Hasta 17 meses de espera para recibir las ayudas que establece la Ley de Dependencia; 252.000 personas pendientes de percibir unas prestaciones ya aprobadas por la Administración, y un riesgo real de que este año suponga el "taponamiento del sistema" si continúa la tardanza administrativa en resolver los expedientes. Estas son algunas de las conclusiones de un informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales a partir de los últimos datos oficiales aportados por las autonomías al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

El documento alerta de la millonaria deuda acumulada debido a la retroactividad que suponen estas ayudas. Sólo por estos atrasos, el informe cifra en 800 millones de euros la cantidad de dinero que se debe a las personas condependencia.

Este documento llega apenas dos semanas después de que el Gobierno anunciara que eliminará la retroactividad de las ayudas para ahorrar 624 millones de euros en los próximos tres años, dentro del estricto plan de ajuste elaborado por el Ejecutivo.

Este recorte afectará a quienes pidan la ayuda económica por dependencia después de la entrada en vigor del Real Decreto que lo regula. Así, sólo si las autonomías tardan más de medio año en resolver un expediente, pagarán el importe atrasado desde el día que sobrepase ese periodo. Hasta ahora, la retroactividad se aplicaba desde la fecha de solicitud de la ayuda.

Por otra parte, las comunidades autónomas podrán pagar el dinero atrasado hasta ahora en pagos fraccionados, con un límite de cinco años.

Los autores del informe denuncian que ni esta eliminación de la retroactividad para los nuevos expedientes, ni los compromisos de resolver los expedientesen seis meses, mejorarán la gestión del sistema. Y añaden: "Las comunidades que incumplen sistemáticamente los plazos marcados por las leyes seguirán haciéndolo (conla alegría de que durante medioaño no generarán deuda)".

Según este análisis, Canarias y la Comunitat Valenciana son las regiones que "ostentan el triste récord de la desatención", respecto a personas que, con el grado y nivel suficientes para ostentar el derecho a ser atendidos, siguen a la espera del PIA.

También esperan más que la media los dependientes de Baleares, Galicia, Madrid, Murcia y Catalunya.

Además de estos "plazos excesivos de espera", el estudio advierte de que "los servicios residenciales han tocado techo" y denuncia que los "servicios de proximidad no se han desarrollado".