Santander y BBVA se han sentido siempre señalados como posibles compradores de la CAM. Por tamaño, solidez, necesidad de crecimiento para mejorar las cifras del negocio en España y la jugosa red de oficinas que ofrece la caja alicantina. La Caixa se ha unido al grupo de interesados. Su consejo de administración decidió ayer dar el primer paso para acudir a la puja por la CAM. Al igual que los dos grandes bancos españoles, la entidad que preside Isidro Fainé ha comunicado al Banco de España su interés por ser actor en la primera fase en la que está estructurada la venta de la CAM. Una terna que podría completarse hoy si las cajas vascas, como así se desprende de las conversaciones que ya han mantenido con la entidad alicantina, deciden dar el paso de estudiar formalmente la operación.

Como determina el cuaderno de venta, esta declaración preliminar de interés posibilita a los interesados conocer las tripas de la entidad, actualmente intervenida por el supervisor, sin la obligación de tener que presentar posteriormente una oferta formal de compra. De hecho, según fuentes conocedoras del proceso, ninguna de las tres entidades tiene totalmente decidido quedarse con la CAM hasta que no conozcan detalladamente el desglose de sus números.

Su morosidad del 19%, casi 12 puntos por encima de la media del sector; su elevada exposición al ladrillo de 12.677 millones, de los que un 61% ya están considerados como morosos o subestándar (en riesgo de serlo a corto plazo), la importante cantidad de vencimientos pendientes (5.000 millones sólo en 2012) y el sobrecoste que supone su tradicional política de altas remuneraciones de pasivo (actualmente comercializa un depósito que llega a ofrecer un 5% de rentabilidad en un tramo del producto) llenan de dudas a los interesados.

Ni siquiera el cambio, que se ha visto obligado a aceptar el Banco de España, de las primeras condiciones del cuaderno de venta, convence a los posibles compradores. "A las entidades que acudan formalmente el lunes [fecha tope de comunicación al supervisor] al proceso, les costará menos que hace una semana adquirir la CAM", aseguran desde el sector. De hecho, en los últimos días, las entidades trasladaron al Banco de España su negativa a asumir el porcentaje de pérdidas que establecía el Esquema de Protección de Activos (EPA), que repercutía para el comprador el 20% de los primeros 2.500 millones de pérdidas, que no hayan sido cubiertos, y el 10% del resto de deterioro que aflorase. Además, las entidades no están dispuestas a entrar en una puja inversa por recomprar los 2.800 millones inyectados ya en ayudas públicas.

Con estas condiciones iniciales, el Estado tendría que haber pagado alrededor de 5.000 millones por deshacerse de la entidad. Una factura que ahora será mayor para los contribuyentes.

Mientras la CAM tendrá que esperar hasta finales de octubre para conocer a su nuevo dueño, los administradores del FROB quieren frenar la sangría de fuga de depósitos que está viviendo la entidad en los últimos meses. De hecho, en apenas un año, los clientes han retirado cerca de 3.000 millones, según consta en la auditoría hecha pública el pasado miércoles. Para evitar esta situación, cada sucursal debe informar diariamente a los servicios centrales de la caja de cualquier fuga de pasivo para que un gestor se ponga en contacto con el cliente para intentar retenerle con mejores condiciones. Una práctica que se ha incrementado en el último mes para evitar consumir más liquidez de los 3.000 millones inyectados tras la intervención.