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La Guardia Civil y la Agencia Tributaria cifraron ayer en 500 millones de euros la cuantía del fraude fiscal que la Fiscalía Anticorrupción atribuye al empresario Demetrio Carceller Coll, una de las mayores fortunas de España, de cuya imputación informó ayer Público. El Ministerio del Interior y la Agencia Tributaria informaron ayer de la operación policial, denominada Pinta y centrada en 'un importante empresario que llevaba ya deslocalizado para la Hacienda española más de 15 años, esto es, que simulaba residir fuera de España' para evadir impuestos.
'La investigación ha puesto de manifiesto la utilización de cuentas abiertas en el extranjero a nombre de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales operadas desde un banco establecido en España', según Interior.
La petrolera de la familia, Disa, se desvincula de la imputación
El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, instructor del caso, ha decretado la inmovilización cautelar de participaciones empresariales supuestamente pertenecientes a Carceller, cuya titularidad estaría 'enmascarada detrás de estructuras fiduciarias creadas en territorios off-shore o paraísos fiscales'. El valor estimado de esos paquetes accionariales asciende a los citados 500 millones. Si se confirmaran los hechos investigados, se trataría de uno de los mayores fraudes fiscales cometidos por una única persona en España.
La investigación es el primer resultado tangible del Programa de Deslocalizados de la Agencia Tributaria, concebido hace cerca de un año como un plan específico de Hacienda para rastrear a sospechosos de simular residencias en el extranjero para evadir grandes sumas. El programa se centra en grandes empresarios y profesionales de alto nivel con recursos para crear 'una red complejísima de sociedades pantalla', según fuentes de Hacienda.
Si el caso salpica a Carceller hijo, cesaría como vocal de Gas Natural
Para respetar el secreto de las actuaciones, la nota de Interior y la Agencia Tributaria no cita el nombre de Carceller, octogenario y patriarca de una saga de multimillonarios que hunde sus raíces en los primeros años del franquismo. Su padre, Demetrio Carceller Segura, fue uno de los fundadores de Falange y ministro de Industria y Comercio entre 1940 y 1945. Antes de asumir esa cartera, en 1933, Carceller Segura fundó la petrolera canaria Disa, aprovechando que el archipiélago era entonces la única zona del país excluida del monopolio de petróleos. Disa es hoy la quinta petrolera española.
El pasado martes, el juez Ruz ordenó el registro policial de la sede de Disa en el Paseo de la Habana, en Madrid. Un portavoz de la petrolera indicó ayer a Efe que la investigación de la Audiencia Nacional no implica ni a la compañía energética ni a su máximo representante, Demetrio Carceller Arce, el nieto de la saga, hijo del empresario imputado y responsable de los negocios familiares.
Con menos de 50 años, Carceller Arce es ampliamente conocido en el panorama corporativo español. De hecho, en 2008 ostentó el récord de presencia simultánea en consejos de administración de empresas cotizadas.
De carácter muy reservado, Carceller Arce compagina la presidencia de Disa (que no cotiza) con un sillón en los consejos de Damm (que también preside y de la que su familia tiene un 23%), la Compañía Logística de Hidrocarburos (10%), Sacyr (6%) y Ebro Puleva (8,7%). Carceller Arce también es desde hace tres años consejero de Gas Natural y miembro de su comisión ejecutiva (la más importante), a propuesta de Repsol, accionista de referencia de la gasista. Si las actuaciones contra su padre acaban salpicándole, su salida del consejo será inmediata.
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