La sección primera de la Audiencia Provincial de Palma acoge hoy la vista sobre el recurso de apelación que defiende que no se ajusta a la Ley que el patrimonio del ex presidente balear Jaume Matas se investigue dentro del "caso Palma Arena" que instruye el juez José Castro.

Este recurso de apelación ha sido interpuesto por Gregorio San José, abogado de Josefa Lorca -propietaria de la tienda en la que Matas compró los televisores de plasma para su vivienda de Palma-, quien considera que debe ser otro juzgado, y no el que dirige Castro, el que investigue el patrimonio del ex presidente de Baleares.

A su juicio, existe un error de forma en cómo se determinó que Castro debía ocuparse de la cuestión del incremento patrimonial del ex dirigente del PP.

El patrimonio de Matas, así como las obras de reforma de su vivienda en la calle San Feliu de Palma, dio lugar a la apertura de unas diligencias informativas por parte de la Fiscalía que, según San José, fueron paralizadas al no haber podido hallar indicios suficientes para seguir la investigación.

San José presentó el pasado diciembre un incidente de nulidad de actuaciones por falta de competencia objetiva del juez Castro, quien asumió la instrucción del patrimonio dentro del "caso Palma Arena" después de que la Fiscalía General del Estado no le concediera más tiempo a los fiscales Anticorrupción para investigarlo.

En él solicitaba que se declarase la nulidad de tres providencias dictadas por Castro en septiembre de 2009 referentes a la incorporación del patrimonio de Jaume Matas a la causa del "Palma Arena", que investiga una presunta corrupción en la construcción del velódromo palmesano.

Asimismo, San José pidió entonces que se excluyeran y se expulsaran del sumario del caso las diligencias informativas sobre el patrimonio de Matas y que la instrucción del "caso Palma Arena" volviera a la situación anterior a la incorporación de dicha investigación.

El juez Castro rechazó este escrito de nulidad alegando que la investigación patrimonial abierta sobre Matas tiene "inevitables" conexiones existentes con los hechos derivados de la construcción del velódromo, una infraestructura que costó más del doble de lo presupuestado hasta 110 millones.

Castro afirma en su respuesta a la petición de San José que un juzgado de instrucción es competente para instruir las causas por delitos cometidos en su partido judicial y que aceptar su incompetencia sería "dar por bueno" que un incremento patrimonial como el de Matas, "aparentemente desmesurado", nunca debería ser investigado.

Pero San José sostiene en el recurso de apelación que se analiza hoy en la Audiencia y al que ha tenido acceso Efe que no hay la "más mínima motivación que justifique" cuál es la supuesta conexión entre la investigación de la construcción del velódromo y la actuación de Josefa Lorca.

Lorca, insiste San José en el recurso, está imputada como administradora de una entidad mercantil dedicada a la comercialización de electrodomésticos y aparatos de televisión "que resulta evidente que no son bienes destinados al uso en una instalación deportiva como el velódromo Palma Arena".

El recurso defiende que las diligencias sobre el patrimonio de Matas carecen de indicios suficientes como para que el Ministerio Fiscal interpusiera una querella y, puntualiza que, aunque ésta hubiera sido interpuesta, tendría que haberla asumida el juzgado de turno que le tocase, no necesariamente el de instrucción número 3.