El candidato socialista a la Presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, ha exigido hoy que el municipalismo "sea considerado Estado" para dejar de ser "el pariente pobre de la Transición".

Castro, alcalde de Getafe, ha hecho estas manifestaciones en su intervención ante la novena asamblea de la FEMP, donde se ha referido a la desactivación de un artefacto de ETA en Getxo (Vizcaya) y ha lamentado que siga la "barbarie" terrorista, así como la "lacra" de la violencia doméstica.

El candidato socialista hizo un llamamiento al consenso porque el municipalismo "necesita de pocas disidencias", un gran acuerdo que debe trasladarse, a su juicio, a la vivienda.

De esta forma, ha exigido un pacto de Estado sobre vivienda social y de protección para afrontar uno de los problemas más graves que, en su opinión, padecen los ciudadanos, y especialmente, los jóvenes.

El regidor de Getafe ha reivindicado para los municipios los instrumentos necesarios para llevar a cabo la prestación de servicios, el 30 por ciento de ellos "impropios", es decir, competencia de otras administraciones.

"Tenemos que tener instrumentos para poder llevar a cabo nuestra tarea. No queremos ser un problema, queremos ser la solución, porque somos la administración más cercana al ciudadano", ha dicho Pedro Castro.

Su objetivo, ha agregado, es situar al municipalismo "en la primera línea de salida" y hacer de las ciudades "un espacio de libertad, de cohesión social y de solidaridad intergeneracional".

Castro ha considerado necesario que los ayuntamientos puedan sentarse en la misma mesa con el Gobierno central y las comunidades autónomas para definir qué servicios debe prestar cada una de estas administraciones y los recursos económicos para llevarlo a cabo.

"No queremos seguir siendo los pedigüeños", ha insistido el alcalde de Getafe, quien ha aprovechado para resaltar el incremento de los recursos del Estado a los ayuntamientos en los últimos tres años.

Castro quiere que los ayuntamiento se sienten en la misma mesa, y en igualdad de condiciones, con el Gobierno y las comunidades autónomas, a las que ha acusado de haber sido "tremendamente voraces por arriba y por abajo".