La Audiencia Nacional ha dirigido hoy una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los ministros de Justicia e Interior, en la que traslada su preocupación por la seguridad en que quedarán los jueces y fiscales de esta sede judicial desde mañana, miércoles, cuando les sean retirados los coches policiales y escoltas que hasta ahora tenían asignados todos ellos. El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ya ha contestado que comparte los criterios empleados por Interior para reducir escoltas en el ámbito político, social, o de la judicatura, ya que se han seguido criterios profesionales.

En la misiva, firmada por el presidente y el fiscal jefe de la Audiencia, Angel Juanes y Javier Zaragoza, respectivamente, recuerdan a los destinatarios del Gobierno que trabajan en un órgano especializado en la lucha contra el terrorismo, corrupción y crimen organizado, por lo que reclaman que se sopese la situación en que esta medida deja a la Audiencia desde el punto de vista de la seguridad. Sin embarga, fuentes de la Audiencia aseguran que en la carta no se pide expresamente que se reconsidere la decisión y no se eliminen los escoltas, y además todo se plantea con "espíritu constructivo" y reconociendo la situación de crisis económica que, junto a la ausencia de atentados a ETA, ha obligado a adoptar este recorte de escoltas.

La medida no iba a afectar a Juanes, Zaragoza, el juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, y el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Fernando Grande-Marlaska, pero este último anunció este mediodía que también renuncia tanto a sus escoltas como al coche policial que tiene asignados para sus traslados, al considerar que su situación es la misma que la de sus compañeros. Así se lo ha manifestado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una carta en la que sí solicita un coche del Parque Móvil para sus desplazamientos.

El malestar generado por la decisión ha sido recibido de forma muy distinta por no pocos funcionarios de la sede judicial. Uno de ellos recordaba que, una vez que se retiraron escoltas a parlamentarios y altos cargos del País Vasco, no tiene mucha razón quejarse por la eliminación referida a jueces y fiscales aunque sean de la Audiencia. La medida no afecta sólo a la Audiencia Nacional, sino también al Tribunal Constitucional, el Supremo o el Consejo General del Poder Judicial Asimismo, otras fuentes señalan que la verdadera preocupación de no pocos jueces y fiscales de la Audiencia es la retirada del coche oficial y no tanto la escolta, lo que restaría fuerte a su protesta. Interior ha reducido el número de personas escoltadas de 613 a 333, dedicando a ello 720 policías en vez de los 1.308 agentes actuales. Los efectivos sobrantes se dedicarán a seguridad ciudadana.