Las papeletas electorales con las que se elige a los concejales de los pueblos españoles van a tener que llevar, como los paquetes de tabaco, una leyenda bien visible que recuerde a los candidatos que 'ser alcalde puede perjudicar gravemente la salud'. Y no sólo por el riesgo que corren los ediles elegidos de que se les pegue a la mano alguna comisión urbanística y acaben entre rejas acusados de una retahíla de delitos que siempre empieza por el de cohecho.

No, el mayor riesgo es el de terminar ocupando de modo permanente terreno en el cementerio municipal de su localidad. El año 2007, en el que precisamente se celebraron comicios locales, fue especialmente negro para la salud de los ediles españoles. Dos de ellos, Miguel Grima y Alejandro Ponsoda, alcaldes de Fago (Huesca) y Polop (Alicante) respectivamente, ocuparon muy a su pesar espacio en las páginas de sucesos.

Ambos fueron asesinados con unos meses de diferencia. El de Fago, en 12 de enero de 2007. El de Polop, en la madrugada del 20 de octubre de ese mismo año. Ambos se habían presentado en las listas del PP. Y ambos fueron tiroteados cuando iban en sus coches de vuelta a sus domicilios. Sin embargo, cada uno de los casos ha tenido un desarrollo muy diferente. El crimen del alcalde de Fago atrajo la atención de los medios desde el primer momento.

La repercusión mediática de Polop fue mucho menor. En el caso del pueblo oscense, los investigadores tuvieron claro nada más producirse que el móvil se encontraba entre alguna de las múltiples rencillas entre vecinos que convertían esta idílica localidad en cualquier cosa menos idílica, con la mitad de los treinta vecinos enfrentados a la otra mitad. El problema era encontrar cuál de esos odios era el que había apretado el gatillo. En el municipio alicantino, de 4.000 habitantes, los agentes han barajado todos los móviles habidos y por haber, desde una venganza por las decisiones urbanística de la víctima al frente del Ayuntamiento hasta el crimen pasional. Más de cien personas fueron interrogadas en las primeras semanas sin que los agentes pudieran encontrar el hilo correcto del que tirar.

Finalmente, el crimen de Fago tuvo un detenido, Santiago Mainar, el rival político de Grima. Un guarda forestal enfrentado a la víctima que finalmente se derrumbó ante la Guardia Civil y confesó ser el presunto homicida. Luego, en la cárcel, lo ha negado todo, pero ya nadie le librará de sentarse en el banquillo el próximo noviembre.

Por el contrario, la muerte de Ponsoda sigue siendo un caso abierto. No hay detenidos, aunque horas después del tiroteo que acabó con su vida, la Guardia Civil interrogó a un matrimonio de origen vasco-francés que públicamente había amenazado al regidor por expropiarle casi 400 metros de su parcela privada. Pero esta vía se cerró rápidamente. Sigue sin encontrarse el móvil y, sobre todo, hay pocas pistas. Y ello a pesar de que los investigadores, precisamente de la misma unidad que resolvió el de Fago, la UCO, han dado la vuelta como a un calcetín a la vida de la víctima en busca de algo, de ese algo que explica por qué alguien convierte la de alcalde en una profesión de riesgo.