El Ejecutivo Europeo ha anunciado esta mañana 30 medidas dentro de un plan de lucha contra el fraude y la evasión fiscal. El comisario europeo de Fiscalidad y Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta, ha pedido a los estados miembros que realicen listas negras identificando paraísos fiscales.

Al no existir un consenso sobre la definición de qué es un paraíso fiscal, la Comisión plantea que a través de estos listados se pueda llegar a un marco común y luchar en contra de ellos. Se tendrán en cuenta las definiciones de cada país para poder realizar una descripción comunitaria que será el criterio general que se utilice posteriormente para generar una numeración común de la Unión Europea.

En España, el listado de paraísos fiscales se encuentra en el Real Decreto 1080/91 del 5 de julio en el que se enumeran 48 territorios entre los que se encuentran Gibraltar y Luxemburgo. Sin embargo, en 2003 se llevó a cabo una modificación para que aquellos países que firmasen un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria quedaran fuera de esta numeración, por lo que Andorra y Malta ya no son considerados como paraísos fiscales.

La Comisión plantea que se deje de favorecer en algunos territorios a las empresas extranjeras que gozan de una exención total o de una reducción considerable de los impuestos al no realizar ningún negocio dentro del país que se considera paraíso fiscal. 

La Unión Europea pierde un billón de euros por el fraude y la evasión fiscal El dinero que pierde la Unión Europea con el fraude y la evasión fiscal es un billón de euros, lo que corresponde a "2.000 euros por ciudadano europeo", ha señalado Sementa. Para promover la lucha contra estas prácticas fraudulentas, la Comisión ha anunciado dos recomendaciones a corto plazo, la primera es la lucha contra los paraísos fiscales a través de la creación de las anteriores listas.

En la segunda recomendación, Bruselas plantea estudiar la planificación fiscal agresiva para corregir las "lagunas o tecnicismos" de las que se aprovechan las empresas para no pagar impuestos en algunos países, como ha sucedido en el caso de Starbucks o Amazon en Reino Unido. Para ello, Bruselas urge a los estados miembros a que introduzcan en sus regímenes fiscales una claúsula "anti-abuso" que impida que las multinacionales esquiven tasas o impuestos.

Bruselas también solicita que los países europeos refuercen sus convenios de doble imposición para evitar la tributación total por parte de las empresas. Los convenios de doble imposición son medidas para evitar los supuestos de doble imposición fiscal internacional, es decir, evitar que una empresa declare en dos países. Sin embargo la falta de supervisión de esta herramienta legal puede generar impagos fiscales por parte de las empresas. En España, este tipo de acuerdo está regulado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Además, presenta una nueva norma que permita basar los impuestos en las actividades económicas reales y apartar cualquier transacción artificial que pretenda eludir los pagos. Sobre esta línea, plantea que los países miembro pongan en común sus conocimientos para poder identificar rápidamente los montajes económicos artificiales que pretendan evadir impuestos. 

El comisario europeo de Fiscalidad y Lucha contra el Fraude ha recordado el contexto de crisis actual y cree que las medidas deben tomarse de forma "urgente" ante esta "escandalosa pérdida de dinero". Pide a los estados una posición "fuerte y cohesionada" para lucha contra estas prácticas y poder "tener éxito".