El desalojo y posterior demolición del centro social 'okupado' Can Vies, en Sants, ha provocado una oleada de protestas que, desde la noche del lunes, han convertido este barrio barcelonés en escenario de batallas campales, violencia callejera y enfrentamientos entre Mossos d'Esquadra y manifestantes. Los vecinos están en pie de guerra y los disturbios amenazan con enquistarse, especialmente desde que este miércoles se sumaran a las protestas activistas de otras zonas de Barcelona. ¿Fue realmente el desalojo de este centro la mecha que prendió todo? ¿Se podrían haber evitado los enfrentamientos? ¿Cuál es la naturaleza del centro y de los radicales?

Un centro histórico

Para entender este conflicto, es necesario conocer la idiosincrasia de Sants. Además del pequeño comercio, el tejido asociativo constituye una de las señas de identidad más reconocibles del barrio. Y el centro social Can Vies, ocupado a mediados de 1997, representó durante más de 17 años uno de sus símbolos históricos. Su desalojo y posterior demolición, durante la tarde del pasado lunes, fue un ataque frontal al ecosistema del barrio.

El lugar donde se constituyó Can Vies era inicialmente un antiguo almacén propiedad de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) pero, tras su ocupación, cuando ya estaba en desuso, se convirtió en un centro social autogestionado donde se han llevado a cabo todo tipo de actividades sociales y culturales, además de ser sede de movimientos urbanos y directamente la residencia de algunos 'okupas'. Debates sobre política social, proyecciones de documentales o fiestas populares han sido algunas de las acciones que más se han realizado a lo largo de este tiempo, según apuntan algunos de sus integrantes. Todas ellas legitimidadas mayoritariamente, y según las mismas fuentes, por los vecinos. Un local para jóvenes, sin más.

Desde el principio de la ocupación, sin embargo, la TMB abrió una batalla judicial para recuperar la propiedad que, en hasta dos ocasiones, no logró prosperar. No fue hasta que a principios de año el Tribunal Supremo desestimó un recurso de los abogados de los ocupados para frenar un plan urbanístico diseñado con la llegada del AVE a Barcelona y que afectaba a este terreno que se puso fecha a la demolición. Y con la fecha marcada en el calendario, se iniciaron unas negociaciones entre Can Vies y el Ayuntamiento que, tal y como apunta Lluís Rabell, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), entidad que medió en el diálogo, "parecían cerradas hace tan solo 15 días".

Según su versión, el Ayuntamiento habría solicitado una salida voluntaria del colectivo con el compromiso de pedir posteriormente la titularidad del espacio a TMB y devolverlo a los 'okupas'. Pero la desconfianza del propio colectivo en que esta propuesta se llevara a cabo -ayer el Ayuntamiento confirmaba que este terreno iba a convertirse en una zona verde- rompió la negociación y, con la ruptura, se decidió poner en marcha la demolición, un día después de las elecciones europeas.

Las dos partes implicadas, Ayuntamiento y el colectivo de Can Vies, han explicado versiones contradictorias. Jordi Martí, concejal del distrito barcelonés de Sants-Montjuïc (CIU), aseguraba este martes que "nunca hubo voluntad de diálogo", refrendando las palabras del alcalde, un Xavier Trias que reconocía haber tenido "una paciencia infinita en las negociaciones". Por su parte, Pau Guerra, portavoz del colectivo, justificaba esta falta de consenso de la siguiente manera: "Al dejar a los colectivos fuera y sacarlos de Can Vies ya no puede haber diálogo".

Rabell, quien defiende la labor del centro social en todo este tiempo, cree que la demolición ha sido "un error político" porque las revueltas originadas "eran previsibles". Asimismo, lamenta que actualmente la confianza del colectivo con las entidades municipales estén "bajo mínimos" y mantiene que la única manera de haber evitado esto era no desalojando Can Vies. "Se debería haber intentado retomar las negociaciones, desencallarlas, porque ahora la patata caliente la tiene el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, obligados a afrontar un problema de orden público en un escenario de hostilidad perfecto para que grupos violentos actúen con impunidad".

Manifestantes y radicales

El barrio de Sants despertaba esta mañana con olor a plástico quemado. Un olor al que los vecinos parecen haberse acostumbrado tras tres días de protestas, correcalles, disparos de proyectiles y contenedores ardiendo. Pero que, en su mayoría, ya no toleran más, por mucho que estos mismos vecinos aprueben las protestas en contra de la demolición de Can Vies. El carrer de Sants, la vía neurálgica del comercio de la zona, amanecía también con secuelas relevantes. Tiendas y restaurantes apedreados y desperfectos que los pequeños empresarios deberán costear de su propio bolsillo. Además de unos daños públicos cifrados esta mañana por el Ayuntamiento en 155.000 euros.

Sin embargo, el abandono de la violencia se antoja complicado a estas alturas, más cuando la prensa nacional e internacional -en la madrugada de ayer se pudieron ver hasta a periodistas de la televisión pública turca retransmitiendo los altercados en directo- ya han puesto de relieve estos episodios. Esta mañana, además, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, encendía aún más los ánimos advirtiendo que el Govern actuará "con contundencia" contra "los profesionales de la bronca" mientras sigan las protestas.

Lo cierto es que la manifestación de este miércoles, la más concurrida en los tres días de protesta, tuvo tintes pacíficos hasta que unos 30 encapuchados empezaron a lanzar objetos y quemar contáiners delante de la sede del distrito. Fue entonces cuando los Mossos pidieron la disolución de la marcha primero y cargaron contra los manifestantes después.

Pero los radicales que continuaron provocando desperfectos en el material urbano del barrio y lanzando objetos a los furgonetas policiales no son activistas cualquiera. Están organizados, actúan de forma conjunta en grupos de no más de diez personas y gestionan los tiempos a través de chivatazos desde los balcones para evitar las cargas y 'tomar' nuevamente las calles menos vigiladas. De ellos se han desmarcado los ocupantes de Can Vies esta mañana, asegurando que ninguno de los que vivía en el centro está relacionado con los actos violentos.

Los ataques a cadenas de restaurantes y entidades bancarias, unidos a los múltiples mensajes anticapitalistas que promovían a gritos los radicales más resistentes, evidencian también que la naturaleza de los manifestantes no está del todo homogeneizada. Los perfiles de las personas que apuraron los últimos minutos de protesta durante la madrugada de ayer responden a gente joven, algunos menores de edad, y otros extranjeros. Dicho de otro modo: no todos los que están sembrando el caos en Sants viven en el barrio. Los ataques e insultos a los Mossos d'Esquadra y las amenazas e intentos de agresión a los periodistas que peinan estos días la zona también responden a otro patrón, el de los antisistema.

A falta de conocer qué estrategia va a seguir el Ayuntamiento para tratar de apaciguar los ánimos y evitar que en las calles de Sants vuelvan a producirse incidentes que ya han dejado un total de 30 detenidos, se espera que esta semana se retomen algunas negociaciones entre los colectivos afectados y el consejo municipal del distrito. No obstante, una consigna se 'viralizaba' esta mañana a través de las redes sociales: la de que las protestas van a durar 17 días, uno por cada año que Can Vies estuvo activo.