inercia.

Beneficios para las empresas

Morales también destaca que "el gas es mucho más caro que las renovables". Esto redunda en un aumento de los ingresos para las compañías propietarias de los ciclos combinados porque han aumentado la proporción de electricidad que estos generaban. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, cifró en alrededor de 1.100 millones de euros el incremento del coste de los servicios complementarios asociados a la operación reforzada. Hizo estas declaraciones el pasado 12 de febrero ante la comisión del Senado que investiga el corte de luz. También aseveró que esta "es la forma segura o normal de operar", según recoge EFE.

Público ha contactado con Endesa, pero ha preferido delegar las respuestas en Aelec, patronal de las firmas eléctricas. Esta ha contestado que "en cuanto al coste para el conjunto del sistema eléctrico, se han publicado cifras que oscilan entre los 516 y hasta 1.100 millones en 2025". Sobre posibles mecanismos para paliar el coste de las facturas, la representante sectorial apunta que "las medidas regulatorias destinadas a mitigar el impacto de los costes energéticos en la factura de los consumidores son competencia del MITECO".

Desde el MITECO recalcan que "la operación reforzada representa un coste pequeño en comparación con otros elementos de la factura final". En este sentido, subrayan: "Los precios de los consumidores no han subido, de hecho, son más bajos que el año pasado y la tendencia es descendente, gracias a la apuesta del Gobierno por las energías renovables, más competitivas y económicas".

En la misma línea, informaciones de Efe apuntan que los clientes domésticos tienen normalmente el 100% de su precio fijo, por lo que a ellos no se les repercute el sobrecoste de la operación reforzada. No obstante, Ismael Morales diferencia entre los clientes domésticos y los comerciales. El investigador de la Fundación Renovables muestra su preocupación por el encarecimiento de los costes en los sectores empresariales e industriales. "Hasta que no eliminemos este mecanismo, los precios seguirán siendo altos", advierte.

¿Hasta cuándo seguirá activa la operación reforzada?

"La operación reforzada del sistema depende exclusivamente del operador del sistema, Red Eléctrica, responsable de la gestión del sistema, y se aplicará hasta que lo considere", indican fuentes del MITECO, que coinciden con las declaraciones de Aelec: "La definición de la duración de esta operativa y su planificación temporal corresponde igualmente al operador del sistema". La presidenta de REE, Beatriz Corredor, informó hace unas semanas de que el P.O. 7.4 continuará activo hasta que haya una garantía del cumplimiento de las tareas para el equilibrio de la tensión.

Durante una rueda de prensa online, subrayó que la operación reforzada se puso en marcha por una "falta de fiabilidad" de que los agentes llevaran a cabo las actuaciones requeridas ante posibles oscilaciones en la red eléctrica –las cuales son habituales y naturales, pero deben ser gestionadas–. Por esta razón, insistió en que mientras no se tomen las medidas necesarias, debe mantenerse.

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Corredor se refirió de este modo a la actuación insuficiente de las empresas para regular la tensión, tal y como recogen los informes del Gobierno y REE. De acuerdo con dichas investigaciones, las centrales que habían sido programadas para el control de la tensión, así como otras instalaciones que también estaban disponibles para ello, no la estaban regulando según lo previsto por la normativa.

La responsabilidad del apagón como telón de fondo

La titular del MITECO, Sara Aagesen, subrayó el pasado mes de junio durante la presentación del estudio gubernamental que estas empresas "no absorbieron toda la reactiva que se esperaba en un contexto de elevadas tensiones, por lo cual, según el operador, tampoco contribuyeron en ese contexto tan importante a controlar tensión". Por el contrario, el informe de expertos que Aelec presentó también en junio del 2025 señalaba que la causa "principal" del cero eléctrico fue "un fallo grave del control de tensión" al no disponer el sistema de suficientes plantas por la "falta de programación" realizada por REE.   

La presidenta de Red Eléctrica insistió hace unas semanas en que el apagón fue un fenómeno multifactorial e insistió en que REE actuó dentro de la normativa. En la comisión de investigación del Senado, José Bogas aseveró que la crisis de electricidad fue "consecuencia directa" de las políticas del Ejecutivo, de una "mala programación de Red Eléctrica" para ese día y de un "despliegue desordenado y sin control de renovables" sin que se actualizaran los controles.

Esta dialéctica entre las empresas y Red Eléctrica, que justifican la operación reforzada, caracteriza el contexto de las investigaciones que buscan dilucidar qué pasó en el apagón, pero también repartir responsabilidades. Iberdrola llegó a calificar la actuación de REE como "temeraria y negligente" y recalcó que la actuación de su personal y de sus activos de generación fue "intachable". La compañía también pidió al Tribunal Supremo anular la investigación del Gobierno sobre el apagón, tal y como reveló Público.

Estas informaciones salieron a la luz después de dar a conocer que la megaplanta fotovoltaica Núñez de Balboa, situada en Badajoz y perteneciente a Iberdrola, fue donde tuvo lugar la oscilación atípica que originó una reacción en cadena que a la postre condujo al cero eléctrico en toda la península. Sin embargo, las razones que causaron esta oscilación continúan siendo un misterio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene pendiente su propio informe, con el cual pretende esclarecer muchas de las incógnitas todavía pendientes sobre el apagón.