Los durísimos golpes sufridos por las redes de pornografía infantil en los últimos años ha hecho que los pederastas sean cada vez más cautos a la hora de intercambiar material en la red, lo que ha obligado a la policía a empezar a utilizar agentes encubiertos en sus investigaciones en Internet.

Esta es una de las conclusiones del II Congreso Nacional de Policías Tecnológicas que se ha celebrado esta semana en Madrid y ha congregado a agentes dedicados a la lucha contra el cibercrimen de la Policía, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza.

Los consumidores de pornografía infantil están emigrando desde las redes P2P, como e-Mule o Kazaa, hacia foros restringidos en los que ganarse su confianza es, en la mayoría de las ocasiones, el único camino para localizar y detener a quienes producen y distribuyen el material pornográfico.

Pese a esta nueva estrategia, la ley impide que los agentes encubiertos puedan distribuir ellos mismos vídeos o fotos de contenido pedófilo para intentar congraciarse con sus interlocutores, aunque sí les permite intercambiar material simulado que en realidad está protagonizado por actores porno mayores de edad.

"No creo que ningún juez acepte que enviemos pornografía infantil auténtica", reconoce Luis García, inspector de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía (BIT), quien considera que, por encima de todo, incluso de la investigación criminal, está la protección de la infancia.

Es tal el volumen de vídeos y fotografías que cada día circulan por las redes de intercambio de archivos -la mayoría material sobradamente conocido- que los investigadores se están centrando ahora en la persecución de los autores de nuevos vídeos y fotos y en la identificación de los menores víctimas de los abusos.

Una labor de investigación que puede llevar meses ya que, en algunas de las operaciones, se ha llegado a intervenir 2.000 discos duros con millones de vídeos e imágenes que es necesario revisar una a una.

Para ayudar en esta tarea, Interpol cuenta con una potente base de datos con la que se puede poner nombre a los rostros de casi la mitad de los niños que aparecen en los vídeos más difundidos en Internet.

De forma paralela, las Fuerzas de Seguridad del Estado están poniendo a punto una nueva aplicación informática conjunta para evitar duplicidades e intercambiar información sobre pederastas, investigaciones en marcha o menores víctimas de abusos.

En este foro de policías tecnológicas, los expertos han apostado también por modificaciones legislativas que hagan posible escanear el ordenador de un sospechoso antes de adoptar medidas más "duras" y costosas como el registro domiciliario.

A día de hoy, los investigadores rastrean la red a la búsqueda de los internautas que disponen de tres o más archivos de pornografía infantil con nombres explícitos, para cribar las descargas no intencionadas, o a aquellas personas que buscando sexo sin más, han encontrado material pedófilo de forma involuntaria.

Muchos de los detenidos alegan en su defensa que su ordenador está infectado por un troyano, y que la descarga la hizo una tercera persona utilizando su equipo de forma remota.

En otras ocasiones se disculpan diciendo que no han compartido los vídeos con nadie o que desconocían que estaban en posesión de pornografía infantil.

Para desmontar esas teorías, la policía comprueba siempre la seguridad del ordenador incautado, si tiene virus o troyanos, que su red wireless está encriptada y revisa los archivos de registro del equipo para verificar si se ha visionado el material o se ha puesto el material a disposición de otros usuarios.