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Emilio Botín pasará a la historia judicial como el banquero que consiguió una doctrina jurídica propia: la doctrina Botín, con la que el Supremo cambió en 2007 su criterio de décadas sobre la acción popular y el banquero eludió así ir a juicio.
El banquero cántabro contrató a los mejores despachos de abogados para eludir acciones judiciales que le salpicaron a lo largo de la vida. Nadie consiguió sentarlo en el banquillo, a pesar de que lo intentaron muchos.
Esta capacidad para elegir a despachos de trabajo doctrinal potente, plagados de abogados del Estado en excedencia, unida a su especial trato personal con quien algún día podría tener poder o influir en sus negocios, aunque estuvieran de baja forma, contribuyeron a que nunca fuera juzgado.
Una decisión bancaria le persiguió durante casi 25 años y dio origen a la doctrina Botín del Tribunal Supremo sobre la acusación popular. Es el caso de las cesiones de crédito. Entre 1987 y 1989 su banco comercializó este producto financiero, captó unos 2.600 millones de euros con este producto opaco al fisco y se comprometió a no revelar el nombre de los clientes a Hacienda. Se calcula que el perjuicio patrimonial a las arcas públicas pudo ascender a 84 millones de euros.
En 1996 la Audiencia Nacional aceptó la tesis de la defensa, según la cual una acción popular no podía seguir adelante si no había una acusación particular de alguien directamente perjudicado. El Supremo asumió esa limitación a la acusación popular por nueve votos frente a cinco del Pleno de la Sala de lo Penal celebrado el 17 de diciembre de 2007.
Posteriormente, el Supremo acabó matizando este criterio y permitió una acusación popular en solitario si estaban en perjuicio intereses colectivos.
La acusación popular recurrió al Tribunal Constitucional pero, voilá, retiró el recurso en el último momento: había alcanzado un acuerdo privado con Botín. El despacho Uría y Menéndez negoció el pacto en su nombre.
Para entonces ya había fallecido el principal impulsor de esta acusación popular: Rafael Pérez Escolar, uno de sus principales enemigos, ex consejero de Banesto en la época de Mario Conde. Sus ‘herederos' en la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) eran Antonio Panea e Iván Hernández. Se desconoce la cuantía económica que alcanzó dicho acuerdo, pero la asociación que impulsaba la acción popular fue disuelta.
Emilio Botín sólo se sentó en el banquillo en noviembre de 1996, pero sólo para el planteamiento de las cuestiones previas de este caso. Y no pudo ocultar su molestia ante su mediático recibimiento a su llegada a la Audiencia Nacional.
El banquero no se sentía cómodo en sus comparecencias ante los juzgados y tribunales. Pero sabía cuidar este ámbito, y requería defensas discretas y contundentes.
Botín también se caracterizó por quedar en posición discreta ante los escándalos aunque los protagonizara. Mucho se habla de las preferentes de Bankia, pero poco de los Valores Santander con los que captó 7.000 millones de euros en 13 días de septiembre de 2007. Ocurrió dos meses antes de que su caso de las cesiones de crédito fuera resuelto por el Supremo y afectó a 129.000 clientes.
Este producto financiero complejo fue colocado a muchos clientes particulares, en especial a jubilados, cuando ya se veía los dientes a la gran crisis económica. Muchos han tenido que ceder ante el Santander con quitas elevadas para transformarlos en acciones. Algunos juzgados han condenado al banco a devolver el dinero a quienes se negaron a pactar con el Santander.
El pasado mes de junio, la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella presentada por 33 de los afectados. En este juzgado se están acumulando diversos perjudicados, cuya cifra se aproxima ya al centenar.
La Audiencia Nacional archivó en noviembre de 2012 otra causa contra Emilio Botín y su familia por un presunto fraude fiscal al tener dinero en cuentas de Suiza. El caso fue archivado porque el banquero y once familiares habían regularizado su situación ante Hacienda con el pago de 200 millones de euros en 2010.
La denuncia se presentó cuando apareció el nombre de Emilio Botín y cinco de sus seis hijos en la lista de cuentas helvéticas del HSBC Private Bank. Pero ya habían regularizado su situación.
La familia explicó que era una herencia del padre de Botín, dinero que habría sacado de España cuando estalló la Guerra Civil en 1936.
Emilio Botín siempre tuvo especial cuidado en el trato con los poderosos, aunque estuvieran en baja forma. A las cúpulas del PP y del PSOE las atendía personalmente.
Mariano Rajoy siempre agradecerá que cuando más golpes recibían, allá por 1990 cuando estalló el caso Naseiro, Botín fue el único banquero que les echó una mano. La amistad entre ambos se fraguó entonces. También José Luis Rodríguez Zapatero estaba agradecido a Botín, quien lo alababa en público a pesar de las críticas que recibía. O Alfredo Pérez Rubalcaba...
La clave era el trato humano que les dispensaba: siempre se ponía al teléfono cuando llamaban.
Basta recordar el 'querido Emilio' con el que el juez central de instrucción 5, Baltasar Garzón, se dirigía al banquero por carta para pasar la gorra y financiarle unos cursos en Estados Unidos.
Aquí también el Tribunal Supremo archivó la querella contra Botín por un delito de cohecho. Era el año 2012. El banquero declaró como testigo.
Otra querella fue por comercializar el fondo inmobiliario del banco a pequeños ahorradores, sin advertirles del riesgo. El banco, con su filial Banif, captó 640 millones de euros en comisiones entre 2003 y 2008.
Esta querella había sido presentada por el abogado Javier Sotos, quien había impulsado la querella por aportar dinero a Garzón y, junto a Antonio Panea, interpuso varias causas contra el Santander.
Fruto de sus relaciones con el poder es el indulto a su consejero delegado Alfredo Sáenz, condenado por un delito de acusación falsa contra cuatro empresarios en su etapa al frente de Banesto, en 1994.
El Gobierno socialista saliente hizo el favor al Gobierno del PP entrante en 2011 e indultó a Sáenz en uno de los últimos consejos de ministros. Pero sus antecedentes quedaron anotados en el Registro de Penados. Y sólo la presión popular evitó la siguiente jugada: reformar la legislación bancaria para que Sáenz siguiera al frente del Santander, ya que prohibe a alguien con antecedentes penales dirigir una entidad financiera.
Otra caso abierto en la Audiencia Nacional en la que compareció como testigo ha sido la instrucción de Bankia, en cuya causa prestó declaración en mayo de 2013.
En plena crisis económica, los grandes banqueros se reunían en La Moncloa con Mariano Rajoy para abordar reformas económicas.
Pero hubo una serie de reuniones convocadas por el ministro de Economía, Luis de Guindos, para tratar la quiebra de Bankia. Participaron Botín (Santander), Isidoro Fainé (La Caixa) y Francisco González (BBVA). Al día siguiente del último encuentro se produjo la dimisión de Rodrigo Rato al frente de Bankia.
https://www.quoners.es/debate/cual-es-tu-valoracion-de-emilio-botin
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