La Audiencia investigará el asesinato de jesuítas en El Salvador

La Audiencia Nacional admitió el martes a trámite una querella presentada contra 14 ex militares salvadoreños por la muerte de seis jesuitas, su ama de llaves y su hija en 1989, aunque rechazó la referida al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani por el supuesto intento de encubrimiento de los asesinatos.

cinco de los cuales eran españoles - es una de las más conocidas en la sangrienta guerra del país entre 1980 y 1992.

"En lo que hace referencia a la imputación contra (...) Alfredo Cristiani, no ha lugar a su admisión, sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen, porque además de carecer de base indiciaria suficiente, no se le ha imputado participación en crímenes terroristas o de otra naturaleza de persecución universal, sino un supuesto delito de encubrimiento, por el que (...) tiene su persecución excluida", dijo el juez Eloy Velasco en un auto.

Entre los militares imputados está el entonces ministro de Defensa, el general Rafael Humberto, así como el ex comandante de las Fuerzas Aéreas, el general Juan Rafael Bustillo.

La justicia española, con el argumento de que los crímenes contra la humanidad pueden ser perseguidos en cualquier parte, ha abierto en los últimos años importantes casos contra acusados de delitos contra los derechos que escaparon a la acción de la justicia en su país, incluido el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que evitó por poco la extradición a España en 2000.

Los asesinatos de los jesuitas, al igual que la muerte del arzobispo Óscar Romero y la violación y asesinato de un grupo de monjas estadounidenses en 1980, atrajeron la atención internacional y supusieron una gran presión para el Gobierno salvadoreño.

La guerra acabó en 1992. Después de una investigación criminal, dos oficiales fueron condenados por las muertes de los jesuitas y encarcelados, aunque fueron liberados poco después por la Ley de Amnistía aprobada en 1993 que salvaguarda a los antiguos participantes en el conflicto salvadoreño.

COMISIÓN ROGATORIA A EL SALVADOR

La demanda había sido presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y por el Center for Justice and Accountability, aunque el magistrado de la Audiencia señaló que no había recibido la documentación requerida a este último grupo para ratificar la querella.

Entre otras diligencias, el juez Velasco solicitó en el auto hecho público el martes la declaración como testigos del juez y los fiscales asignados al caso cuando fue investigado en El Salvador, así como del entonces fiscal general.

El magistrado pidió además de expedir con carácter urgente una comisión rogatoria a las autoridades competentes de El Salvador para tener el "testimonio completo" de la actuación judicial.

La querella sostiene que uno de los acusados, el general René Emilio Ponce, ordenó el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría, que había culpado de los males del país a la injusticia social y pedido el final negociado del conflicto.

Ponce ordenó a sus hombres no dejar a ningún testigo con vida, dijo el texto de la querella.

En las primeras horas del 16 de noviembre de 1989, según la Comisión de la Verdad patrocinada por Naciones Unidas, un grupo de soldados entró en el campus de la Universidad Central Americana (UCA) donde Ellacuría trabajaba como rector y se dirigieron al centro pastoral.

Una vez allí, ordenaron a Ellacuría y a otros cinco sacerdotes jesuitas tumbarse boca abajo en el suelo para dispararles acto seguido. También mataron al ama de llaves de los curas y a su hija de 13 años.

Después, los soldados dejaron una nota atribuyendo el ataque a las guerrillas izquierdistas del FMLN.