El momento de mayor apuro vivido por el Gobierno de Manuel Chaves en la legislatura cuya última sesión de control al presidente ha tenido lugar esta semana fue precisamente el que, en teoría, tendría que haber sido el de mayor gloria. Tuvo lugar poco después de las ocho de la tarde del 18 de febrero de 2007, tras cerrarse las urnas del referéndum de ratificación del nuevo Estatuto de Andalucía. La celebración prevista en el sevillano Pabellón de la Navegación fue breve, fría y desangelada. Había vencido el sí al Estatuto, pero fue un sí con un fuerte regusto amargo: la abstención rozó el 64 por ciento.

A partir de ese momento, los mayores esfuerzos del presidente Chaves se han encaminado a llenar de contenido  efectivo un Estatuto que, evidentemente, no levanta pasiones entre los andaluces. El momento estelar de esa estrategia tenía lugar unas semanas atrás con el solemne traspaso de las competencias del Guadalquivir a la Junta de Andalucía.

La victoria del PSOE por mayoría absoluta en marzo de 2004 auguraba un mandato sin grandes apuros. Y así ha sido. Los legítimos intentos del PP de formar un bloque heterogéneo pero compacto de oposición con Izquierda Unida y los andalucistas no han llegado a cuajar ni política ni aritméticamente en la Cámara.

Chaves aprovechó la sesión de control parlamentario del pasado miércoles para detallar los éxitos de su quinto mandato: 3,2 millones de ocupados y crecimiento por encima de la media española; 403 centros bilingües de enseñanza; gratuidad de libros de texto para más de 730.000 escolares; chequeo médico anual para los mayores de 65 años; cobertura bucodental infantil. Chaves resumió así su actuación: “Los andaluces viven mejor, tienen mayor poder adquisitivo y más derechos que en 2004”.

Para la oposición, en cambio, la gestión gubernamental está plagada de incumplimientos: los andaluces siguen a la cola de España, el urbanismo es un desastre incontrolado, la financiación autonómica no es equitativa y los escolares andaluces fracasan más que los del resto del país. En esta última cuestión, la oposición tiene buenos motivos para cargarse de razón. El principal de ellos, las demoledoras conclusiones del informe PISA.

Por lo demás, dos de los hechos más comprometidos para el Gobierno de Chaves en este mandato a punto de concluir han sido el caos de urbanismo y corrupción de Marbella y la crisis desatada por el cierre de la multinacional Delphi. En el caso de Delphi, la respuesta política e industrial ha sido efectiva. En el caso de Marbella, la mancha aún persistirá durante largo tiempo sobre la clase política andaluza.