PAGANOS. La mayoría de ellos no sabe qué es un ‘hedge fund' o por qué Wall Street sube y baja. Su terreno es el de la economía real: pagar la hipoteca, pedir un crédito, ayudar a los familiares en paro y llegar a fin de mes sin ahogos. Sin embargo, ahora están en el centro del huracán. 

Después de dos años de crisis, los gobiernos europeos se han visto abocados a cuadrar unas cuentas públicas muy castigadas por los esfuerzos de los gobiernos para reactivar la economía y evitar el colapso financiero. Funcionarios y pensionistas son llamados a "hacer esfuerzos" .

¿COMPRENSIVOS? Hay quien está dispuesto a "echar una mano". Otros están hartos de que los recortes siempre recaigan sobre los mismos. En la mayoría de los casos, hay un mensaje que se repite: ellos no son los culpables de una crisis que han acabado pagando. Y todos reclaman que el esfuerzo se extienda proporcionalmente a los que más tienen.

Trece personas lo cuentan con sus propias palabras...

"Nosotros no somos los culpables de la crisis" José, 51 años. Ocupación: Profesor de instituto. Nómina: 2.000 €/mes.

 

Una idea ronda por la cabeza de José Candalija desde que el Gobierno anunció el plan de ajuste: “Nosotros no hemos provocado la crisis y ahora nos bajan el sueldo”. Este

profesor de instituto, con más de más de veinte años en la docencia, se rebela ante el recorte del gasto social. “Me ha sentado mal, sobre todo porque nosotros no hemos tenido nada que ver con esto y los que lo han hecho no han puesto nada de su bolsillo. Además, nosotros nunca nos beneficiamos de su boom”, dice.

José está convencido de que hay otras formas de afrontar la crisis: acabar con el despilfarro de las administraciones, recortar cargos de confianza y controlar la evasión fiscal son algunas de las medidas que se le vienen a la cabeza. Su nómina y la de su mujer, también funcionaria, les permitirán sobrellevar su reducción de sueldo. “Afortunadamente no tenemos grandes cargas económicas”, asegura. Está decidido a acudir a manifestaciones y huelgas para recordar que otra salida a la crisis es posible: “Siempre que considero justa una causa lo he hecho”. 

"Llego por los pelos a final de mes, ahora iré peor"

Mila, 39 años. Ocupación: Funcionaria de la DG de Tráfico. Sueldo: 1300 €/mes

La Dirección General de Tráfico es su “primer y último” puesto de trabajo “si no nos echan antes”. Y es que Mila desconfía de lo que pueda venir

después de 18 años en el mismo puesto. Eligió la jornada partida de nueve de la mañana a cinco de la tarde para aumentar su sueldo hasta cerca de 1.300 euros. “Antes trabajaba por la mañana y cobraba novecientos y pico euros, así que cambié de jornada para ganar más”, explica. Mila se muestra indignada ante el recorte de sueldo de los funcionarios y recuerda que ya han sufrido varias congelaciones salariales: “Perdimos un poder adquisitivo que nunca recuperamos”.

“Llegamos ya por los pelos a fin de mes, así que ahora imagínate”, señala Mila, que aún está pagando su hipoteca. A su lado, Ana, una compañera de trabajo, explica lo difícil que le resulta pasar el mes con 1.300 euros, una hipoteca y dos hijos pequeños. Las dos están decididas a secundar huelgas y manifestaciones. “Hay que paralizar la Administración, que vean que somos necesarios”, dice nerviosa Mila, que toma como ejemplo las protestas griegas. “Estoy dispuesta a ir a una huelga sangrienta”.

"Sí, pero no quiero perder poder adquisitivo"

Inés, 31 años. Ocupación: Veterinaria del Estado. Sueldo: 1.700€/mes

La cafetería se ha convertido en los últimos días en el lugar donde Inés y sus compañeros debaten sobre el recorte del Gobierno y su rebaja de sueldo. Con 31 años, es veterinaria del Estado, coordina planes de vacunación entre las comunidades autónomas y recoge y envía datos a la Comisión Europea.

Trabaja de lunes a viernes, y le toca desplazarse con cierta frecuencia. A cambio: unos 1.700 euros al mes. “No me parece mal que se recorten los salarios públicos si el día que acabe la crisis nos devuelven el poder adquisitivo perdido”, reflexiona. No obstante, Inés aún noha terminado de perfilar su posición: “Estoy esperando a ver cómo se perfila todo y quéva sucediento”.

“Otros están peor”

La veterinaria dice que notará el recorte de sueldo, pero también es consciente de que podrá hacer frente a la situación sin grandes problemas. Su hipoteca es baja y, eso sí, se hace cargo de los gastos que genera su hijo pequeño.“Desde luego no me va a suponer lo que a otra gente”, dice. Por eso, Inés está dispuesta a arrimar el hombro si sirve para solucionar la situación.

"La banca y los grandes capitales tienen que contribuir"

Elisa, 83 años. Ocupación: Jubilada. Pensión: 1.000 €/mes

Trabajó en la embajada alemana, también como doncella en una casa particular, aunque casi toda su vida laboral la desarrolló en la hostelería. Fueron en total cuarenta y pico años de trabajo. Ahora, con 83 años, Elisa vive sola en un piso que le dejan sus sobrinos y se mantiene con su pensión de 1.000 euros al mes. “He pasado de todo, pero me he ido arreglando y he vivido aceptablemente, ahora ya, como gasto poquito, no me quejo”, dice.

La congelación de las pensiones no acaba de convencerla, por mucho que se hable tanto de crisis: “Hemos pasado guerras y hambre, siempre ha habido crisis, aunque si ahora falta dinero como dicen tendremos que ayudar”.

Un recorte no sería aceptable

Aunque está dispuesta a poner su granito de arena, Elisa quiere un reparto equitativo de los esfuerzos. “No creo que los que tengan que aportar deban ser los que menos dinero tienen, sino los que más, la banca, los grandes capitales”, asegura. Lo que no aceptaría es que se pase al recorte: “Si me bajaran la pensión ya no me parecería bien, además yo no gano una cantidad alta como para que me quiten mucho”. 

 "Quien pide esta ayudala necesita de verdad"

Fernando, 42 años. Ha solicitado la ayuda a la dependencia

“Decepción”. Es la palabra con la que Fernando define como se siente. Él lleva ya año y medio en trámites para recibir una ayuda que sí le ha sido reconocida, pero de la que aún no ha visto un euro. La eliminación de la retroactividad no le afectará, pero es consciente de qué supone para gente que como él necesita ayuda para ponerse una camisa o ducharse. “Me parece fatal, es el colectivo más vulnerable, es algo que afecta a personas que piden esta ayuda porque de verdad la necesitan”, asegura.

Fernando defiende la necesidad, no sólo de ayudas económicas, sino de servicios. No obstante, explica también la importancia que puede tener ese dinero para las personas que carezcan de grandes recursos económicos: “Con una pensión de 970 euros, como la mía, en absoluto puedes, por ejemplo, permitirte contratar a alguien que te ayude”.

La decepción que siente se deja traslucir cuando habla de todo lo que esperaba de esta ley, que en su opinión se ha quedado en poco. “Ahora esperábamos poder revisarla para mejorarla, pero con esto estamos retrocendiendo en lugar de avanzar”, remata.