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Banqueros sin alma

Las entidades financieras callan ante el drama de los desahucios pese a la presión social desatada tras el suicidio de Amaia Egaña. Ni Botín ni González han alterado su fin de semana, mientras que Ron advierte al Gobierno de

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Los banqueros habían hecho oídos sordos a las llamadas de socorro y a las protestas de la ciudadanía para evidenciar la existencia de un gravísimo problema. Luego, asistieron impasibles al suicidio de dos personas sobre las que pendía la soga del impago, así como a las duras reacciones de jueces y políticos, hasta el punto de que el presidente del Gobierno se vio obligado ayer a anunciar que este lunes planteará medidas para evitar los desahucios de las familias 'más vulnerables'. 

Ni con ésas. Apenas una tímida reacción: la de Kutxabank, cuyo presidente, Mario Fernández, mostró hoy su cara amable ante el drama de los desalojos de personas que no pueden hacer frente a la hipoteca de su casa. La entidad vasca suspende de manera 'inmediata' todos los procedimientos de ejecución hipotecaria hasta que no se conozca la nueva regulación, cuyo avance podría llegar pasado mañana por boca de Mariano Rajoy, quien aboga por facilitar la renegociación de la deuda y, cuando no sea posible, poder seguir residiendo en la vivienda.

Mientras no llega su promesa de paralizar temporalmente los desahucios, Bankia ha reaccionado con la difusión de cifras un día después de la acción desesperada de Amaia Egaña, la mujer que se tiró desde un cuarto piso ayer en Barakaldo. La entidad asegura que, desde el pasado año, ha aceptado en 4.300 ocasiones la entrega de la casa para saldar la deuda hipotecaria (o sea, la dación en pago) y renegociado 80.000 préstamos con sus clientes.

Una forma de tratar de suavizar la realidad que afecta a muchos miles más de ciudadanos españoles y residentes en nuestro país, que han sido testigos de que solamente tras la presión de las administraciones públicas los bancos han movido ficha.

Por ejemplo, la propia Bankia, mayoritariamente pública, tuvo que alcanzar un acuerdo ayer con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para evitar que se quedara sin casa una vecina que llevaba cinco días en huelga de hambre tras ser desahuciada.

El municipio, claro, había amenazado con retirar del banco un millón y medio de euros. Bankia se comprometió a paralizar tres desahucios y hoy mismo informa de que ha evitado casi 3.000 en las Islas Canarias desde que estalló la crisis, un concepto al que también se aferran las entidades de ahorro recién integradas, Caja Laboral e Ipar Kutxa, para asegurar que en la 'actual situación de crisis' no han activado 'ningún proceso de desahucio traumático a familias'. En un comunicado difundido este sábado, señalan que la primera aplica un 'protocolo interno de mediación' para evitar desalojos, orientando los impagos de las deudas hipotecarias 'mediante procesos basados en el acuerdo, priorizando la renegociación amistosa de la deuda'.

Sin embargo, otros banqueros han torcido el morro ante el anuncio de Rajoy de buscar una salida a las familias que no pueden hacer frente a las letras. El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, ha advertido hoy de que introducir cambios en la ley hipotecaria para paralizar los desahucios podría 'premiar' el impago y añadir 'dificultades' a la recuperación de la economía. Y, empleando un circunloquio demagógico y engañosamente solidario, añadió: 'Lo que se haga, que no perjudique a la inmensa mayoría que paga'.

Los grandes banqueros ni se molestan en pronunciarse. Las principales entidades financieras, Banco Santander y BBVA, callan sobre el drama de los desahucios y sus máximos responsables, Emilio Botín y Francisco González, no han alterado el fin de semana. Como afirmó este último a finales de septiembre, tras sacar pecho por el resultado ante una prueba de solvencia, su entidad 'es la que mejor soporta los entornos complejos'. Aunque para ello, ante la angustia y desesperanza ajena, haya que taparse los ojos, los oídos y, por si las moscas, la boca.

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